Estimados compañeros, me dirijo a todos los audiovisualistas, a los artistas, a los actores, a los músicos, a los intelectuales. A la plataforma audiovisual, a la plataforma ciudadana por la libertad de expresión y creación, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones populares, a las organizaciones juveniles, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones que luchan por la libertad de expresión.
A todos los hermanos de otros pueblos de América latina, y también a los hermanos de otros pueblos que también luchan por su propia libertad, a los documentalistas del mundo, al pueblo mapuche principalmente.
Quiero hablarles y expresarles toda mi gratitud en este momento, en este momento que estoy gozando de una pequeña libertad, una libertad que ha sido ganada gracias a la lucha de nosotros, de ustedes, es una lucha que me ha permitido en este momento estar en mi domicilio con mi familia, es un momento muy doloroso y a la vez muy feliz de poder compartir con ustedes.
La libertad es un valor muy grande, es un valor muy fuerte; yo creo que un país democrático no puede faltar a la libertad, a la libertad de expresión; hacen falta leyes que nos apoyen, que apoyen al artista en su expresión, que no nos limite de poder decir nuestros valores, nuestra cultura, el derecho a expresarse, el derecho a poder construir una sociedad más justa. Es por eso que he sido perseguida, porque he tratado de alguna manera de mostrar este tipo de valor en mis trabajos, y allí es que yo quiero y deseo…y a la vez agradezco a todos ustedes… que levantan este discurso y esta bandera, la bandera de libertad.
Es increíble que en un país democrático en el cual varios y muchos han caído, muchos han sido encarcelados, muchos han sido desterrados, aún no se goce esa libertad de expresión, aún tengamos que estar en cárceles, aún no podamos disfrutar de verdad lo que significa.
Quiero que sepan que los llevo en mi corazón y quiero…envío desde acá, desde mi casa un saludo fuerte, van a pasar algunos meses de lucha todavía que tengo que dar…en los tribunales y también con ustedes compañeros para que pueda gozar de la libertad, de la libertad real, de la misma libertad que gozamos todos pero que vivimos con temor, con un temor a poder decir estoy en libertad y yo pienso esto.
Desde acá les envío un fuerte abrazo y quiero decirles principalmente que hay valores que a los artistas, que a los creadores, a los intelectuales del planeta nos hacen dignos. Y uno de esos es la libertad. Tenemos que hacer que todas estas expresiones…expresiones que nosotros vamos teniendo día a día, vayan haciendo que nuestra vida sea más digna, más justa; para que al final de toda esta historia la dignidad se haga costumbre, en nuestro país, en nuestra tierra latinoamericana.
Un respeto grande y un abrazo a nuestro pueblo mapuche que sufre día a día este mismo problema, a todos los marginados de este país, a todos aquellos que han sido reprimidos y han tenido que emigrar incluso.
Un abrazo fuerte para ustedes que están construyendo –y estoy segura- una sociedad más justa. Gracias compañeros
Elena Varela López
domingo, 17 de agosto de 2008
sábado, 9 de agosto de 2008
Los ojos enrejados de Elena Varela
Domingo 29 de junio de 2008
Por Pedro Lemebel / La Nación Domingo
Elena Varela podría haber sido yo, por eso tal vez me encaminé al acto homenaje por el natalicio de Allende en el Centro Cultural frente a La Moneda. Allí haríamos la intervención. Y, la verdad, era muy coherente relacionar este abuso democrático con los 100 años del natalicio de Allende.
Y aunque pude serlo, yo no fui el creador de la acción, más bien me convocaron unos amigos. Y pensando que en este país eran tan pocos los que reclamaban por la libertad de la cineasta y documetalista Elena Varela, encarcelada desde el 7 de mayo en Rancagua, acusada de ser autora intelectual de delitos poco probados, usando como elementos de prueba el montaje de una bandera del MIR y armas de utilería ocupadas en la filmación de una película. Además, Elena realizaba el documental "Newen mapuche", sobre la actual contingencia del pueblo mapuche, y todo ese material fílmico se lo han incautado como elementos de prueba. Elena filmaba los atropellos a los que a diario es sometido el pueblo mapuche, y quizá fue esto lo más provocador para el juez que ordenó su detención.
Si fuera por eso, muchos estaríamos presos. Elena pudo ser cualquiera de nosotros, varios de los que aún quedamos abogando por los atropellados, perseguidos y humillados de siempre. Elena podría haber sido yo, por eso tal vez me encaminé al acto homenaje por el natalicio de Allende en el Centro Cultural frente a La Moneda. Allí haríamos la intervención. Y, la verdad, era muy coherente relacionar este abuso democrático con los 100 años del natalicio de Allende. Era una forma de repolitizarlo, cargar de sentido ese neutro homenaje con olor a cripta. Era hacerlo respirar de un acto vivo demandante de libertad. No éramos tantos los que nos reunimos en un lugar cercano donde nos repartimos camisetas blancas con la leyenda LIBERTAD A ELENA VARELA. Éramos cerca de veinte escritores, estudiantes, cineastas y amigos relacionados con derechos humanos. Un lote compacto que se vistió con la polera y encima nos cubrimos con otra prenda. Teníamos invitaciones que alguien se consiguió de alguna manera.
Al llegar al Centro Cultural donde sería el evento, me encontré con gente conocida y toda la Concertación en pleno más el Partido Comunista, esta vez invitado con banda de música. Diputados, embajadores, artistas y otras pinturas de la política lucían sus pintas domingueras frotándose en una gran concurrencia que repletaba el salón principal de ese búnker subterráneo. Se parece a un gran estacionamiento con una acústica de tarro, por eso el grupo de cámara que se presentó al comienzo sonaba tan mal, rebotaba en la altura del espacio.
El glorioso himno "Venceremos", en violín y viola, era coreado tímidamente por la audiencia. Nos instalamos alineados en una baranda arriba del escenario. Abajo, el público concerta hervía ansioso, se rumoreaba que tal vez la Presidenta no llegaría. Pero llegó, caminando marcial entre el gentío que le abría paso con aplausos. Ella sabe caminar como Mandataria. No sé bien lo que es eso, pero la vi venir desde lo alto con su traje tornasol amaranto con el saludo colgando de la sonrisa. Al parecer, eso es saberse Presidenta. Cierta altivez empuja su paso seguro y acompasado. Se la veía nerviosa, seguramente se había filtrado que preparábamos algo allá arriba. Demoraba demasiado el comienzo del evento y la familia Allende y los artistas y pintores de la izquierda en el escenario conversaban con aburrimiento. Al fin, después de una hora, comenzó el acto con el discurso de la ministra de Cultura. Y a una seña, en ese preciso momento, nos quitamos los abrigos y quedamos todos en polera, en una larga hilera como un lienzo humano exigiendo la libertad de Elena. Un breve y apagado aplauso nos dio a entender que había molestia. La Presidenta nos dio una rápida ojeada y cambió la cara, después trató de parecer indiferente conversando con Isabel Allende. Éramos como su telón de fondo. Y allí nos quedamos sin movernos. Abajo, en la multitud, el murmullo corría preguntando quién es Elena Varela. Cómo se atreven a interrumpir el homenaje a Allende, decían unos socialistas remasterizados. Desde el fondo, una vieja chica no alcanzaba a leer las poleras y pensaba que era una acción por las ballenas. Sin duda, aunque lo calificaron como una acción pacífica, nuestra presencia provocaba tensión, los guardias con sus celulares nos tenían cercados. Pero no había motivo para desalojarnos. Escuchamos todos los discursos con el pecho erguido con el nombre de Elena Varela. Apareció en todos los canales de televisión. Nadie podía no vernos y preguntarse quién es Elena Varela. Después de esa noche, todos sabían quién era. Eso fue todo, cuando la Presidenta se retiró malhumorada, nos pusimos los abrigos y algunos bajamos a dar cuenta del pisco sour del cóctel. Allende, desde la memoria, nos sonreía con una copa en la mano. LND
Elena Varela, documentalista y presa política
Francisco Gedda*
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo y formalizada por "asociación ilícita par delinquir y de dos robos con violencia". Acusación respaldada, según el fiscal, en una declaración secreta de un testigo también secreto. Durante las primeras 48 horas sufrió apremios ilegítimos como privación de sueño y alimentos. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche sobre el conflicto mapuche con las empresas forestales financiado con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen una intensa agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos en marzo en Collipulli. En mayo fueron detenidos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, documentalistas italianos. Acaban de ser expulsados de Chile por el Ministerio del Interior.
El material de cámara del documental "Newen Mapuche" fue incautado por la Policía. También cintas pertenecientes a otro documental en etapa de investigación: "Sueños del Comandante" que contenían testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume. El fiscal ha declarado, con total desparpajo en dos entrevistas [1], que la policía está revisando e investigando las cintas y filmaciones en busca de "delitos", a pesar de que en ninguna parte del proceso se vinculan los documentales con las supuestas imputaciones a Elena.
La Plataforma Audiovisual de Chile, después de numerosas gestiones, ha conseguido tan sólo que la Ministra de Cultura "exhorte al fiscal la devolución del material documental". El Ministerio del Interior se declara absolutamente inocente y se desentiende del caso.
La documentalista Elena Varela está presa, y se han violado sus derechos ciudadanos más elementales, por pensar distinto al gobierno de Chile y querer expresar audiovisualmente su pensamiento. Es aberrante y vergonzoso para un país, que tiene en su alta memoria, a numerosos cineastas y periodistas que dieron su vida, durante la dictadura, defendiendo estos derechos esenciales.
Elena Varela documentalista, es una presa política del Estado de Chile.
Ante la magnitud de las violaciones, ha reaccionado la sociedad progresista creando una Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación que ha realizado diversas intervenciones públicas de protesta.
La Plataforma Audiovisual de Chile, a través de un grupo de cineastas, presentó un recurso de amparo por Elena Varela, que fue rechazado por votación dividida en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Se alega en estos días en la Corte Suprema. También presentará en conjunto con la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, Reporteros Sin Fronteras y numerosas organizaciones, cineastas, artistas e intelectuales, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la libertad para Elena Varela y la restitución inmediata de sus materiales.
Debemos denunciar ante la comunidad nacional e internacional la demonización de los indígenas mapuche cuando se enfrentan, en defensa de sus derechos, a las políticas del Estado de Chile. Denunciar la detención y los apremios ilegítimos a que fue sometida Elena Varela como un intento de amedrentar a los documentalistas que representan al mundo mapuche. Denunciar la incautación y revisión policial de los registros documentales de "Newen Mapu Che" y "Sueños del Comandante" como una grave violación a la libertad de expresión, al derecho de autor y al secreto profesional que ampara a las fuentes de un trabajo informativo. Denunciar el atropello brutal del deber ético del documentalista de proteger los testimonios de sus protagonistas, donde se atenta incluso, en las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas del ejercicio documental.
Debemos exigir la libertad inmediata de Elena Varela, la presunción de inocencia y un juicio transparente y justo. Exigir también la continuidad de los documentales "Newen Mapuche" y "Sueños del Comandante" y el respeto al derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición absoluta de que sean manipulados, violados en su privacidad y usados como material de investigación o prueba policial.
Es imprescindible un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno de Chile que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados, de la protección de fuentes informativas y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización; que garantice la libertad de expresión y creación propia de las sociedades democráticas y no una, coartada y mutilada, por controles policiales heredados de la dictadura militar.
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[1] Fuente : The Clinic y El Rancagüino
Domingo, 20 de julio de 2008
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo y formalizada por "asociación ilícita par delinquir y de dos robos con violencia". Acusación respaldada, según el fiscal, en una declaración secreta de un testigo también secreto. Durante las primeras 48 horas sufrió apremios ilegítimos como privación de sueño y alimentos. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche sobre el conflicto mapuche con las empresas forestales financiado con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen una intensa agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos en marzo en Collipulli. En mayo fueron detenidos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, documentalistas italianos. Acaban de ser expulsados de Chile por el Ministerio del Interior.
El material de cámara del documental "Newen Mapuche" fue incautado por la Policía. También cintas pertenecientes a otro documental en etapa de investigación: "Sueños del Comandante" que contenían testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume. El fiscal ha declarado, con total desparpajo en dos entrevistas [1], que la policía está revisando e investigando las cintas y filmaciones en busca de "delitos", a pesar de que en ninguna parte del proceso se vinculan los documentales con las supuestas imputaciones a Elena.
La Plataforma Audiovisual de Chile, después de numerosas gestiones, ha conseguido tan sólo que la Ministra de Cultura "exhorte al fiscal la devolución del material documental". El Ministerio del Interior se declara absolutamente inocente y se desentiende del caso.
La documentalista Elena Varela está presa, y se han violado sus derechos ciudadanos más elementales, por pensar distinto al gobierno de Chile y querer expresar audiovisualmente su pensamiento. Es aberrante y vergonzoso para un país, que tiene en su alta memoria, a numerosos cineastas y periodistas que dieron su vida, durante la dictadura, defendiendo estos derechos esenciales.
Elena Varela documentalista, es una presa política del Estado de Chile.
Ante la magnitud de las violaciones, ha reaccionado la sociedad progresista creando una Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación que ha realizado diversas intervenciones públicas de protesta.
La Plataforma Audiovisual de Chile, a través de un grupo de cineastas, presentó un recurso de amparo por Elena Varela, que fue rechazado por votación dividida en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Se alega en estos días en la Corte Suprema. También presentará en conjunto con la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, Reporteros Sin Fronteras y numerosas organizaciones, cineastas, artistas e intelectuales, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la libertad para Elena Varela y la restitución inmediata de sus materiales.
Debemos denunciar ante la comunidad nacional e internacional la demonización de los indígenas mapuche cuando se enfrentan, en defensa de sus derechos, a las políticas del Estado de Chile. Denunciar la detención y los apremios ilegítimos a que fue sometida Elena Varela como un intento de amedrentar a los documentalistas que representan al mundo mapuche. Denunciar la incautación y revisión policial de los registros documentales de "Newen Mapu Che" y "Sueños del Comandante" como una grave violación a la libertad de expresión, al derecho de autor y al secreto profesional que ampara a las fuentes de un trabajo informativo. Denunciar el atropello brutal del deber ético del documentalista de proteger los testimonios de sus protagonistas, donde se atenta incluso, en las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas del ejercicio documental.
Debemos exigir la libertad inmediata de Elena Varela, la presunción de inocencia y un juicio transparente y justo. Exigir también la continuidad de los documentales "Newen Mapuche" y "Sueños del Comandante" y el respeto al derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición absoluta de que sean manipulados, violados en su privacidad y usados como material de investigación o prueba policial.
Es imprescindible un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno de Chile que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados, de la protección de fuentes informativas y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización; que garantice la libertad de expresión y creación propia de las sociedades democráticas y no una, coartada y mutilada, por controles policiales heredados de la dictadura militar.
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[1] Fuente : The Clinic y El Rancagüino
Domingo, 20 de julio de 2008
Elena Varela: diputados citan a director de la ANI y de Investigaciones
por Angélica Meneses (Chile)
sábado, 02 de agosto de 2008
El caso de la documentalista Elena Varela, -detenida en el marco de la investigación de un asalto a manos de ex miristas y en momentos en que trabajaba en el documental “Newen Mapu Che”, acerca de la lucha de recuperación de tierras del pueblo mapuche- llegó a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde el abogado y los padres de la artista presa acusaron abusos en el proceso.
“Se dice que las pruebas están en una carpeta reservada y las entrega un testigo cuyo nombre no se da a conocer. Esto parece más un proceso de Kafka que un caso de la reforma procesal penal”, sentencia el jurista Rubén Jerez.
Los antecedentes del caso y los detalles de la detención relatados en la sesión del miércoles de la Comisión de Derechos Humanos, hicieron que los parlamentarios acordaran citar al director de la ANI y al jefe de la Policía Civil para que expongan sobre el funcionamiento de estos organismos en este proceso.
El diputado Tucapel Jiménez (PPD) dijo que “el caso nos impactó, porque se contaron hechos que uno cree que ya estaban olvidados en el Chile de hoy”, subrayando que “es insólito que esta persona lleve detenida tres meses sin que haya un cargo y nadie sepa por qué fue formalizada y detenida”.
Aseguro que “dentro de nuestras facultades, vamos a hacer todo para que se conozca la verdad y esta persona tenga un debido proceso, como debe tenerlo cualquier chileno”.
Los diputados también acordaron enviar un oficio al fiscal a cargo de la causa, para que responda cuál es el cargo que se sigue contra la documentalista. “Nosotros tenemos limitaciones y no podemos intervenir en otro poder del Estado, pero sí vamos a enviar un oficio para que al menos nos responda por qué está formalizada”.
Elena Varela es compositora y gestora cultural, con formación en cine y periodismo en la Universidad Arcis, licenciada en música y titulada en la Universidad de Chile, fundó la Orquesta Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli y permanece en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua por decisión de la jueza de garantía Andrea Urbina.
En la detención fueron requisados sus documentales, incluidas las filmaciones de “Newen Mapu Che”, trabajo que desarrollaba con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual 2007 de la Región de la Araucanía.
Tucapel Jiménez dijo que la familia y el abogado “hablan de complot para llevar detenida a una persona y requisar el documental que ella estaba haciendo”. Asimismo, dijo que en la sesión el defensor de Varela sostuvo “que hay grabaciones de abusos y hay presentada una acción legal por tortura contra el fiscal e Investigaciones”.
Vamos a enviar un oficio para pedirle al fiscal que lleva la causa que al menos responda por qué está formalizada.
Rubén Jerez sentenció que de hecho “se pensaba que los consejos de guerra, con testigos ocultos, con las pruebas que no se conocían, sin que la gente supiera por qué la detenían, habían pasado hace 30 años, pero en este caso descubrimos que eso tiene una vigencia terrible. Elena Varela lleva presa casi tres meses y hasta hoy no se sabe por qué”.
Para el padre de Elena, Héctor Varela, la detención se relaciona con el trabajo documental sobre el pueblo mapuche. “Gracias a los documentalistas ha salido cómo carabineros se mete a los colegios, interroga a los niños buscando mapuches que trabajen por la recuperación de sus tierras. Toda esa injusticia ella trató de mostrarla. Como ella tenía la oportunidad de entrevistar incluso dirigentes clandestinos mapuches, comenzó a sentirse perseguida por la policía. Había puntos fijos para seguirla y camionetas que la intimidaban”.
* Fuente: La Nacion
sábado, 02 de agosto de 2008
El caso de la documentalista Elena Varela, -detenida en el marco de la investigación de un asalto a manos de ex miristas y en momentos en que trabajaba en el documental “Newen Mapu Che”, acerca de la lucha de recuperación de tierras del pueblo mapuche- llegó a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde el abogado y los padres de la artista presa acusaron abusos en el proceso.
“Se dice que las pruebas están en una carpeta reservada y las entrega un testigo cuyo nombre no se da a conocer. Esto parece más un proceso de Kafka que un caso de la reforma procesal penal”, sentencia el jurista Rubén Jerez.
Los antecedentes del caso y los detalles de la detención relatados en la sesión del miércoles de la Comisión de Derechos Humanos, hicieron que los parlamentarios acordaran citar al director de la ANI y al jefe de la Policía Civil para que expongan sobre el funcionamiento de estos organismos en este proceso.
El diputado Tucapel Jiménez (PPD) dijo que “el caso nos impactó, porque se contaron hechos que uno cree que ya estaban olvidados en el Chile de hoy”, subrayando que “es insólito que esta persona lleve detenida tres meses sin que haya un cargo y nadie sepa por qué fue formalizada y detenida”.
Aseguro que “dentro de nuestras facultades, vamos a hacer todo para que se conozca la verdad y esta persona tenga un debido proceso, como debe tenerlo cualquier chileno”.
Los diputados también acordaron enviar un oficio al fiscal a cargo de la causa, para que responda cuál es el cargo que se sigue contra la documentalista. “Nosotros tenemos limitaciones y no podemos intervenir en otro poder del Estado, pero sí vamos a enviar un oficio para que al menos nos responda por qué está formalizada”.
Elena Varela es compositora y gestora cultural, con formación en cine y periodismo en la Universidad Arcis, licenciada en música y titulada en la Universidad de Chile, fundó la Orquesta Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli y permanece en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua por decisión de la jueza de garantía Andrea Urbina.
En la detención fueron requisados sus documentales, incluidas las filmaciones de “Newen Mapu Che”, trabajo que desarrollaba con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual 2007 de la Región de la Araucanía.
Tucapel Jiménez dijo que la familia y el abogado “hablan de complot para llevar detenida a una persona y requisar el documental que ella estaba haciendo”. Asimismo, dijo que en la sesión el defensor de Varela sostuvo “que hay grabaciones de abusos y hay presentada una acción legal por tortura contra el fiscal e Investigaciones”.
Vamos a enviar un oficio para pedirle al fiscal que lleva la causa que al menos responda por qué está formalizada.
Rubén Jerez sentenció que de hecho “se pensaba que los consejos de guerra, con testigos ocultos, con las pruebas que no se conocían, sin que la gente supiera por qué la detenían, habían pasado hace 30 años, pero en este caso descubrimos que eso tiene una vigencia terrible. Elena Varela lleva presa casi tres meses y hasta hoy no se sabe por qué”.
Para el padre de Elena, Héctor Varela, la detención se relaciona con el trabajo documental sobre el pueblo mapuche. “Gracias a los documentalistas ha salido cómo carabineros se mete a los colegios, interroga a los niños buscando mapuches que trabajen por la recuperación de sus tierras. Toda esa injusticia ella trató de mostrarla. Como ella tenía la oportunidad de entrevistar incluso dirigentes clandestinos mapuches, comenzó a sentirse perseguida por la policía. Había puntos fijos para seguirla y camionetas que la intimidaban”.
* Fuente: La Nacion
PROPONEN MOVILIZACIÓN POR LA LIBERTAD DE ELENA VARELA
Si bien los medios de comunicación tradicionales poco informan de la situación que mantiene en la carcel a la documentalista Elena Varela, los medios independientes han respaldado sistemáticamente todas las actividades que se realicen en favor de su liberación.
En este contexto, la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, invita a una movilización para el próximo miércoles 13 de agosto en el Parque Forestal de Santiago.
Este llamado corresponde a una movilización en Santiago, pero sin duda son muchas las expresiones de apoyo a la documentalista que se pueden realizar desde regiones para reclamar su libertad.
Este llamado surge a raíz de que ha trascendido que el Estado tendría la voluntad de transferir a Elena Varela a Temuco, con el fin de aislarla de su familia, de sus abogados y amigos de la zona centro de Chile, quienes se mueven por su libertad.
Elena Varela fue detenida (el 7 mayo) en el marco de la investigación de un asalto a manos de ex miristas y en momentos en que trabajaba en el documental “Newen Mapu Che”, acerca de la lucha de recuperación de tierras del pueblo mapuche.
Varela es compositora y gestora cultural, con formación en cine y periodismo en la Universidad Arcis, licenciada en música y titulada en la Universidad de Chile, fundó la Orquesta Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli y permanece en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua por decisión de la jueza de garantía Andrea Urbina.
En la detención fueron requisados sus documentales, incluidas las filmaciones de “Newen Mapu Che”, trabajo que desarrollaba con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual 2007 de la Región de la Araucanía.
Solidariza con Varela como una muestra de apoyo a la libertad de expresión.
MANIFIESTO CIUDADANO PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CREACIÓN
Hacemos un llamado a coordinar distintas movilizaciones y acciones en defensa de la cineasta, música y gestora cultural, Elena Varela.
Primero:
Los abajo firmantes exigimos la libertad de la cineasta Elena Varela, y que se respete el derecho a la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario.
No queremos cineastas presos y a los violadores de derechos humanos en las calles.
Segundo:
Exigimos la devolución inmediata de todo el material de trabajo de los proyectos documentales “Newen Mapuche” y “Sueños de comandante”; y que éste no sea ocupado como elemento de investigación policial o prueba jurídica, en contra de aquellos que deben ser resguardados por el derecho al secreto de las fuentes.
Que no se constituya en una prueba más contra el pueblo Mapuche y otros movimientos sociales.
Tercero:
Exigimos que nunca más y en ningún caso, la policía de investigaciones requise materiales a documentalistas, periodistas o creadores con fines de inteligencia.
Un gobierno ciudadano y democrático no puede permitir que se vulneren estos derechos civiles.
Cuarto:
Exigimos que se terminen las detenciones arbitrarias, la intervención de correos electrónicos, de teléfonos celulares y las grabaciones policiales.
Exigimos el respeto a todos los ciudadanos que participan en una protesta social, la criminalización de ésta se contradice con un Estado de Derecho.
Quinto:
Exigimos que se derogue la Ley antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado, heredadas de la dictadura militar.
Que cese de inmediato su aplicación en contra del pueblo mapuche.
Y exigimos que no se utilice la Ley Penal Juvenil para reprimir y amedrentar a los estudiantes secundarios.
Sexto:
Exigimos una prensa independiente, pluralista y crítica, comprometida con la democratización de nuestra sociedad.
No queremos que los medios de comunicación masiva realicen un cerco de desinformación sobre los conflictos sociales, y que sus actores sociales sean invisibilizados o demonizados ante la opinión pública.
¡Unámonos!
Liberar a Elena Varela para que la dignidad se haga costumbre
PLATAFORMA CIUDADANA
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CREACIÓN
ADHIERE
Primero:
Los abajo firmantes exigimos la libertad de la cineasta Elena Varela, y que se respete el derecho a la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario.
No queremos cineastas presos y a los violadores de derechos humanos en las calles.
Segundo:
Exigimos la devolución inmediata de todo el material de trabajo de los proyectos documentales “Newen Mapuche” y “Sueños de comandante”; y que éste no sea ocupado como elemento de investigación policial o prueba jurídica, en contra de aquellos que deben ser resguardados por el derecho al secreto de las fuentes.
Que no se constituya en una prueba más contra el pueblo Mapuche y otros movimientos sociales.
Tercero:
Exigimos que nunca más y en ningún caso, la policía de investigaciones requise materiales a documentalistas, periodistas o creadores con fines de inteligencia.
Un gobierno ciudadano y democrático no puede permitir que se vulneren estos derechos civiles.
Cuarto:
Exigimos que se terminen las detenciones arbitrarias, la intervención de correos electrónicos, de teléfonos celulares y las grabaciones policiales.
Exigimos el respeto a todos los ciudadanos que participan en una protesta social, la criminalización de ésta se contradice con un Estado de Derecho.
Quinto:
Exigimos que se derogue la Ley antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado, heredadas de la dictadura militar.
Que cese de inmediato su aplicación en contra del pueblo mapuche.
Y exigimos que no se utilice la Ley Penal Juvenil para reprimir y amedrentar a los estudiantes secundarios.
Sexto:
Exigimos una prensa independiente, pluralista y crítica, comprometida con la democratización de nuestra sociedad.
No queremos que los medios de comunicación masiva realicen un cerco de desinformación sobre los conflictos sociales, y que sus actores sociales sean invisibilizados o demonizados ante la opinión pública.
¡Unámonos!
Liberar a Elena Varela para que la dignidad se haga costumbre
PLATAFORMA CIUDADANA
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CREACIÓN
ADHIERE
Elena Varela y el crimen de contra-informar
La cineasta y documentalista Elena Varela, está detendida desde el 7 de mayo en la Cárcel de Rancagua, acusada de ‘asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia’; esto ocurrió mientras se encontraba relizando el documental "Newen Mapu Che" acerca del conflicto entre empresas forestales y el pueblo mapuche; fueron confiscados todos sus archivos y equipos.
Por Claudia Acevedo
“Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de ‘asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia’. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado "Newen Mapuche" con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido todos los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual”[1].
Al leer estas noticias, la carta de Elena Varela desde la Cárcel de Rancagua, mensajes de denuncia, recuerdo lo conversado con la Chepa Troncoso. Tal como escribí en esa oportunidad acerca de lo que pude conversar con ella durante sus días de huelga de hambre en el Hospital de Chillán, Patricia y tantas y tantos comuneros mapuche, dirigentas y dirigentes, acusados de “actos terroristas”, no han tenido juicios justos; los montajes, las vejaciones, torturas, prisiones ‘preventivas’ de largos períodos son parte del aparataje que deben soportar y que pretende reafirmar el estigma de mapuche=terrorista.
Todo aquello entonces que tenga que ver con este pueblo, con develar sus luchas y reivindicaciones es peligroso, porque entonces se dejaría al descubierto todo ese andamiaje que estaría amparado en grandes y poderosos grupos económicos (que no significa gran cantidad de personas, sino unas pocas ostentando mucho) a los cuales los resguardarían aparatos de seguridad al puro estilo dictadura militar.
En la memoria tengo esos días en Chillán cuando en las manifestaciones y caminatas por la libertad de la Chepa y de todas/os las/os presas/os mapuche nos seguían personajes (algunos con evidentes disfraces) con comunicadores en sus orejas, que se reemplazaban cada tantas cuadras, probablemente informando (¿a dónde? ¿a quiénes?) acerca de las personas que concurríamos y hacia dónde nos dirigíamos; también recuerdo las intervenciones a los celulares de quienes estaban a cargo del grupo de apoyo.
Por otro lado, escuchaba con espanto lo que me contaba un dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sobre los cotidianos allanamientos por parte de carabineros y militares a las casas de dirigentes mapuche[2] en las comunidades buscando a supuestos “terroristas” armados hasta los dientes, pero que sólo encontraban a mujeres, niñas y niños a los que hasta hoy siguen truncando sus sueños y pisoteando sus vidas; así lo reflejan sus dibujos ¿infantiles?, en donde aparecen los allanamientos, las lacrimógenas, los balazos; que en Lleu Lleu ya no tienen agua, que está todo seco; recuerdo ese lugar plagado de pinos y eucaliptos, que ya les han tomado casi toda el agua que ocupaban para los riegos y el consumo de sus hogares; demás está decir la responsabilidad que recae en las forestales en las plantaciones y talas de estos bosques.
Elena Varela y su equipo se dedicaron varios años a recopilar información desde los mismos mapuche y personas afectadas- que no es dar voz a quienes no la tienen (porque sí la tienen y nunca la han perdido)- dando un foco de atención, con una mirada crítica e investigativa, a aquello que se quiere ocultar, invisibilizar. En específico, los conflictos que se han producido entre forestales y mapuche; empresas que pertenecen a poderosos grupos económicos en Chile, que utilizan este poder, además del político, para expandir riquezas; está claro que mediante estas acciones van desapareciendo pueblos, historia, raíces, culturas, quebrando ejes de energía universales.
Las palabras, las imágenes, relatos de acontecimientos son potencialmente “peligrosos” para quienes no quieren que aquello salga a la luz, se visibilice, se de-vele/re-vele porque entonces ¿se rebelan otras y otros? ¿Qué pasa con ese material, qué hay en esos testimonios, que provoca entonces que ese aparato de seguridad se mueva, intercepte, allane, “confisque”, encarcele, incomunique, amenace? El resto sólo podemos ver un extracto del documental “Newen Mapu Che- La fuerza de la Gente de la Tierra”[3], motivado por el asesinato del joven mapuche Alex Lemún, ocurrido el 2002, y que dentro de cuyos testimonios aparece un joven mapuche obligado, por seguridad propia, a pasar a la clandestinidad.
En Chile está claro que el silenciamiento continúa, más soterrado, pero existe. Las formas de expresión (no así la LIBERTAD de expresión) sigue siendo entonces un privilegio de un@s poc@s, siempre y cuando no osen molestar a los poder(es)osos.
Por Claudia Acevedo
“Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de ‘asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia’. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado "Newen Mapuche" con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido todos los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual”[1].
Al leer estas noticias, la carta de Elena Varela desde la Cárcel de Rancagua, mensajes de denuncia, recuerdo lo conversado con la Chepa Troncoso. Tal como escribí en esa oportunidad acerca de lo que pude conversar con ella durante sus días de huelga de hambre en el Hospital de Chillán, Patricia y tantas y tantos comuneros mapuche, dirigentas y dirigentes, acusados de “actos terroristas”, no han tenido juicios justos; los montajes, las vejaciones, torturas, prisiones ‘preventivas’ de largos períodos son parte del aparataje que deben soportar y que pretende reafirmar el estigma de mapuche=terrorista.
Todo aquello entonces que tenga que ver con este pueblo, con develar sus luchas y reivindicaciones es peligroso, porque entonces se dejaría al descubierto todo ese andamiaje que estaría amparado en grandes y poderosos grupos económicos (que no significa gran cantidad de personas, sino unas pocas ostentando mucho) a los cuales los resguardarían aparatos de seguridad al puro estilo dictadura militar.
En la memoria tengo esos días en Chillán cuando en las manifestaciones y caminatas por la libertad de la Chepa y de todas/os las/os presas/os mapuche nos seguían personajes (algunos con evidentes disfraces) con comunicadores en sus orejas, que se reemplazaban cada tantas cuadras, probablemente informando (¿a dónde? ¿a quiénes?) acerca de las personas que concurríamos y hacia dónde nos dirigíamos; también recuerdo las intervenciones a los celulares de quienes estaban a cargo del grupo de apoyo.
Por otro lado, escuchaba con espanto lo que me contaba un dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sobre los cotidianos allanamientos por parte de carabineros y militares a las casas de dirigentes mapuche[2] en las comunidades buscando a supuestos “terroristas” armados hasta los dientes, pero que sólo encontraban a mujeres, niñas y niños a los que hasta hoy siguen truncando sus sueños y pisoteando sus vidas; así lo reflejan sus dibujos ¿infantiles?, en donde aparecen los allanamientos, las lacrimógenas, los balazos; que en Lleu Lleu ya no tienen agua, que está todo seco; recuerdo ese lugar plagado de pinos y eucaliptos, que ya les han tomado casi toda el agua que ocupaban para los riegos y el consumo de sus hogares; demás está decir la responsabilidad que recae en las forestales en las plantaciones y talas de estos bosques.
Elena Varela y su equipo se dedicaron varios años a recopilar información desde los mismos mapuche y personas afectadas- que no es dar voz a quienes no la tienen (porque sí la tienen y nunca la han perdido)- dando un foco de atención, con una mirada crítica e investigativa, a aquello que se quiere ocultar, invisibilizar. En específico, los conflictos que se han producido entre forestales y mapuche; empresas que pertenecen a poderosos grupos económicos en Chile, que utilizan este poder, además del político, para expandir riquezas; está claro que mediante estas acciones van desapareciendo pueblos, historia, raíces, culturas, quebrando ejes de energía universales.
Las palabras, las imágenes, relatos de acontecimientos son potencialmente “peligrosos” para quienes no quieren que aquello salga a la luz, se visibilice, se de-vele/re-vele porque entonces ¿se rebelan otras y otros? ¿Qué pasa con ese material, qué hay en esos testimonios, que provoca entonces que ese aparato de seguridad se mueva, intercepte, allane, “confisque”, encarcele, incomunique, amenace? El resto sólo podemos ver un extracto del documental “Newen Mapu Che- La fuerza de la Gente de la Tierra”[3], motivado por el asesinato del joven mapuche Alex Lemún, ocurrido el 2002, y que dentro de cuyos testimonios aparece un joven mapuche obligado, por seguridad propia, a pasar a la clandestinidad.
En Chile está claro que el silenciamiento continúa, más soterrado, pero existe. Las formas de expresión (no así la LIBERTAD de expresión) sigue siendo entonces un privilegio de un@s poc@s, siempre y cuando no osen molestar a los poder(es)osos.
INGRID BETANCOURT V/S ELENA VARELA
Escrito por Francisca Araya
sábado, 12 de julio de 2008
Ingrid salió de la selva amazónica fresca como una lechuga. La liberación le vino bien. De inmediato retomó su candidatura a lo que fuera, como si los seis años de rehén hubiesen sido una reponedora siesta. Su entrenamiento político fue más poderoso que el trauma del secuestro, y apenas aparecieron las cámaras, la Betancourt se posicionó de su papel, calculando cada uno de sus gestos: la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. No faltó ni una sola coma del protocolo, desde el best seller hasta la visita al papa, en un rol protagónico que ya se quisiera cualquier político del continente.
En medio de la celebración mundial por su rescate, un paisito del fin del mundo quiso agarrar un pedazo de la torta. La presidenta chilena Michelle Bachelet propuso que Ingrid Betancourt recibiera el Nóbel de la Paz; y el canciller Alejandro Foxley destacó que Chile “se había adelantado a los demás países” al hacer esta propuesta. Curioso gesto, por decir lo menos. Ridículo, siendo un poquito menos moderada. Vejatorio, siendo definitivamente sincera.
¿Qué saben Bachelet, Foxley y Betancourt sobre la Paz?
Betancourt es una víctima, no una heroína; y por mucha compasión que nos pueda provocar, existe un abismo entre los héroes y las víctimas.
Bachelet y Foxley, por su parte, encabezan un gobierno que garantiza la estabilidad nacional, a través de la violación sistemática de los derechos humanos. Un gobierno que criminaliza a las personas que piensan distinto y que no escatima en recursos a la hora de amedrentar a los movimientos sociales.
“A 18 años del término del régimen militar, la violencia policial en Chile en contra de la población civil, con grave violación de sus derechos fundamentales, es una realidad palpable que provoca la indignación de la ciudadanía y pone en peligro las bases de la convivencia democrática”, denuncia un comunicado de Amnistía Internacional publicado el 7 de junio pasado. Los secundarios y los mapuches pueden dar testimonio de estos hechos.
Los escolares, jóvenes que aún no cumplen 18 años, han sido expulsados de sus colegios por participar en política. Durante las manifestaciones, han sido fotografiados por los policías para identificarlos y perseguirlos. Uno de los métodos policiales utilizados para amenazar a los estudiantes, consiste en secuestrar por algunas horas a los dirigentes, golpearlos y abandonarlos en sitios eriazos, lejos de sus hogares. Y los muchachos que asisten a las protestas, se arriesgan a ser golpeados sin razón por la represión desmesurada de carabineros; y a ser detenidos y juzgados con la Ley Penal Juvenil(1) sin la garantía de un debido proceso.
Los mapuches, sobretodo los que viven en la provincia de Arauco, son reprimidos en sus propias casas; los chorros del lanzaaguas y los gases lacrimógenos entran por sus ventanas. Los allanamientos y destrozos de sus bienes por parte de la policía, ocurren todos los meses. Los niños están traumatizados. Muchos han sido interrogados, golpeados e incluso baleados en los operativos policiales. Y sus padres son detenidos y encarcelados sin pruebas y con testigos falsos. El Estado chileno le ha declarado la guerra al pueblo mapuche.
En marzo pasado, dos documentalistas franceses que investigaban el conflicto entre las comunidades mapuches y las empresas forestales en la Provincia de Arauco; fueron detenidos por carabineros y procesados por cargos insignificantes. Estuvieron a punto de ser expulsados del país, pero su embajador logró evitarlo. Tras la frustrada expulsión, regresaron a Traiguén, y una turba de doce personas los acorraló, los golpeó y destruyó sus equipos. Entonces se fueron de Chile, por su propia voluntad. En abril, fue el turno de dos periodistas italianos. La misma historia. Fueron detenidos, procesados y expulsados del país por cargos menores. Y al mes siguiente, el 7 de mayo, fue detenida la documentalista chilena, Elena Varela, por la misma razón: registrar el conflicto mapuche. Solo que a Elena no podían expulsarla, entonces la acusaron de asalto con homicidio y la encarcelaron. La única prueba que tienen en su contra es un testigo anónimo, cuya declaración es reservada; y ni siquiera la defensa tiene acceso a esta información.
El 21 de ese mismo mes, mayo del 2008, Chile comenzó a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y hoy pide el Nóbel de la Paz para la ex candidata a la presidencia de Colombia.
En Chile, al día siguiente de la liberación de Betancourt, la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo en favor de Elena Varela. A Elena la torturaron, la humillaron frente a los alumnos de la Escuela de Panguipulli donde hacía clases de música, le negaron el acceso a la defensa, a un fiscal competente y a un juez imparcial; y le impusieron una medida cautelar desmesurada: seis meses de prisión preventiva. Pero los ministros de la Corte no escucharon estos argumentos, porque mientras los abogados de Elena alegaban, ellos dormían. Y ninguno de estos hechos noticiosos apareció en la prensa porque mientras Elena perdía su oportunidad de un juicio justo; los editores de los grandes medios de comunicación, decidían que la única noticia que se iba a publicar ese día y los siguientes, era la liberación de Ingrid Betancourt.
Varios meses antes de su detención, Elena Varela se encontró con Fernando Léniz en una cena del Club de Amigos de Panguipulli. Fernando Léniz, ex ministro de Economía durante la dictadura de Pinochet, ex presidente de El Mercurio, y ex presidente de la Corporación de la Madera, CORMA, fue el principal impulsor de la industria forestal en Chile. Esa noche, se acercó sigilosamente a la documentalista y le dijo: “Supe que está haciendo un documental sobre el conflicto mapuche. Pues sería conveniente, que usted contara la verdad”.
Elena le hizo caso. Contó la verdad. Y hoy arriesga varios años de cárcel por intentar mostrar una verdad que el Estado quiere esconder. Mientras tanto, la prensa y el gobierno se deleitan con las verdades a medias que hacen noticia fuera de nuestras fronteras. Lejos, muy lejos de nuestra realidad.
(1) Esta ley fue aprobada apresuradamente, un año después de la revolución de los pingüinos, con el fin de evitar nuevas sublevaciones.
sábado, 12 de julio de 2008
Ingrid salió de la selva amazónica fresca como una lechuga. La liberación le vino bien. De inmediato retomó su candidatura a lo que fuera, como si los seis años de rehén hubiesen sido una reponedora siesta. Su entrenamiento político fue más poderoso que el trauma del secuestro, y apenas aparecieron las cámaras, la Betancourt se posicionó de su papel, calculando cada uno de sus gestos: la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. No faltó ni una sola coma del protocolo, desde el best seller hasta la visita al papa, en un rol protagónico que ya se quisiera cualquier político del continente.
En medio de la celebración mundial por su rescate, un paisito del fin del mundo quiso agarrar un pedazo de la torta. La presidenta chilena Michelle Bachelet propuso que Ingrid Betancourt recibiera el Nóbel de la Paz; y el canciller Alejandro Foxley destacó que Chile “se había adelantado a los demás países” al hacer esta propuesta. Curioso gesto, por decir lo menos. Ridículo, siendo un poquito menos moderada. Vejatorio, siendo definitivamente sincera.
¿Qué saben Bachelet, Foxley y Betancourt sobre la Paz?
Betancourt es una víctima, no una heroína; y por mucha compasión que nos pueda provocar, existe un abismo entre los héroes y las víctimas.
Bachelet y Foxley, por su parte, encabezan un gobierno que garantiza la estabilidad nacional, a través de la violación sistemática de los derechos humanos. Un gobierno que criminaliza a las personas que piensan distinto y que no escatima en recursos a la hora de amedrentar a los movimientos sociales.
“A 18 años del término del régimen militar, la violencia policial en Chile en contra de la población civil, con grave violación de sus derechos fundamentales, es una realidad palpable que provoca la indignación de la ciudadanía y pone en peligro las bases de la convivencia democrática”, denuncia un comunicado de Amnistía Internacional publicado el 7 de junio pasado. Los secundarios y los mapuches pueden dar testimonio de estos hechos.
Los escolares, jóvenes que aún no cumplen 18 años, han sido expulsados de sus colegios por participar en política. Durante las manifestaciones, han sido fotografiados por los policías para identificarlos y perseguirlos. Uno de los métodos policiales utilizados para amenazar a los estudiantes, consiste en secuestrar por algunas horas a los dirigentes, golpearlos y abandonarlos en sitios eriazos, lejos de sus hogares. Y los muchachos que asisten a las protestas, se arriesgan a ser golpeados sin razón por la represión desmesurada de carabineros; y a ser detenidos y juzgados con la Ley Penal Juvenil(1) sin la garantía de un debido proceso.
Los mapuches, sobretodo los que viven en la provincia de Arauco, son reprimidos en sus propias casas; los chorros del lanzaaguas y los gases lacrimógenos entran por sus ventanas. Los allanamientos y destrozos de sus bienes por parte de la policía, ocurren todos los meses. Los niños están traumatizados. Muchos han sido interrogados, golpeados e incluso baleados en los operativos policiales. Y sus padres son detenidos y encarcelados sin pruebas y con testigos falsos. El Estado chileno le ha declarado la guerra al pueblo mapuche.
En marzo pasado, dos documentalistas franceses que investigaban el conflicto entre las comunidades mapuches y las empresas forestales en la Provincia de Arauco; fueron detenidos por carabineros y procesados por cargos insignificantes. Estuvieron a punto de ser expulsados del país, pero su embajador logró evitarlo. Tras la frustrada expulsión, regresaron a Traiguén, y una turba de doce personas los acorraló, los golpeó y destruyó sus equipos. Entonces se fueron de Chile, por su propia voluntad. En abril, fue el turno de dos periodistas italianos. La misma historia. Fueron detenidos, procesados y expulsados del país por cargos menores. Y al mes siguiente, el 7 de mayo, fue detenida la documentalista chilena, Elena Varela, por la misma razón: registrar el conflicto mapuche. Solo que a Elena no podían expulsarla, entonces la acusaron de asalto con homicidio y la encarcelaron. La única prueba que tienen en su contra es un testigo anónimo, cuya declaración es reservada; y ni siquiera la defensa tiene acceso a esta información.
El 21 de ese mismo mes, mayo del 2008, Chile comenzó a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y hoy pide el Nóbel de la Paz para la ex candidata a la presidencia de Colombia.
En Chile, al día siguiente de la liberación de Betancourt, la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo en favor de Elena Varela. A Elena la torturaron, la humillaron frente a los alumnos de la Escuela de Panguipulli donde hacía clases de música, le negaron el acceso a la defensa, a un fiscal competente y a un juez imparcial; y le impusieron una medida cautelar desmesurada: seis meses de prisión preventiva. Pero los ministros de la Corte no escucharon estos argumentos, porque mientras los abogados de Elena alegaban, ellos dormían. Y ninguno de estos hechos noticiosos apareció en la prensa porque mientras Elena perdía su oportunidad de un juicio justo; los editores de los grandes medios de comunicación, decidían que la única noticia que se iba a publicar ese día y los siguientes, era la liberación de Ingrid Betancourt.
Varios meses antes de su detención, Elena Varela se encontró con Fernando Léniz en una cena del Club de Amigos de Panguipulli. Fernando Léniz, ex ministro de Economía durante la dictadura de Pinochet, ex presidente de El Mercurio, y ex presidente de la Corporación de la Madera, CORMA, fue el principal impulsor de la industria forestal en Chile. Esa noche, se acercó sigilosamente a la documentalista y le dijo: “Supe que está haciendo un documental sobre el conflicto mapuche. Pues sería conveniente, que usted contara la verdad”.
Elena le hizo caso. Contó la verdad. Y hoy arriesga varios años de cárcel por intentar mostrar una verdad que el Estado quiere esconder. Mientras tanto, la prensa y el gobierno se deleitan con las verdades a medias que hacen noticia fuera de nuestras fronteras. Lejos, muy lejos de nuestra realidad.
(1) Esta ley fue aprobada apresuradamente, un año después de la revolución de los pingüinos, con el fin de evitar nuevas sublevaciones.
junio 2008 Caso Elena Varela- RECURSO DE AMPARO
ILUSTRE CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA
Francisco Gedda Ortiz, Paola Castillo Villagrán, Ignacio Agüero Piwonka, Pablo Insunza Rodríguez, Peter Chaskel Benko, Orlando Lubbert Barra y Jaime Díaz Lavanchy, cineastas y documentalistas , de la Plataforma Audiovisual de Chile, domiciliados, para estos efectos, en calle Pedro Torres Nº 805, Ñuñoa, Santiago, a US. Ilustrísima, respetuosamente decimos:
Que venimos en interponer recurso de amparo, a favor de Elena Marisol Varela López, C.I. 10.159.284-7, actualmente en prisión preventiva, ordenada por el juzgado de garantía, de Rancagua, en causa Rit. 2819-2005.
Nuestra reclamación se basa en la fragilidad del Estado de Derecho. En la existencia de montajes y operaciones comunicacionales que nos recuerdan la época oscura de la Dina, la CNI, Dinacos y el Fiscal Torres.
En efecto, basta que se realice un allanamiento, en donde, la Policía de Investigaciones, expone fusiles de fantasía, frente a la prensa, junto a una bandera del MIR, usados en la filmación de un documental para que se justifiquen graves acusaciones y apremios ilegítimos en contra de una cineasta. Lo anterior, con evidente vulneración del artículo 92, del Código Procesal Penal.
Nos preocupa, además, la incautación del material audiovisual de los documentales “Newen mapu che “ y “ Sueños del Comandante”, de alto valor histórico, cuyo destino y uso es desconocido. Ello deja en total indefensión a los entrevistados en estos materiales, violándose así, el secreto profesional y la protección de fuentes, garantías esenciales para el ejercicio de la libertad de información y expresión asegurada en el artículo 19 Nº 12, de la Constitución.
Los argumentos, que fundamentan esta petición, dicen relación con graves arbitrariedades cometidas, por parte de la juez de garantía, de Rancagua, doña Andrea Paola Urbina Salazar; y por el fiscal, de la misma ciudad, Servando Joaquín Pérez Ojeda, en audiencia, del 08 de Mayo de 2008.
FALTA DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA AUDIENCIA
1.- El tribunal no reveló la identidad del juez que dictó las ordenes de detención en contra los imputados. Ello era relevante dado que no resulta presentable, por razones de imparcialidad, que el mismo juez, que decretó las aprehensiones, sea el que se pronuncie sobre la legalidad de las mismas.
Saber esta información era necesario. Primero para solicitar, en los términos del artículo 75, del Código Procesal Penal, la inhabilitación del juez de garantía implicado.
En segundo lugar, si se hubiera pretendido justificar la presencia de un juez inhabilitado, a pretexto de dar cumplimiento al artículo 70, del Código Procesal Penal, los afectados estaban facultados para solicitar la inaplicabilidad, de dicha norma, por razones de inconstitucionalidad. Es decir, por atentar en contra del derecho a un racional y justo procedimiento, que supone la existencia de un juez imparcial. Se podría haber recurrido, de oficio o a petición de parte, al Tribunal Constitucional, según dispone el artículo 93 de la Constitución.
2.- Impedimento al derecho de expresión a Elena Varela. En la audiencia, al momento de ratificar a su defensora, la juez impide, a Elena, dar cuenta de los vejámenes y torturas a las cuales fue sometida. Tampoco se le permitió, en la formalización, manifestar lo que estimare conveniente en conformidad al artículo 232 del Código Procesal Penal.
3.- La prisión preventiva fue solicitada por el fiscal, y otorgada por la juez, sobre la base de antecedentes que, por resolución administrativa, del ministerio público, son reservados. De esta manera se vulneraron los derechos a la publicidad y a la defensa, a favor de la imputada. De manera palmaria se violaron los artículos 83 de la Constitución; y 9 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de autorización judicial previa para las actuaciones, del fiscal, que puedan afectar los derechos de los imputados.
En consecuencia, no era aceptable que, en estas condiciones, se formalizara y se impusiera, además, la prisión preventiva. Era evidente, que las imputaciones sustentadas sobre la base de antecedentes, declarados en reserva, por la sola voluntad del acusador, producirían, por esa sola circunstancia, la total indefensión de los acusados. Digno de Kafka.
La juez, extrañamente, no tuvo en vista, en protección de los afectados, el mandato del artículo 10, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que, para estos casos, ordena suspender el procedimiento.
FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PRUEBAS
Elena Varela fue acusada públicamente de participar, indirectamente, en hechos graves como son dos asaltos y una asociación ilícita.
Para esos efectos, la Policía de Investigaciones, realizó un montaje, el 7 de mayo de 2008, en la IX Región, con armas de fantasía y una bandera del MIR, destinada a un documental. Lo anterior, reiteramos, con evidente publicidad y en abierta violación a lo expuesto en el artículo 92 del Código Procesal Penal.
Dejando de lado el siniestro espectáculo anterior, las únicas bases, que fundaban las acusaciones, en contra de Elena, se circunscribían a los dichos del fiscal que se apoyaban, a su vez, en supuestas declaraciones, de testigos anónimos, que hasta la fecha se mantienen en reserva.
En consecuencia, el fiscal no tenía los antecedentes necesarios, que de acuerdo al artículo 132, del Código Procesal Penal, se requieren para solicitar una cautelar cualquiera. Menos para pedir la prisión preventiva.
FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN LA MEDIDA CAUTELAR
A Jorge Alejandro Pineda Arriagada, formalizado en la misma audiencia, por robo a mano armada, se le deja en libertad, a petición del fiscal. En cambio a Elena Varela, a quien se le acusó, vagamente, y sobre la base de antecedentes desconocidos, de planificar y de prestar auxilio a los otros imputados, se le sacrifica con una abusiva prisión preventiva. Esta discriminación arbitraria se encuentra expresamente prohibida por el artículo 19 N° 2, inciso segundo, de la Constitución.
ACUSACIONES FUERA DE LA REALIDAD FÍSICA
“DIMENSIÓN DESCONOCIDA”
A Elena Varela se le inculpa de planificar un asalto, de ocultar a los asaltantes y de reclutar gente para delinquir.
En ninguna de estas imputaciones, formuladas por el fiscal, y reiteradas por la juez, se menciona lugar y fecha, como tampoco las circunstancias que las rodearon.
De esta manera se lesiona toda posibilidad de defensa.
En consecuencia, los hechos de la formalización, aceptados por la juez, y que fundamentaron, además, la prisión preventiva, son ajenos a este mundo. Están fuera del tiempo y del espacio. Se encuentran en una dimensión desconocida.
ACUSACIONES FUERA DE LA REALIDAD JURÍDICA
SE IMPUTARON HECHOS - NO DELITOS
El artículo 1, del Código Penal, señala que es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley.
Tanto el fiscal como la juez, que participaron en la audiencia, omitieron mencionar las normas jurídicas que tipifican, penalmente, los hechos que supuestamente se investigaban.
En consecuencia, y hasta el presente, nadie sabe qué ley penal aplicaron, tanto en la formalización, como en la solicitud y pronunciamiento de la prisión preventiva.
Es por ello que la cautelar dirigida a Elena Varela no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 140 y 143 del Código Procesal Penal.
Los artículos anteriores se refieren a delitos tipificados en la legislación penal chilena. En consecuencia, no son relevantes las vagas descripciones, de simples hechos, cuyas ilicitudes, al día de hoy, sólo se encuentran en la esfera mental del fiscal y la juez de garantía.
El principio de legalidad, en materia penal, es un derecho consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Éste se refiere, especialmente, a la exigencia que los hechos punibles sean descritos por normas legales. Sin ley no hay delito.
La omisión, del fiscal o del juez, de mencionar, las disposiciones penales aplicables, no sólo impide la defensa, de los imputados, quienes podrían alegar la derogación o inaplicabilidad de la norma, sino que, además, hace improcedente tanto la formalización como la utilización de cualquier medida cautelar, de tipo personal.
Estas últimas instituciones, para ser aplicadas, requieren que se haga referencia a delitos, es decir, a conductas penadas por la ley. En consecuencia, si no se mencionan preceptos legales, de naturaleza penal, que fundamenten tanto la formalización como las cautelares personales, se vulneran las exigencias que imponen los artículos 5, 140, 155 y 229, del Código Procesal Penal.
TRIBUNAL DE GARANTÍA QUE NO GARANTIZA
De acuerdo a los artículos 10, 93, 97, 136 y 195, del Código Procesal Penal, el juez de garantía tiene como función esencial fiscalizar que un inocente no sea tratado como culpable.
La jueza recurrida no sólo falló, en sus deberes propios, al resolver formalizaciones y cautelares sin mencionar disposición penal alguna. Tampoco garantizó los derechos de la Sra. Elena Varela López. En efecto,
1° No preguntó si se informó, a la detenida, por parte de sus aprehensores, de manera específica y clara, acerca de los hechos que se le imputaron, en conformidad al artículo 135 del Código Procesal Penal.
2° No verificó si la detenida fue asistida por un abogado desde los actos iníciales de la investigación.
3° Si se le respetó su derecho a guardar silencio.
4° Si fue sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
5° Si se le aplicaron métodos prohibidos como los señalados en el artículo 195 del Código Procesal Penal.
Si la jueza hubiera dado la palabra a Elena Varela López se hubiera enterado que fue objeto de torturas como la incomunicación total; el impedimento de comer o beber, durante 24 horas ; amenazas en contra de su integridad y la de su hija menor; su interrogatorio por funcionarios desconocidos ; la exposición a la prensa, esposada y acusada públicamente, por el fiscal y la policía, antes de concurrir a un tribunal; que fue obligada , bajo amenaza, a estampar sus huellas digitales en un registro de procedencia y destino desconocido; que se le prohibió llamar a sus familiares o a un abogado; y que se le tuvo de pie, por más de cuatro horas, en contra de una pared, a fin de conseguir su confesión.
Reiteramos, lo señalado al principio de este recurso. Si SS. Ilustrísimas, escuchan el audio, de la respectiva audiencia, constatarán, para vergüenza del Poder Judicial, que la jueza de garantía no sólo le niega, a Elena Varela, la oportunidad de expresarse , después de la formalización, como lo previene el artículo 232 del Código Procesal Penal, sino que, con posterioridad, se lo impide, groseramente, cuando, al pedirle la anuencia, para aceptar, a su defensora , Elena intenta denunciar los malos tratos a los que fue sometida.
Debemos recordar que, a la defensora de Elena Varela, se le permitió ingresar a la sala, después de transcurrida la mitad de la audiencia, con la condición que no discutiera la legalidad de la detención.
Por último, no deja de llamar la atención que un fiscal de Rancagua investigue y formalice por hechos ocurrido en Loncoche, el año 2004. Pareciera ser que en esta última ciudad no existe Ministerio Público o Tribunales de Garantía.
Por tanto, y en mérito del artículo 21 de la Constitución,
SÍRVASE SS. ILUSTRÍSIMA tener por interpuesto recurso de amparo a favor de Doña Elena Marisol Varela López, a fin se restablezca el imperio del Derecho y se otorgue la debida protección a la afectada.
OTROSÍ: Conferimos patrocinio y poder, en esta causa, a don Rubén Jerez Atenas, abogado habilitado, con domicilio en calle Sótero del Río N° 326, Oficina 605 , Santiago.
Sírvase SS. Ilustrísima tenerlo presente.
Francisco Gedda Ortiz, Paola Castillo Villagrán, Ignacio Agüero Piwonka, Pablo Insunza Rodríguez, Peter Chaskel Benko, Orlando Lubbert Barra y Jaime Díaz Lavanchy, cineastas y documentalistas , de la Plataforma Audiovisual de Chile, domiciliados, para estos efectos, en calle Pedro Torres Nº 805, Ñuñoa, Santiago, a US. Ilustrísima, respetuosamente decimos:
Que venimos en interponer recurso de amparo, a favor de Elena Marisol Varela López, C.I. 10.159.284-7, actualmente en prisión preventiva, ordenada por el juzgado de garantía, de Rancagua, en causa Rit. 2819-2005.
Nuestra reclamación se basa en la fragilidad del Estado de Derecho. En la existencia de montajes y operaciones comunicacionales que nos recuerdan la época oscura de la Dina, la CNI, Dinacos y el Fiscal Torres.
En efecto, basta que se realice un allanamiento, en donde, la Policía de Investigaciones, expone fusiles de fantasía, frente a la prensa, junto a una bandera del MIR, usados en la filmación de un documental para que se justifiquen graves acusaciones y apremios ilegítimos en contra de una cineasta. Lo anterior, con evidente vulneración del artículo 92, del Código Procesal Penal.
Nos preocupa, además, la incautación del material audiovisual de los documentales “Newen mapu che “ y “ Sueños del Comandante”, de alto valor histórico, cuyo destino y uso es desconocido. Ello deja en total indefensión a los entrevistados en estos materiales, violándose así, el secreto profesional y la protección de fuentes, garantías esenciales para el ejercicio de la libertad de información y expresión asegurada en el artículo 19 Nº 12, de la Constitución.
Los argumentos, que fundamentan esta petición, dicen relación con graves arbitrariedades cometidas, por parte de la juez de garantía, de Rancagua, doña Andrea Paola Urbina Salazar; y por el fiscal, de la misma ciudad, Servando Joaquín Pérez Ojeda, en audiencia, del 08 de Mayo de 2008.
FALTA DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA AUDIENCIA
1.- El tribunal no reveló la identidad del juez que dictó las ordenes de detención en contra los imputados. Ello era relevante dado que no resulta presentable, por razones de imparcialidad, que el mismo juez, que decretó las aprehensiones, sea el que se pronuncie sobre la legalidad de las mismas.
Saber esta información era necesario. Primero para solicitar, en los términos del artículo 75, del Código Procesal Penal, la inhabilitación del juez de garantía implicado.
En segundo lugar, si se hubiera pretendido justificar la presencia de un juez inhabilitado, a pretexto de dar cumplimiento al artículo 70, del Código Procesal Penal, los afectados estaban facultados para solicitar la inaplicabilidad, de dicha norma, por razones de inconstitucionalidad. Es decir, por atentar en contra del derecho a un racional y justo procedimiento, que supone la existencia de un juez imparcial. Se podría haber recurrido, de oficio o a petición de parte, al Tribunal Constitucional, según dispone el artículo 93 de la Constitución.
2.- Impedimento al derecho de expresión a Elena Varela. En la audiencia, al momento de ratificar a su defensora, la juez impide, a Elena, dar cuenta de los vejámenes y torturas a las cuales fue sometida. Tampoco se le permitió, en la formalización, manifestar lo que estimare conveniente en conformidad al artículo 232 del Código Procesal Penal.
3.- La prisión preventiva fue solicitada por el fiscal, y otorgada por la juez, sobre la base de antecedentes que, por resolución administrativa, del ministerio público, son reservados. De esta manera se vulneraron los derechos a la publicidad y a la defensa, a favor de la imputada. De manera palmaria se violaron los artículos 83 de la Constitución; y 9 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de autorización judicial previa para las actuaciones, del fiscal, que puedan afectar los derechos de los imputados.
En consecuencia, no era aceptable que, en estas condiciones, se formalizara y se impusiera, además, la prisión preventiva. Era evidente, que las imputaciones sustentadas sobre la base de antecedentes, declarados en reserva, por la sola voluntad del acusador, producirían, por esa sola circunstancia, la total indefensión de los acusados. Digno de Kafka.
La juez, extrañamente, no tuvo en vista, en protección de los afectados, el mandato del artículo 10, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que, para estos casos, ordena suspender el procedimiento.
FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PRUEBAS
Elena Varela fue acusada públicamente de participar, indirectamente, en hechos graves como son dos asaltos y una asociación ilícita.
Para esos efectos, la Policía de Investigaciones, realizó un montaje, el 7 de mayo de 2008, en la IX Región, con armas de fantasía y una bandera del MIR, destinada a un documental. Lo anterior, reiteramos, con evidente publicidad y en abierta violación a lo expuesto en el artículo 92 del Código Procesal Penal.
Dejando de lado el siniestro espectáculo anterior, las únicas bases, que fundaban las acusaciones, en contra de Elena, se circunscribían a los dichos del fiscal que se apoyaban, a su vez, en supuestas declaraciones, de testigos anónimos, que hasta la fecha se mantienen en reserva.
En consecuencia, el fiscal no tenía los antecedentes necesarios, que de acuerdo al artículo 132, del Código Procesal Penal, se requieren para solicitar una cautelar cualquiera. Menos para pedir la prisión preventiva.
FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN LA MEDIDA CAUTELAR
A Jorge Alejandro Pineda Arriagada, formalizado en la misma audiencia, por robo a mano armada, se le deja en libertad, a petición del fiscal. En cambio a Elena Varela, a quien se le acusó, vagamente, y sobre la base de antecedentes desconocidos, de planificar y de prestar auxilio a los otros imputados, se le sacrifica con una abusiva prisión preventiva. Esta discriminación arbitraria se encuentra expresamente prohibida por el artículo 19 N° 2, inciso segundo, de la Constitución.
ACUSACIONES FUERA DE LA REALIDAD FÍSICA
“DIMENSIÓN DESCONOCIDA”
A Elena Varela se le inculpa de planificar un asalto, de ocultar a los asaltantes y de reclutar gente para delinquir.
En ninguna de estas imputaciones, formuladas por el fiscal, y reiteradas por la juez, se menciona lugar y fecha, como tampoco las circunstancias que las rodearon.
De esta manera se lesiona toda posibilidad de defensa.
En consecuencia, los hechos de la formalización, aceptados por la juez, y que fundamentaron, además, la prisión preventiva, son ajenos a este mundo. Están fuera del tiempo y del espacio. Se encuentran en una dimensión desconocida.
ACUSACIONES FUERA DE LA REALIDAD JURÍDICA
SE IMPUTARON HECHOS - NO DELITOS
El artículo 1, del Código Penal, señala que es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley.
Tanto el fiscal como la juez, que participaron en la audiencia, omitieron mencionar las normas jurídicas que tipifican, penalmente, los hechos que supuestamente se investigaban.
En consecuencia, y hasta el presente, nadie sabe qué ley penal aplicaron, tanto en la formalización, como en la solicitud y pronunciamiento de la prisión preventiva.
Es por ello que la cautelar dirigida a Elena Varela no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 140 y 143 del Código Procesal Penal.
Los artículos anteriores se refieren a delitos tipificados en la legislación penal chilena. En consecuencia, no son relevantes las vagas descripciones, de simples hechos, cuyas ilicitudes, al día de hoy, sólo se encuentran en la esfera mental del fiscal y la juez de garantía.
El principio de legalidad, en materia penal, es un derecho consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Éste se refiere, especialmente, a la exigencia que los hechos punibles sean descritos por normas legales. Sin ley no hay delito.
La omisión, del fiscal o del juez, de mencionar, las disposiciones penales aplicables, no sólo impide la defensa, de los imputados, quienes podrían alegar la derogación o inaplicabilidad de la norma, sino que, además, hace improcedente tanto la formalización como la utilización de cualquier medida cautelar, de tipo personal.
Estas últimas instituciones, para ser aplicadas, requieren que se haga referencia a delitos, es decir, a conductas penadas por la ley. En consecuencia, si no se mencionan preceptos legales, de naturaleza penal, que fundamenten tanto la formalización como las cautelares personales, se vulneran las exigencias que imponen los artículos 5, 140, 155 y 229, del Código Procesal Penal.
TRIBUNAL DE GARANTÍA QUE NO GARANTIZA
De acuerdo a los artículos 10, 93, 97, 136 y 195, del Código Procesal Penal, el juez de garantía tiene como función esencial fiscalizar que un inocente no sea tratado como culpable.
La jueza recurrida no sólo falló, en sus deberes propios, al resolver formalizaciones y cautelares sin mencionar disposición penal alguna. Tampoco garantizó los derechos de la Sra. Elena Varela López. En efecto,
1° No preguntó si se informó, a la detenida, por parte de sus aprehensores, de manera específica y clara, acerca de los hechos que se le imputaron, en conformidad al artículo 135 del Código Procesal Penal.
2° No verificó si la detenida fue asistida por un abogado desde los actos iníciales de la investigación.
3° Si se le respetó su derecho a guardar silencio.
4° Si fue sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
5° Si se le aplicaron métodos prohibidos como los señalados en el artículo 195 del Código Procesal Penal.
Si la jueza hubiera dado la palabra a Elena Varela López se hubiera enterado que fue objeto de torturas como la incomunicación total; el impedimento de comer o beber, durante 24 horas ; amenazas en contra de su integridad y la de su hija menor; su interrogatorio por funcionarios desconocidos ; la exposición a la prensa, esposada y acusada públicamente, por el fiscal y la policía, antes de concurrir a un tribunal; que fue obligada , bajo amenaza, a estampar sus huellas digitales en un registro de procedencia y destino desconocido; que se le prohibió llamar a sus familiares o a un abogado; y que se le tuvo de pie, por más de cuatro horas, en contra de una pared, a fin de conseguir su confesión.
Reiteramos, lo señalado al principio de este recurso. Si SS. Ilustrísimas, escuchan el audio, de la respectiva audiencia, constatarán, para vergüenza del Poder Judicial, que la jueza de garantía no sólo le niega, a Elena Varela, la oportunidad de expresarse , después de la formalización, como lo previene el artículo 232 del Código Procesal Penal, sino que, con posterioridad, se lo impide, groseramente, cuando, al pedirle la anuencia, para aceptar, a su defensora , Elena intenta denunciar los malos tratos a los que fue sometida.
Debemos recordar que, a la defensora de Elena Varela, se le permitió ingresar a la sala, después de transcurrida la mitad de la audiencia, con la condición que no discutiera la legalidad de la detención.
Por último, no deja de llamar la atención que un fiscal de Rancagua investigue y formalice por hechos ocurrido en Loncoche, el año 2004. Pareciera ser que en esta última ciudad no existe Ministerio Público o Tribunales de Garantía.
Por tanto, y en mérito del artículo 21 de la Constitución,
SÍRVASE SS. ILUSTRÍSIMA tener por interpuesto recurso de amparo a favor de Doña Elena Marisol Varela López, a fin se restablezca el imperio del Derecho y se otorgue la debida protección a la afectada.
OTROSÍ: Conferimos patrocinio y poder, en esta causa, a don Rubén Jerez Atenas, abogado habilitado, con domicilio en calle Sótero del Río N° 326, Oficina 605 , Santiago.
Sírvase SS. Ilustrísima tenerlo presente.
Elena Varela y las graves violaciones al trabajo documental
Carta de Francisco Gedda, de la Asociación de documentalistas de Chile:
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de "asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia". Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen, - en los hechos -, una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén con una cámara para un trabajo documental que estaban haciendo. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el consul francés evitó que eso ocurriera. Dos días fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko.
Coincidentemente con los casos anteriores, el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental Newen Mapuche fueron incautados por la Policía de Investigaciones. No hay razón alguna para que el documental Newen Mapu Che sea vinculado a los "supuestos" delitos anteriores de Elena Varela. Denunciamos la incautación de sus registros como una grave violación del derecho de autor. Atropella también gravemente el deber ético del documentalista, y por ende de la institucionalidad del estado, de proteger contra usos indebidos los testimonios registrados durante el proceso documental.
Es esencial que todos los chilenos exijamos respeto al trabajo periodístico y documental en general y particularmente a aquel que intenta amplificar la voz de las comunidades mapuches hasta ahora silenciada por los medios y el estado.
Debemos exigir para Elena Varela un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad mientras dure el proceso. Exigir también la continuidad del documental Newen Mapu Che, su desvinculación de los supuestos delitos de que se la acusa y el respeto integral a su derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición de que sean manipulados, revisados y usados por terceros.
Debemos respaldar además la forma en que actualmente el Fondo Audiovisual asigna recursos a producciones audiovisuales. Se trata de un instrumento transparente que asigna los premios, bajo criterios técnicos y artísticos, dejando de lado consideraciónes políticas y policiales. Por lo tanto, debemos rechazar la pretensión manifestada por autoridades de Gobierno y Parlamentarios de oposición de solicitar antecedentes penales a los postulantes a fondos de cultura .
Debemos exigir un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno y del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización.
En los próximos días diferentes organizaciones lideradas por la Plataforma Audiovisual de Chile impulsaran acciones y movilizaciones incluyendo recursos de amparo para proteger a Elena Varela y su trabajo documental.
Llamo a todo nuestro equipo de investigación y realización, amigos y compañeros de ruta documentalistas, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para lograr este objetivo.
Francisco Gedda
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de "asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia". Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen, - en los hechos -, una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén con una cámara para un trabajo documental que estaban haciendo. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el consul francés evitó que eso ocurriera. Dos días fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko.
Coincidentemente con los casos anteriores, el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental Newen Mapuche fueron incautados por la Policía de Investigaciones. No hay razón alguna para que el documental Newen Mapu Che sea vinculado a los "supuestos" delitos anteriores de Elena Varela. Denunciamos la incautación de sus registros como una grave violación del derecho de autor. Atropella también gravemente el deber ético del documentalista, y por ende de la institucionalidad del estado, de proteger contra usos indebidos los testimonios registrados durante el proceso documental.
Es esencial que todos los chilenos exijamos respeto al trabajo periodístico y documental en general y particularmente a aquel que intenta amplificar la voz de las comunidades mapuches hasta ahora silenciada por los medios y el estado.
Debemos exigir para Elena Varela un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad mientras dure el proceso. Exigir también la continuidad del documental Newen Mapu Che, su desvinculación de los supuestos delitos de que se la acusa y el respeto integral a su derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición de que sean manipulados, revisados y usados por terceros.
Debemos respaldar además la forma en que actualmente el Fondo Audiovisual asigna recursos a producciones audiovisuales. Se trata de un instrumento transparente que asigna los premios, bajo criterios técnicos y artísticos, dejando de lado consideraciónes políticas y policiales. Por lo tanto, debemos rechazar la pretensión manifestada por autoridades de Gobierno y Parlamentarios de oposición de solicitar antecedentes penales a los postulantes a fondos de cultura .
Debemos exigir un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno y del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización.
En los próximos días diferentes organizaciones lideradas por la Plataforma Audiovisual de Chile impulsaran acciones y movilizaciones incluyendo recursos de amparo para proteger a Elena Varela y su trabajo documental.
Llamo a todo nuestro equipo de investigación y realización, amigos y compañeros de ruta documentalistas, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para lograr este objetivo.
Francisco Gedda
¿POR QUÉ HABRÍA QUE HOMENAJEAR A ELENA VARELA EN EL DÍA DE LAS ARTES
Wednesday, 25 de June de 2008
En estos días, las autoridades de artes visuales del Consejo Nacional de
la Cultura y de las Artes proponen un mecanismo de votación para elegir,
de una lista de cinco, al artista que debe ser homenajeado en el Día de
las Artes Visuales.
Sin quitar mérito a los cinco artistas propuestos, cabe la duda de si,
en las circunstancias actuales corresponde homenajear a un operador
visual o a un operador de gestión institucional, mientras no se aclare
la situación de la documentalista Elena Varela, en prisión preventiva
desde el 7 de mayo en la cárcel de Rancagua, acusada de ser financista y
autora intelectual de dos asaltos.
Muchos colegas de Elena Varela han percibido con hastío el
comportamiento de la prensa escrita y de los noticieros de televisión,
en los que Elena Varela ya ha sido condenada, sin que medie juicio o
sentencia alguna. Respecto de este caso, así como lo ya lo ha hecho
recalcar Pablo Azocar, no es forzado el paralelo con la novela del
Premio Nobel alemán Heinrich Böll, El honor perdido de Katharina Blum.
¿De qué se trata aquí? De restituir el honor perdido de Elena Varela.
Para eso, es preciso que quienes vayan a votar por el artista o gestor
homenajeado de este año, en el Día de las Artes Visuales, voten por
Elena Varela, siendo esta puesta en visibilidad de su nombre y de su
caso, un gesto de reclamo, de exigencia de justicia, recurriendo a dos
argumentos:
1.- Colaborar en la administración de justicia. Esto significa,
manifestar una preocupación determinada frente a signos que indican la
ausencia de un juicio justo.
2.- Restituir la dignidad a los productores de imagen. Esto parece una
cuestión leguleya: distinguir, por ejemplo, entre material de cámara y
material editado. La cuestión de la autoría se resuelve en la puesta en
la producción de circulación. Los materiales de cámara pertenecen al
privado de la documentalista. Los materiales de cámara de un film de
ficción, ¿a quién pertenecen? Probablemente, a los financistas, a los
promotores de la industria del cine, a los productores? De todos modos,
la ficción apunta a disponer de productos sobre temas que son declarados
"opinables". Mientras que el documentalismo porta consigo las
condiciones de su condena, como registro de situaciones que son
declaradas, o pueden ser declaradas, objetos audiovisuales por cuyas
imágenes es posible imputar no solo a su operador de registro, sino
simplemente, a su portador.
Esta situación plantea el problema de la fragilidad de las imágenes, que
no son reconocidas como insumos para la industria de la noticia y de la
delación compensada que la acompaña. La fragilidad de las imágenes tiene
que ver con la posición vulnerable de quienes son objeto de un registro
que pone en escena la representación que las minorías, al interior del
universo ya tramado de las clases subalternas, se hacen de sí mismas.
Las imágenes secuestradas por la policía corresponden a compactos
sintomáticos de una desesperación social que se hace visible mediante la
corporalización de la palabra. La Agencia Nacional de Inteligencia -como
organismo cultural- busca reducir las responsabilidades de la
ruinificación de la imagen-de-si de un pueblo.
¿En que consiste el crimen de Elena Varela? En acoger la palabra y la
imagen de los que no tienen acceso ni a la palabra ni a la imagen; más
bien, su única condición accesible es ser producidos como abceso en las
construcciones ya fetichizadas de completud sin fractura de la
imagen-país. Es decir, lo que ha hecho Elena Varela ha sido construir el
estatuto de un testimonio elaborado como relación social. No se puede
emplear un medio tecnológico como el cine y/o el video documental sin
saber cuál es el riesgo antropológico que se corre, conociendo la
historia de las reglas del género, el trabajo del tiempo en las palabras
encarnadas.
Hay que pensar en que esas imágenes requisadas son las que reproducen
retratos y hablas de una gente cuyo discurso no debe ser conocido; es
decir, una gente que podría ser susceptible de ser re-calificada en sus
condiciones ciudadanas, como descarte. Más que nada, son puestos en esta
situación para ser, precisamente, imputados mediante fisuras legales,
para las que se requiere de un tiempo de incriminación consecuente.
Elena Varela es una víctima relevante de la criminalización de las
movilizaciones del pueblo mapuche. Elegirla como artista homenajeada en
el Día de las Artes Visuales significa interpelar a la autoridad
política, acerca del alcance de sus responsabilidades en la sustracción
de derechos, no ya de imagen, sino de ciudadanía.
http://www.justopastormellado.cl
En estos días, las autoridades de artes visuales del Consejo Nacional de
la Cultura y de las Artes proponen un mecanismo de votación para elegir,
de una lista de cinco, al artista que debe ser homenajeado en el Día de
las Artes Visuales.
Sin quitar mérito a los cinco artistas propuestos, cabe la duda de si,
en las circunstancias actuales corresponde homenajear a un operador
visual o a un operador de gestión institucional, mientras no se aclare
la situación de la documentalista Elena Varela, en prisión preventiva
desde el 7 de mayo en la cárcel de Rancagua, acusada de ser financista y
autora intelectual de dos asaltos.
Muchos colegas de Elena Varela han percibido con hastío el
comportamiento de la prensa escrita y de los noticieros de televisión,
en los que Elena Varela ya ha sido condenada, sin que medie juicio o
sentencia alguna. Respecto de este caso, así como lo ya lo ha hecho
recalcar Pablo Azocar, no es forzado el paralelo con la novela del
Premio Nobel alemán Heinrich Böll, El honor perdido de Katharina Blum.
¿De qué se trata aquí? De restituir el honor perdido de Elena Varela.
Para eso, es preciso que quienes vayan a votar por el artista o gestor
homenajeado de este año, en el Día de las Artes Visuales, voten por
Elena Varela, siendo esta puesta en visibilidad de su nombre y de su
caso, un gesto de reclamo, de exigencia de justicia, recurriendo a dos
argumentos:
1.- Colaborar en la administración de justicia. Esto significa,
manifestar una preocupación determinada frente a signos que indican la
ausencia de un juicio justo.
2.- Restituir la dignidad a los productores de imagen. Esto parece una
cuestión leguleya: distinguir, por ejemplo, entre material de cámara y
material editado. La cuestión de la autoría se resuelve en la puesta en
la producción de circulación. Los materiales de cámara pertenecen al
privado de la documentalista. Los materiales de cámara de un film de
ficción, ¿a quién pertenecen? Probablemente, a los financistas, a los
promotores de la industria del cine, a los productores? De todos modos,
la ficción apunta a disponer de productos sobre temas que son declarados
"opinables". Mientras que el documentalismo porta consigo las
condiciones de su condena, como registro de situaciones que son
declaradas, o pueden ser declaradas, objetos audiovisuales por cuyas
imágenes es posible imputar no solo a su operador de registro, sino
simplemente, a su portador.
Esta situación plantea el problema de la fragilidad de las imágenes, que
no son reconocidas como insumos para la industria de la noticia y de la
delación compensada que la acompaña. La fragilidad de las imágenes tiene
que ver con la posición vulnerable de quienes son objeto de un registro
que pone en escena la representación que las minorías, al interior del
universo ya tramado de las clases subalternas, se hacen de sí mismas.
Las imágenes secuestradas por la policía corresponden a compactos
sintomáticos de una desesperación social que se hace visible mediante la
corporalización de la palabra. La Agencia Nacional de Inteligencia -como
organismo cultural- busca reducir las responsabilidades de la
ruinificación de la imagen-de-si de un pueblo.
¿En que consiste el crimen de Elena Varela? En acoger la palabra y la
imagen de los que no tienen acceso ni a la palabra ni a la imagen; más
bien, su única condición accesible es ser producidos como abceso en las
construcciones ya fetichizadas de completud sin fractura de la
imagen-país. Es decir, lo que ha hecho Elena Varela ha sido construir el
estatuto de un testimonio elaborado como relación social. No se puede
emplear un medio tecnológico como el cine y/o el video documental sin
saber cuál es el riesgo antropológico que se corre, conociendo la
historia de las reglas del género, el trabajo del tiempo en las palabras
encarnadas.
Hay que pensar en que esas imágenes requisadas son las que reproducen
retratos y hablas de una gente cuyo discurso no debe ser conocido; es
decir, una gente que podría ser susceptible de ser re-calificada en sus
condiciones ciudadanas, como descarte. Más que nada, son puestos en esta
situación para ser, precisamente, imputados mediante fisuras legales,
para las que se requiere de un tiempo de incriminación consecuente.
Elena Varela es una víctima relevante de la criminalización de las
movilizaciones del pueblo mapuche. Elegirla como artista homenajeada en
el Día de las Artes Visuales significa interpelar a la autoridad
política, acerca del alcance de sus responsabilidades en la sustracción
de derechos, no ya de imagen, sino de ciudadanía.
http://www.justopastormellado.cl
DOCUMENTAL Y DEMOCRACIA
Si un director de documentales resuelve hacer una película sobre el movimiento palestino Hamás y para hacerlo recibe subvenciones o recursos económicos de varias cadenas de televisión de Estados Unidos o Europa (dinero público o privado) está en pleno derecho de filmar el proyecto cinematográfico que ha concebido sin tener que dar explicaciones a nadie y menos ser acusado de malversación de fondos, agredido, humillado y encarcelado como le ha ocurrido a la cineasta chilena Elena Varela por filmar a los indios mapuches, que no poseen ni remotamente las armas y las ideas de Hamás
Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia, Líbano, Tibet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales es filmar la realidad cualquiera que ella sea.
El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuches desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles. La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las cosas continúen adelante haciendo oídos sordos.
Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia, mientras acompañaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela? ¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene presa e incomunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas?
Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un estado de derecho? Me indigna que esto ocurra en mi país; mi indigna como cualquier demócrata en cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas: libertad para Elena Varela y la devolución de su material.
Patricio GUZMAN
París, 30 de mayo 2008
Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia, Líbano, Tibet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales es filmar la realidad cualquiera que ella sea.
El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuches desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles. La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las cosas continúen adelante haciendo oídos sordos.
Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia, mientras acompañaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela? ¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene presa e incomunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas?
Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un estado de derecho? Me indigna que esto ocurra en mi país; mi indigna como cualquier demócrata en cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas: libertad para Elena Varela y la devolución de su material.
Patricio GUZMAN
París, 30 de mayo 2008
4/7/2008 Universidad de Chile realiza foro discusión sobre caso de documentalista Elena Varela
Universidad de Chile
El Instituto de la Comunicación e Imagen llevará a cabo esta actividad, de plena contingencia y cercanía con el quehacer profesional periodístico y documental, con el objetivo de informar y analizar desde diversas perspectivas el caso de la detención de Varela. El evento se realizará hoy viernes 4 de julio, a partir de las 18 horas.
Con el objetivo de informar en profundidad acerca del caso de la detención de la documentalista Elena Varela, y las consecuencias que su situación genera en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión y la protección de las fuentes, la carrera de Cine y Televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile ha convocado a especialistas y representantes de diversas vertientes, quienes expondrán sobre la gravedad del caso en este foro abierto a toda la comunidad.
La actividad, que pretende disminuir, en parte, el grave sesgo y censura informativa que ha rodeado el caso, se iniciará con la exposición de Mauricio Durán, quien fuera productor ejecutivo de Elena Varela. Él nos introducirá a una breve biografía de Elena y a las sinopsis de las obras en progreso de la documentalista: "Los sueños del comandante" y "Newen Mapu Che".
Posteriormente, expondrá Francisco Gedda, representante de ADOC-Chile para La Plataforma Audiovisual, grupo de organizaciones que han estado batallando por poner el tema en el debate público. Continuarán las exposiciones con los comentarios de Paulina Acevedo, en representación del "Observatorio de Derechos de los pueblos indígenas". También se ha invitado a un representante de la "Plataforma ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación", organización civil que ha realizado diversas acciones masivas en defensa de Elena Varela.
Las alocuciones concluirán con el análisis del profesor Gustavo González, coordinador del Programa de Libertad de Expresión del ICEI, unidad que ha insistido en el hecho de que la detención de Elena Varela constituye, al menos, una grave limitación al ejercicio de la libertad de expresión. Posterior a las exposiciones, se abrirá el diálogo al público presente.
Programa
18 horas: Presentación
-Presentación del caso, a cargo de Mauricio Durán, productor ejecutivo de “Ojo films”, empresa productora creada por Elena Varela, para el desarrollo de sus proyectos documentales.
-Visionado: Sinopsis de sus dos documentales en progreso: “Los sueños del comandante” y “Newen Mapu Che”.
18:20 horas: Exposiciones
-La perspectiva del mundo audiovisual, a cargo de Francisco Gedda, representante de la Plataforma Audiovisual.
-La perspectiva del mundo de los derechos indígenas, a cargo de Paulina Acevedo, representante de Observatorio de Derechos Indígenas.
-La perspectiva de la ciudadanía, a cargo de “Plataforma Ciudadana por la libertad de expresión y creación”.
-La perspectiva del periodismo a cargo de Gustavo González, coordinador del Programa de Libertad de Expresión, ICEI, U de Chile.
19 horas: Debate del público.
19:45: Cierre.
Edición: Universia / RR
El Instituto de la Comunicación e Imagen llevará a cabo esta actividad, de plena contingencia y cercanía con el quehacer profesional periodístico y documental, con el objetivo de informar y analizar desde diversas perspectivas el caso de la detención de Varela. El evento se realizará hoy viernes 4 de julio, a partir de las 18 horas.
Con el objetivo de informar en profundidad acerca del caso de la detención de la documentalista Elena Varela, y las consecuencias que su situación genera en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión y la protección de las fuentes, la carrera de Cine y Televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile ha convocado a especialistas y representantes de diversas vertientes, quienes expondrán sobre la gravedad del caso en este foro abierto a toda la comunidad.
La actividad, que pretende disminuir, en parte, el grave sesgo y censura informativa que ha rodeado el caso, se iniciará con la exposición de Mauricio Durán, quien fuera productor ejecutivo de Elena Varela. Él nos introducirá a una breve biografía de Elena y a las sinopsis de las obras en progreso de la documentalista: "Los sueños del comandante" y "Newen Mapu Che".
Posteriormente, expondrá Francisco Gedda, representante de ADOC-Chile para La Plataforma Audiovisual, grupo de organizaciones que han estado batallando por poner el tema en el debate público. Continuarán las exposiciones con los comentarios de Paulina Acevedo, en representación del "Observatorio de Derechos de los pueblos indígenas". También se ha invitado a un representante de la "Plataforma ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación", organización civil que ha realizado diversas acciones masivas en defensa de Elena Varela.
Las alocuciones concluirán con el análisis del profesor Gustavo González, coordinador del Programa de Libertad de Expresión del ICEI, unidad que ha insistido en el hecho de que la detención de Elena Varela constituye, al menos, una grave limitación al ejercicio de la libertad de expresión. Posterior a las exposiciones, se abrirá el diálogo al público presente.
Programa
18 horas: Presentación
-Presentación del caso, a cargo de Mauricio Durán, productor ejecutivo de “Ojo films”, empresa productora creada por Elena Varela, para el desarrollo de sus proyectos documentales.
-Visionado: Sinopsis de sus dos documentales en progreso: “Los sueños del comandante” y “Newen Mapu Che”.
18:20 horas: Exposiciones
-La perspectiva del mundo audiovisual, a cargo de Francisco Gedda, representante de la Plataforma Audiovisual.
-La perspectiva del mundo de los derechos indígenas, a cargo de Paulina Acevedo, representante de Observatorio de Derechos Indígenas.
-La perspectiva de la ciudadanía, a cargo de “Plataforma Ciudadana por la libertad de expresión y creación”.
-La perspectiva del periodismo a cargo de Gustavo González, coordinador del Programa de Libertad de Expresión, ICEI, U de Chile.
19 horas: Debate del público.
19:45: Cierre.
Edición: Universia / RR
Documentalista Elena Varela recurrirá a la CIDH
En conversación Con todo derecho, el cineasta y ex director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, Francisco Gedda, se refirió a la persecusión que ha sufrido la documentalista Elena Varela, y al apoyo que artistas y la Universidad Diego Portales dieron al pedir la intercesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde su aprehensión a comienzos de mayo, la causa por la libertad de Varela no ha parado de sumar apoyos. Primero fue la Asociación de Documentalistas de Chile, y luego Reporteros Sin Fronteras, los que pidieron al gobierno revisar "las causas profundas de la detención" y la devolución de todo el material requisado. Durante el homenaje que la Presidenta Bachelet rindió a Salvador Allende el jueves 26 de junio, un grupo de artistas y escritores entre los que se encontraban Pedro Lemebel, hicieron una muda protesta vistiendo simultáneamente una polera blanca con la consigna "¡Libertad para Elena Varela!".
Este miércoles el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales anunció que estudia una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estimar que se violaron los derechos fundamentales de la creadora audiovisual, al ser detenida por más de cuarenta policías, incomunicada en la cárcel de Rancagua, y violado su material de trabajo para el documental Newen Mapuche, sobre los conflcitos entre las comunidades indígenas y las empresas forestales.
La CIDH sólo posee una caracter consultivo y puede hacer recomendaciones al Estado chileno, pero una vez agotadas todas las instancias judiciales chilenas, la causa puede pasar a la Corte Intermericana, la cual sí podría fallar en forma condenatoria contra la actuación de la justicia nacional.
Los documentalistas se han quejado de que carecen de la debida protección de la fuente que poseen los periodistas, por lo que cuando sus grabaciones caen en manos de la policía pueden ser usadas como evidencia, afectando la libertad de expresión y violando las garantías constitucionales como lo aseguró Francisco Gedda.
Desde su aprehensión a comienzos de mayo, la causa por la libertad de Varela no ha parado de sumar apoyos. Primero fue la Asociación de Documentalistas de Chile, y luego Reporteros Sin Fronteras, los que pidieron al gobierno revisar "las causas profundas de la detención" y la devolución de todo el material requisado. Durante el homenaje que la Presidenta Bachelet rindió a Salvador Allende el jueves 26 de junio, un grupo de artistas y escritores entre los que se encontraban Pedro Lemebel, hicieron una muda protesta vistiendo simultáneamente una polera blanca con la consigna "¡Libertad para Elena Varela!".
Este miércoles el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales anunció que estudia una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estimar que se violaron los derechos fundamentales de la creadora audiovisual, al ser detenida por más de cuarenta policías, incomunicada en la cárcel de Rancagua, y violado su material de trabajo para el documental Newen Mapuche, sobre los conflcitos entre las comunidades indígenas y las empresas forestales.
La CIDH sólo posee una caracter consultivo y puede hacer recomendaciones al Estado chileno, pero una vez agotadas todas las instancias judiciales chilenas, la causa puede pasar a la Corte Intermericana, la cual sí podría fallar en forma condenatoria contra la actuación de la justicia nacional.
Los documentalistas se han quejado de que carecen de la debida protección de la fuente que poseen los periodistas, por lo que cuando sus grabaciones caen en manos de la policía pueden ser usadas como evidencia, afectando la libertad de expresión y violando las garantías constitucionales como lo aseguró Francisco Gedda.
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