Estimados compañeros, me dirijo a todos los audiovisualistas, a los artistas, a los actores, a los músicos, a los intelectuales. A la plataforma audiovisual, a la plataforma ciudadana por la libertad de expresión y creación, a las organizaciones de derechos humanos, a las organizaciones populares, a las organizaciones juveniles, a las organizaciones de mujeres, a las organizaciones que luchan por la libertad de expresión.
A todos los hermanos de otros pueblos de América latina, y también a los hermanos de otros pueblos que también luchan por su propia libertad, a los documentalistas del mundo, al pueblo mapuche principalmente.
Quiero hablarles y expresarles toda mi gratitud en este momento, en este momento que estoy gozando de una pequeña libertad, una libertad que ha sido ganada gracias a la lucha de nosotros, de ustedes, es una lucha que me ha permitido en este momento estar en mi domicilio con mi familia, es un momento muy doloroso y a la vez muy feliz de poder compartir con ustedes.
La libertad es un valor muy grande, es un valor muy fuerte; yo creo que un país democrático no puede faltar a la libertad, a la libertad de expresión; hacen falta leyes que nos apoyen, que apoyen al artista en su expresión, que no nos limite de poder decir nuestros valores, nuestra cultura, el derecho a expresarse, el derecho a poder construir una sociedad más justa. Es por eso que he sido perseguida, porque he tratado de alguna manera de mostrar este tipo de valor en mis trabajos, y allí es que yo quiero y deseo…y a la vez agradezco a todos ustedes… que levantan este discurso y esta bandera, la bandera de libertad.
Es increíble que en un país democrático en el cual varios y muchos han caído, muchos han sido encarcelados, muchos han sido desterrados, aún no se goce esa libertad de expresión, aún tengamos que estar en cárceles, aún no podamos disfrutar de verdad lo que significa.
Quiero que sepan que los llevo en mi corazón y quiero…envío desde acá, desde mi casa un saludo fuerte, van a pasar algunos meses de lucha todavía que tengo que dar…en los tribunales y también con ustedes compañeros para que pueda gozar de la libertad, de la libertad real, de la misma libertad que gozamos todos pero que vivimos con temor, con un temor a poder decir estoy en libertad y yo pienso esto.
Desde acá les envío un fuerte abrazo y quiero decirles principalmente que hay valores que a los artistas, que a los creadores, a los intelectuales del planeta nos hacen dignos. Y uno de esos es la libertad. Tenemos que hacer que todas estas expresiones…expresiones que nosotros vamos teniendo día a día, vayan haciendo que nuestra vida sea más digna, más justa; para que al final de toda esta historia la dignidad se haga costumbre, en nuestro país, en nuestra tierra latinoamericana.
Un respeto grande y un abrazo a nuestro pueblo mapuche que sufre día a día este mismo problema, a todos los marginados de este país, a todos aquellos que han sido reprimidos y han tenido que emigrar incluso.
Un abrazo fuerte para ustedes que están construyendo –y estoy segura- una sociedad más justa. Gracias compañeros
Elena Varela López
domingo, 17 de agosto de 2008
sábado, 9 de agosto de 2008
Los ojos enrejados de Elena Varela
Domingo 29 de junio de 2008
Por Pedro Lemebel / La Nación Domingo
Elena Varela podría haber sido yo, por eso tal vez me encaminé al acto homenaje por el natalicio de Allende en el Centro Cultural frente a La Moneda. Allí haríamos la intervención. Y, la verdad, era muy coherente relacionar este abuso democrático con los 100 años del natalicio de Allende.
Y aunque pude serlo, yo no fui el creador de la acción, más bien me convocaron unos amigos. Y pensando que en este país eran tan pocos los que reclamaban por la libertad de la cineasta y documetalista Elena Varela, encarcelada desde el 7 de mayo en Rancagua, acusada de ser autora intelectual de delitos poco probados, usando como elementos de prueba el montaje de una bandera del MIR y armas de utilería ocupadas en la filmación de una película. Además, Elena realizaba el documental "Newen mapuche", sobre la actual contingencia del pueblo mapuche, y todo ese material fílmico se lo han incautado como elementos de prueba. Elena filmaba los atropellos a los que a diario es sometido el pueblo mapuche, y quizá fue esto lo más provocador para el juez que ordenó su detención.
Si fuera por eso, muchos estaríamos presos. Elena pudo ser cualquiera de nosotros, varios de los que aún quedamos abogando por los atropellados, perseguidos y humillados de siempre. Elena podría haber sido yo, por eso tal vez me encaminé al acto homenaje por el natalicio de Allende en el Centro Cultural frente a La Moneda. Allí haríamos la intervención. Y, la verdad, era muy coherente relacionar este abuso democrático con los 100 años del natalicio de Allende. Era una forma de repolitizarlo, cargar de sentido ese neutro homenaje con olor a cripta. Era hacerlo respirar de un acto vivo demandante de libertad. No éramos tantos los que nos reunimos en un lugar cercano donde nos repartimos camisetas blancas con la leyenda LIBERTAD A ELENA VARELA. Éramos cerca de veinte escritores, estudiantes, cineastas y amigos relacionados con derechos humanos. Un lote compacto que se vistió con la polera y encima nos cubrimos con otra prenda. Teníamos invitaciones que alguien se consiguió de alguna manera.
Al llegar al Centro Cultural donde sería el evento, me encontré con gente conocida y toda la Concertación en pleno más el Partido Comunista, esta vez invitado con banda de música. Diputados, embajadores, artistas y otras pinturas de la política lucían sus pintas domingueras frotándose en una gran concurrencia que repletaba el salón principal de ese búnker subterráneo. Se parece a un gran estacionamiento con una acústica de tarro, por eso el grupo de cámara que se presentó al comienzo sonaba tan mal, rebotaba en la altura del espacio.
El glorioso himno "Venceremos", en violín y viola, era coreado tímidamente por la audiencia. Nos instalamos alineados en una baranda arriba del escenario. Abajo, el público concerta hervía ansioso, se rumoreaba que tal vez la Presidenta no llegaría. Pero llegó, caminando marcial entre el gentío que le abría paso con aplausos. Ella sabe caminar como Mandataria. No sé bien lo que es eso, pero la vi venir desde lo alto con su traje tornasol amaranto con el saludo colgando de la sonrisa. Al parecer, eso es saberse Presidenta. Cierta altivez empuja su paso seguro y acompasado. Se la veía nerviosa, seguramente se había filtrado que preparábamos algo allá arriba. Demoraba demasiado el comienzo del evento y la familia Allende y los artistas y pintores de la izquierda en el escenario conversaban con aburrimiento. Al fin, después de una hora, comenzó el acto con el discurso de la ministra de Cultura. Y a una seña, en ese preciso momento, nos quitamos los abrigos y quedamos todos en polera, en una larga hilera como un lienzo humano exigiendo la libertad de Elena. Un breve y apagado aplauso nos dio a entender que había molestia. La Presidenta nos dio una rápida ojeada y cambió la cara, después trató de parecer indiferente conversando con Isabel Allende. Éramos como su telón de fondo. Y allí nos quedamos sin movernos. Abajo, en la multitud, el murmullo corría preguntando quién es Elena Varela. Cómo se atreven a interrumpir el homenaje a Allende, decían unos socialistas remasterizados. Desde el fondo, una vieja chica no alcanzaba a leer las poleras y pensaba que era una acción por las ballenas. Sin duda, aunque lo calificaron como una acción pacífica, nuestra presencia provocaba tensión, los guardias con sus celulares nos tenían cercados. Pero no había motivo para desalojarnos. Escuchamos todos los discursos con el pecho erguido con el nombre de Elena Varela. Apareció en todos los canales de televisión. Nadie podía no vernos y preguntarse quién es Elena Varela. Después de esa noche, todos sabían quién era. Eso fue todo, cuando la Presidenta se retiró malhumorada, nos pusimos los abrigos y algunos bajamos a dar cuenta del pisco sour del cóctel. Allende, desde la memoria, nos sonreía con una copa en la mano. LND
Elena Varela, documentalista y presa política
Francisco Gedda*
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo y formalizada por "asociación ilícita par delinquir y de dos robos con violencia". Acusación respaldada, según el fiscal, en una declaración secreta de un testigo también secreto. Durante las primeras 48 horas sufrió apremios ilegítimos como privación de sueño y alimentos. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche sobre el conflicto mapuche con las empresas forestales financiado con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen una intensa agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos en marzo en Collipulli. En mayo fueron detenidos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, documentalistas italianos. Acaban de ser expulsados de Chile por el Ministerio del Interior.
El material de cámara del documental "Newen Mapuche" fue incautado por la Policía. También cintas pertenecientes a otro documental en etapa de investigación: "Sueños del Comandante" que contenían testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume. El fiscal ha declarado, con total desparpajo en dos entrevistas [1], que la policía está revisando e investigando las cintas y filmaciones en busca de "delitos", a pesar de que en ninguna parte del proceso se vinculan los documentales con las supuestas imputaciones a Elena.
La Plataforma Audiovisual de Chile, después de numerosas gestiones, ha conseguido tan sólo que la Ministra de Cultura "exhorte al fiscal la devolución del material documental". El Ministerio del Interior se declara absolutamente inocente y se desentiende del caso.
La documentalista Elena Varela está presa, y se han violado sus derechos ciudadanos más elementales, por pensar distinto al gobierno de Chile y querer expresar audiovisualmente su pensamiento. Es aberrante y vergonzoso para un país, que tiene en su alta memoria, a numerosos cineastas y periodistas que dieron su vida, durante la dictadura, defendiendo estos derechos esenciales.
Elena Varela documentalista, es una presa política del Estado de Chile.
Ante la magnitud de las violaciones, ha reaccionado la sociedad progresista creando una Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación que ha realizado diversas intervenciones públicas de protesta.
La Plataforma Audiovisual de Chile, a través de un grupo de cineastas, presentó un recurso de amparo por Elena Varela, que fue rechazado por votación dividida en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Se alega en estos días en la Corte Suprema. También presentará en conjunto con la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, Reporteros Sin Fronteras y numerosas organizaciones, cineastas, artistas e intelectuales, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la libertad para Elena Varela y la restitución inmediata de sus materiales.
Debemos denunciar ante la comunidad nacional e internacional la demonización de los indígenas mapuche cuando se enfrentan, en defensa de sus derechos, a las políticas del Estado de Chile. Denunciar la detención y los apremios ilegítimos a que fue sometida Elena Varela como un intento de amedrentar a los documentalistas que representan al mundo mapuche. Denunciar la incautación y revisión policial de los registros documentales de "Newen Mapu Che" y "Sueños del Comandante" como una grave violación a la libertad de expresión, al derecho de autor y al secreto profesional que ampara a las fuentes de un trabajo informativo. Denunciar el atropello brutal del deber ético del documentalista de proteger los testimonios de sus protagonistas, donde se atenta incluso, en las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas del ejercicio documental.
Debemos exigir la libertad inmediata de Elena Varela, la presunción de inocencia y un juicio transparente y justo. Exigir también la continuidad de los documentales "Newen Mapuche" y "Sueños del Comandante" y el respeto al derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición absoluta de que sean manipulados, violados en su privacidad y usados como material de investigación o prueba policial.
Es imprescindible un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno de Chile que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados, de la protección de fuentes informativas y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización; que garantice la libertad de expresión y creación propia de las sociedades democráticas y no una, coartada y mutilada, por controles policiales heredados de la dictadura militar.
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[1] Fuente : The Clinic y El Rancagüino
Domingo, 20 de julio de 2008
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo y formalizada por "asociación ilícita par delinquir y de dos robos con violencia". Acusación respaldada, según el fiscal, en una declaración secreta de un testigo también secreto. Durante las primeras 48 horas sufrió apremios ilegítimos como privación de sueño y alimentos. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche sobre el conflicto mapuche con las empresas forestales financiado con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen una intensa agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos en marzo en Collipulli. En mayo fueron detenidos Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, documentalistas italianos. Acaban de ser expulsados de Chile por el Ministerio del Interior.
El material de cámara del documental "Newen Mapuche" fue incautado por la Policía. También cintas pertenecientes a otro documental en etapa de investigación: "Sueños del Comandante" que contenían testimonios de los afectados por las matanzas y represión de la dictadura en el año 73 y luego en los 80 en Neltume. El fiscal ha declarado, con total desparpajo en dos entrevistas [1], que la policía está revisando e investigando las cintas y filmaciones en busca de "delitos", a pesar de que en ninguna parte del proceso se vinculan los documentales con las supuestas imputaciones a Elena.
La Plataforma Audiovisual de Chile, después de numerosas gestiones, ha conseguido tan sólo que la Ministra de Cultura "exhorte al fiscal la devolución del material documental". El Ministerio del Interior se declara absolutamente inocente y se desentiende del caso.
La documentalista Elena Varela está presa, y se han violado sus derechos ciudadanos más elementales, por pensar distinto al gobierno de Chile y querer expresar audiovisualmente su pensamiento. Es aberrante y vergonzoso para un país, que tiene en su alta memoria, a numerosos cineastas y periodistas que dieron su vida, durante la dictadura, defendiendo estos derechos esenciales.
Elena Varela documentalista, es una presa política del Estado de Chile.
Ante la magnitud de las violaciones, ha reaccionado la sociedad progresista creando una Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación que ha realizado diversas intervenciones públicas de protesta.
La Plataforma Audiovisual de Chile, a través de un grupo de cineastas, presentó un recurso de amparo por Elena Varela, que fue rechazado por votación dividida en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Se alega en estos días en la Corte Suprema. También presentará en conjunto con la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, Reporteros Sin Fronteras y numerosas organizaciones, cineastas, artistas e intelectuales, una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando la libertad para Elena Varela y la restitución inmediata de sus materiales.
Debemos denunciar ante la comunidad nacional e internacional la demonización de los indígenas mapuche cuando se enfrentan, en defensa de sus derechos, a las políticas del Estado de Chile. Denunciar la detención y los apremios ilegítimos a que fue sometida Elena Varela como un intento de amedrentar a los documentalistas que representan al mundo mapuche. Denunciar la incautación y revisión policial de los registros documentales de "Newen Mapu Che" y "Sueños del Comandante" como una grave violación a la libertad de expresión, al derecho de autor y al secreto profesional que ampara a las fuentes de un trabajo informativo. Denunciar el atropello brutal del deber ético del documentalista de proteger los testimonios de sus protagonistas, donde se atenta incluso, en las cintas relacionadas con los crímenes de la dictadura en Neltume, contra la privacidad intrínseca asociada al delicado proceso de registro de la memoria histórica. Es en suma una violación aberrante que socava las bases mismas del ejercicio documental.
Debemos exigir la libertad inmediata de Elena Varela, la presunción de inocencia y un juicio transparente y justo. Exigir también la continuidad de los documentales "Newen Mapuche" y "Sueños del Comandante" y el respeto al derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición absoluta de que sean manipulados, violados en su privacidad y usados como material de investigación o prueba policial.
Es imprescindible un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno de Chile que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados, de la protección de fuentes informativas y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización; que garantice la libertad de expresión y creación propia de las sociedades democráticas y no una, coartada y mutilada, por controles policiales heredados de la dictadura militar.
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[1] Fuente : The Clinic y El Rancagüino
Domingo, 20 de julio de 2008
Elena Varela: diputados citan a director de la ANI y de Investigaciones
por Angélica Meneses (Chile)
sábado, 02 de agosto de 2008
El caso de la documentalista Elena Varela, -detenida en el marco de la investigación de un asalto a manos de ex miristas y en momentos en que trabajaba en el documental “Newen Mapu Che”, acerca de la lucha de recuperación de tierras del pueblo mapuche- llegó a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde el abogado y los padres de la artista presa acusaron abusos en el proceso.
“Se dice que las pruebas están en una carpeta reservada y las entrega un testigo cuyo nombre no se da a conocer. Esto parece más un proceso de Kafka que un caso de la reforma procesal penal”, sentencia el jurista Rubén Jerez.
Los antecedentes del caso y los detalles de la detención relatados en la sesión del miércoles de la Comisión de Derechos Humanos, hicieron que los parlamentarios acordaran citar al director de la ANI y al jefe de la Policía Civil para que expongan sobre el funcionamiento de estos organismos en este proceso.
El diputado Tucapel Jiménez (PPD) dijo que “el caso nos impactó, porque se contaron hechos que uno cree que ya estaban olvidados en el Chile de hoy”, subrayando que “es insólito que esta persona lleve detenida tres meses sin que haya un cargo y nadie sepa por qué fue formalizada y detenida”.
Aseguro que “dentro de nuestras facultades, vamos a hacer todo para que se conozca la verdad y esta persona tenga un debido proceso, como debe tenerlo cualquier chileno”.
Los diputados también acordaron enviar un oficio al fiscal a cargo de la causa, para que responda cuál es el cargo que se sigue contra la documentalista. “Nosotros tenemos limitaciones y no podemos intervenir en otro poder del Estado, pero sí vamos a enviar un oficio para que al menos nos responda por qué está formalizada”.
Elena Varela es compositora y gestora cultural, con formación en cine y periodismo en la Universidad Arcis, licenciada en música y titulada en la Universidad de Chile, fundó la Orquesta Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli y permanece en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua por decisión de la jueza de garantía Andrea Urbina.
En la detención fueron requisados sus documentales, incluidas las filmaciones de “Newen Mapu Che”, trabajo que desarrollaba con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual 2007 de la Región de la Araucanía.
Tucapel Jiménez dijo que la familia y el abogado “hablan de complot para llevar detenida a una persona y requisar el documental que ella estaba haciendo”. Asimismo, dijo que en la sesión el defensor de Varela sostuvo “que hay grabaciones de abusos y hay presentada una acción legal por tortura contra el fiscal e Investigaciones”.
Vamos a enviar un oficio para pedirle al fiscal que lleva la causa que al menos responda por qué está formalizada.
Rubén Jerez sentenció que de hecho “se pensaba que los consejos de guerra, con testigos ocultos, con las pruebas que no se conocían, sin que la gente supiera por qué la detenían, habían pasado hace 30 años, pero en este caso descubrimos que eso tiene una vigencia terrible. Elena Varela lleva presa casi tres meses y hasta hoy no se sabe por qué”.
Para el padre de Elena, Héctor Varela, la detención se relaciona con el trabajo documental sobre el pueblo mapuche. “Gracias a los documentalistas ha salido cómo carabineros se mete a los colegios, interroga a los niños buscando mapuches que trabajen por la recuperación de sus tierras. Toda esa injusticia ella trató de mostrarla. Como ella tenía la oportunidad de entrevistar incluso dirigentes clandestinos mapuches, comenzó a sentirse perseguida por la policía. Había puntos fijos para seguirla y camionetas que la intimidaban”.
* Fuente: La Nacion
sábado, 02 de agosto de 2008
El caso de la documentalista Elena Varela, -detenida en el marco de la investigación de un asalto a manos de ex miristas y en momentos en que trabajaba en el documental “Newen Mapu Che”, acerca de la lucha de recuperación de tierras del pueblo mapuche- llegó a la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, donde el abogado y los padres de la artista presa acusaron abusos en el proceso.
“Se dice que las pruebas están en una carpeta reservada y las entrega un testigo cuyo nombre no se da a conocer. Esto parece más un proceso de Kafka que un caso de la reforma procesal penal”, sentencia el jurista Rubén Jerez.
Los antecedentes del caso y los detalles de la detención relatados en la sesión del miércoles de la Comisión de Derechos Humanos, hicieron que los parlamentarios acordaran citar al director de la ANI y al jefe de la Policía Civil para que expongan sobre el funcionamiento de estos organismos en este proceso.
El diputado Tucapel Jiménez (PPD) dijo que “el caso nos impactó, porque se contaron hechos que uno cree que ya estaban olvidados en el Chile de hoy”, subrayando que “es insólito que esta persona lleve detenida tres meses sin que haya un cargo y nadie sepa por qué fue formalizada y detenida”.
Aseguro que “dentro de nuestras facultades, vamos a hacer todo para que se conozca la verdad y esta persona tenga un debido proceso, como debe tenerlo cualquier chileno”.
Los diputados también acordaron enviar un oficio al fiscal a cargo de la causa, para que responda cuál es el cargo que se sigue contra la documentalista. “Nosotros tenemos limitaciones y no podemos intervenir en otro poder del Estado, pero sí vamos a enviar un oficio para que al menos nos responda por qué está formalizada”.
Elena Varela es compositora y gestora cultural, con formación en cine y periodismo en la Universidad Arcis, licenciada en música y titulada en la Universidad de Chile, fundó la Orquesta Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli y permanece en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua por decisión de la jueza de garantía Andrea Urbina.
En la detención fueron requisados sus documentales, incluidas las filmaciones de “Newen Mapu Che”, trabajo que desarrollaba con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual 2007 de la Región de la Araucanía.
Tucapel Jiménez dijo que la familia y el abogado “hablan de complot para llevar detenida a una persona y requisar el documental que ella estaba haciendo”. Asimismo, dijo que en la sesión el defensor de Varela sostuvo “que hay grabaciones de abusos y hay presentada una acción legal por tortura contra el fiscal e Investigaciones”.
Vamos a enviar un oficio para pedirle al fiscal que lleva la causa que al menos responda por qué está formalizada.
Rubén Jerez sentenció que de hecho “se pensaba que los consejos de guerra, con testigos ocultos, con las pruebas que no se conocían, sin que la gente supiera por qué la detenían, habían pasado hace 30 años, pero en este caso descubrimos que eso tiene una vigencia terrible. Elena Varela lleva presa casi tres meses y hasta hoy no se sabe por qué”.
Para el padre de Elena, Héctor Varela, la detención se relaciona con el trabajo documental sobre el pueblo mapuche. “Gracias a los documentalistas ha salido cómo carabineros se mete a los colegios, interroga a los niños buscando mapuches que trabajen por la recuperación de sus tierras. Toda esa injusticia ella trató de mostrarla. Como ella tenía la oportunidad de entrevistar incluso dirigentes clandestinos mapuches, comenzó a sentirse perseguida por la policía. Había puntos fijos para seguirla y camionetas que la intimidaban”.
* Fuente: La Nacion
PROPONEN MOVILIZACIÓN POR LA LIBERTAD DE ELENA VARELA
Si bien los medios de comunicación tradicionales poco informan de la situación que mantiene en la carcel a la documentalista Elena Varela, los medios independientes han respaldado sistemáticamente todas las actividades que se realicen en favor de su liberación.
En este contexto, la Plataforma Ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación, invita a una movilización para el próximo miércoles 13 de agosto en el Parque Forestal de Santiago.
Este llamado corresponde a una movilización en Santiago, pero sin duda son muchas las expresiones de apoyo a la documentalista que se pueden realizar desde regiones para reclamar su libertad.
Este llamado surge a raíz de que ha trascendido que el Estado tendría la voluntad de transferir a Elena Varela a Temuco, con el fin de aislarla de su familia, de sus abogados y amigos de la zona centro de Chile, quienes se mueven por su libertad.
Elena Varela fue detenida (el 7 mayo) en el marco de la investigación de un asalto a manos de ex miristas y en momentos en que trabajaba en el documental “Newen Mapu Che”, acerca de la lucha de recuperación de tierras del pueblo mapuche.
Varela es compositora y gestora cultural, con formación en cine y periodismo en la Universidad Arcis, licenciada en música y titulada en la Universidad de Chile, fundó la Orquesta Sinfónica Intercultural de Niños de Panguipulli y permanece en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua por decisión de la jueza de garantía Andrea Urbina.
En la detención fueron requisados sus documentales, incluidas las filmaciones de “Newen Mapu Che”, trabajo que desarrollaba con aportes del Fondo de Fomento Audiovisual 2007 de la Región de la Araucanía.
Solidariza con Varela como una muestra de apoyo a la libertad de expresión.
MANIFIESTO CIUDADANO PLATAFORMA POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CREACIÓN
Hacemos un llamado a coordinar distintas movilizaciones y acciones en defensa de la cineasta, música y gestora cultural, Elena Varela.
Primero:
Los abajo firmantes exigimos la libertad de la cineasta Elena Varela, y que se respete el derecho a la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario.
No queremos cineastas presos y a los violadores de derechos humanos en las calles.
Segundo:
Exigimos la devolución inmediata de todo el material de trabajo de los proyectos documentales “Newen Mapuche” y “Sueños de comandante”; y que éste no sea ocupado como elemento de investigación policial o prueba jurídica, en contra de aquellos que deben ser resguardados por el derecho al secreto de las fuentes.
Que no se constituya en una prueba más contra el pueblo Mapuche y otros movimientos sociales.
Tercero:
Exigimos que nunca más y en ningún caso, la policía de investigaciones requise materiales a documentalistas, periodistas o creadores con fines de inteligencia.
Un gobierno ciudadano y democrático no puede permitir que se vulneren estos derechos civiles.
Cuarto:
Exigimos que se terminen las detenciones arbitrarias, la intervención de correos electrónicos, de teléfonos celulares y las grabaciones policiales.
Exigimos el respeto a todos los ciudadanos que participan en una protesta social, la criminalización de ésta se contradice con un Estado de Derecho.
Quinto:
Exigimos que se derogue la Ley antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado, heredadas de la dictadura militar.
Que cese de inmediato su aplicación en contra del pueblo mapuche.
Y exigimos que no se utilice la Ley Penal Juvenil para reprimir y amedrentar a los estudiantes secundarios.
Sexto:
Exigimos una prensa independiente, pluralista y crítica, comprometida con la democratización de nuestra sociedad.
No queremos que los medios de comunicación masiva realicen un cerco de desinformación sobre los conflictos sociales, y que sus actores sociales sean invisibilizados o demonizados ante la opinión pública.
¡Unámonos!
Liberar a Elena Varela para que la dignidad se haga costumbre
PLATAFORMA CIUDADANA
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CREACIÓN
ADHIERE
Primero:
Los abajo firmantes exigimos la libertad de la cineasta Elena Varela, y que se respete el derecho a la presunción de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario.
No queremos cineastas presos y a los violadores de derechos humanos en las calles.
Segundo:
Exigimos la devolución inmediata de todo el material de trabajo de los proyectos documentales “Newen Mapuche” y “Sueños de comandante”; y que éste no sea ocupado como elemento de investigación policial o prueba jurídica, en contra de aquellos que deben ser resguardados por el derecho al secreto de las fuentes.
Que no se constituya en una prueba más contra el pueblo Mapuche y otros movimientos sociales.
Tercero:
Exigimos que nunca más y en ningún caso, la policía de investigaciones requise materiales a documentalistas, periodistas o creadores con fines de inteligencia.
Un gobierno ciudadano y democrático no puede permitir que se vulneren estos derechos civiles.
Cuarto:
Exigimos que se terminen las detenciones arbitrarias, la intervención de correos electrónicos, de teléfonos celulares y las grabaciones policiales.
Exigimos el respeto a todos los ciudadanos que participan en una protesta social, la criminalización de ésta se contradice con un Estado de Derecho.
Quinto:
Exigimos que se derogue la Ley antiterrorista y la Ley de Seguridad Interior del Estado, heredadas de la dictadura militar.
Que cese de inmediato su aplicación en contra del pueblo mapuche.
Y exigimos que no se utilice la Ley Penal Juvenil para reprimir y amedrentar a los estudiantes secundarios.
Sexto:
Exigimos una prensa independiente, pluralista y crítica, comprometida con la democratización de nuestra sociedad.
No queremos que los medios de comunicación masiva realicen un cerco de desinformación sobre los conflictos sociales, y que sus actores sociales sean invisibilizados o demonizados ante la opinión pública.
¡Unámonos!
Liberar a Elena Varela para que la dignidad se haga costumbre
PLATAFORMA CIUDADANA
POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y CREACIÓN
ADHIERE
Elena Varela y el crimen de contra-informar
La cineasta y documentalista Elena Varela, está detendida desde el 7 de mayo en la Cárcel de Rancagua, acusada de ‘asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia’; esto ocurrió mientras se encontraba relizando el documental "Newen Mapu Che" acerca del conflicto entre empresas forestales y el pueblo mapuche; fueron confiscados todos sus archivos y equipos.
Por Claudia Acevedo
“Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de ‘asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia’. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado "Newen Mapuche" con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido todos los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual”[1].
Al leer estas noticias, la carta de Elena Varela desde la Cárcel de Rancagua, mensajes de denuncia, recuerdo lo conversado con la Chepa Troncoso. Tal como escribí en esa oportunidad acerca de lo que pude conversar con ella durante sus días de huelga de hambre en el Hospital de Chillán, Patricia y tantas y tantos comuneros mapuche, dirigentas y dirigentes, acusados de “actos terroristas”, no han tenido juicios justos; los montajes, las vejaciones, torturas, prisiones ‘preventivas’ de largos períodos son parte del aparataje que deben soportar y que pretende reafirmar el estigma de mapuche=terrorista.
Todo aquello entonces que tenga que ver con este pueblo, con develar sus luchas y reivindicaciones es peligroso, porque entonces se dejaría al descubierto todo ese andamiaje que estaría amparado en grandes y poderosos grupos económicos (que no significa gran cantidad de personas, sino unas pocas ostentando mucho) a los cuales los resguardarían aparatos de seguridad al puro estilo dictadura militar.
En la memoria tengo esos días en Chillán cuando en las manifestaciones y caminatas por la libertad de la Chepa y de todas/os las/os presas/os mapuche nos seguían personajes (algunos con evidentes disfraces) con comunicadores en sus orejas, que se reemplazaban cada tantas cuadras, probablemente informando (¿a dónde? ¿a quiénes?) acerca de las personas que concurríamos y hacia dónde nos dirigíamos; también recuerdo las intervenciones a los celulares de quienes estaban a cargo del grupo de apoyo.
Por otro lado, escuchaba con espanto lo que me contaba un dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sobre los cotidianos allanamientos por parte de carabineros y militares a las casas de dirigentes mapuche[2] en las comunidades buscando a supuestos “terroristas” armados hasta los dientes, pero que sólo encontraban a mujeres, niñas y niños a los que hasta hoy siguen truncando sus sueños y pisoteando sus vidas; así lo reflejan sus dibujos ¿infantiles?, en donde aparecen los allanamientos, las lacrimógenas, los balazos; que en Lleu Lleu ya no tienen agua, que está todo seco; recuerdo ese lugar plagado de pinos y eucaliptos, que ya les han tomado casi toda el agua que ocupaban para los riegos y el consumo de sus hogares; demás está decir la responsabilidad que recae en las forestales en las plantaciones y talas de estos bosques.
Elena Varela y su equipo se dedicaron varios años a recopilar información desde los mismos mapuche y personas afectadas- que no es dar voz a quienes no la tienen (porque sí la tienen y nunca la han perdido)- dando un foco de atención, con una mirada crítica e investigativa, a aquello que se quiere ocultar, invisibilizar. En específico, los conflictos que se han producido entre forestales y mapuche; empresas que pertenecen a poderosos grupos económicos en Chile, que utilizan este poder, además del político, para expandir riquezas; está claro que mediante estas acciones van desapareciendo pueblos, historia, raíces, culturas, quebrando ejes de energía universales.
Las palabras, las imágenes, relatos de acontecimientos son potencialmente “peligrosos” para quienes no quieren que aquello salga a la luz, se visibilice, se de-vele/re-vele porque entonces ¿se rebelan otras y otros? ¿Qué pasa con ese material, qué hay en esos testimonios, que provoca entonces que ese aparato de seguridad se mueva, intercepte, allane, “confisque”, encarcele, incomunique, amenace? El resto sólo podemos ver un extracto del documental “Newen Mapu Che- La fuerza de la Gente de la Tierra”[3], motivado por el asesinato del joven mapuche Alex Lemún, ocurrido el 2002, y que dentro de cuyos testimonios aparece un joven mapuche obligado, por seguridad propia, a pasar a la clandestinidad.
En Chile está claro que el silenciamiento continúa, más soterrado, pero existe. Las formas de expresión (no así la LIBERTAD de expresión) sigue siendo entonces un privilegio de un@s poc@s, siempre y cuando no osen molestar a los poder(es)osos.
Por Claudia Acevedo
“Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de ‘asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia’. Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado "Newen Mapuche" con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido todos los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual”[1].
Al leer estas noticias, la carta de Elena Varela desde la Cárcel de Rancagua, mensajes de denuncia, recuerdo lo conversado con la Chepa Troncoso. Tal como escribí en esa oportunidad acerca de lo que pude conversar con ella durante sus días de huelga de hambre en el Hospital de Chillán, Patricia y tantas y tantos comuneros mapuche, dirigentas y dirigentes, acusados de “actos terroristas”, no han tenido juicios justos; los montajes, las vejaciones, torturas, prisiones ‘preventivas’ de largos períodos son parte del aparataje que deben soportar y que pretende reafirmar el estigma de mapuche=terrorista.
Todo aquello entonces que tenga que ver con este pueblo, con develar sus luchas y reivindicaciones es peligroso, porque entonces se dejaría al descubierto todo ese andamiaje que estaría amparado en grandes y poderosos grupos económicos (que no significa gran cantidad de personas, sino unas pocas ostentando mucho) a los cuales los resguardarían aparatos de seguridad al puro estilo dictadura militar.
En la memoria tengo esos días en Chillán cuando en las manifestaciones y caminatas por la libertad de la Chepa y de todas/os las/os presas/os mapuche nos seguían personajes (algunos con evidentes disfraces) con comunicadores en sus orejas, que se reemplazaban cada tantas cuadras, probablemente informando (¿a dónde? ¿a quiénes?) acerca de las personas que concurríamos y hacia dónde nos dirigíamos; también recuerdo las intervenciones a los celulares de quienes estaban a cargo del grupo de apoyo.
Por otro lado, escuchaba con espanto lo que me contaba un dirigente de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) sobre los cotidianos allanamientos por parte de carabineros y militares a las casas de dirigentes mapuche[2] en las comunidades buscando a supuestos “terroristas” armados hasta los dientes, pero que sólo encontraban a mujeres, niñas y niños a los que hasta hoy siguen truncando sus sueños y pisoteando sus vidas; así lo reflejan sus dibujos ¿infantiles?, en donde aparecen los allanamientos, las lacrimógenas, los balazos; que en Lleu Lleu ya no tienen agua, que está todo seco; recuerdo ese lugar plagado de pinos y eucaliptos, que ya les han tomado casi toda el agua que ocupaban para los riegos y el consumo de sus hogares; demás está decir la responsabilidad que recae en las forestales en las plantaciones y talas de estos bosques.
Elena Varela y su equipo se dedicaron varios años a recopilar información desde los mismos mapuche y personas afectadas- que no es dar voz a quienes no la tienen (porque sí la tienen y nunca la han perdido)- dando un foco de atención, con una mirada crítica e investigativa, a aquello que se quiere ocultar, invisibilizar. En específico, los conflictos que se han producido entre forestales y mapuche; empresas que pertenecen a poderosos grupos económicos en Chile, que utilizan este poder, además del político, para expandir riquezas; está claro que mediante estas acciones van desapareciendo pueblos, historia, raíces, culturas, quebrando ejes de energía universales.
Las palabras, las imágenes, relatos de acontecimientos son potencialmente “peligrosos” para quienes no quieren que aquello salga a la luz, se visibilice, se de-vele/re-vele porque entonces ¿se rebelan otras y otros? ¿Qué pasa con ese material, qué hay en esos testimonios, que provoca entonces que ese aparato de seguridad se mueva, intercepte, allane, “confisque”, encarcele, incomunique, amenace? El resto sólo podemos ver un extracto del documental “Newen Mapu Che- La fuerza de la Gente de la Tierra”[3], motivado por el asesinato del joven mapuche Alex Lemún, ocurrido el 2002, y que dentro de cuyos testimonios aparece un joven mapuche obligado, por seguridad propia, a pasar a la clandestinidad.
En Chile está claro que el silenciamiento continúa, más soterrado, pero existe. Las formas de expresión (no así la LIBERTAD de expresión) sigue siendo entonces un privilegio de un@s poc@s, siempre y cuando no osen molestar a los poder(es)osos.
INGRID BETANCOURT V/S ELENA VARELA
Escrito por Francisca Araya
sábado, 12 de julio de 2008
Ingrid salió de la selva amazónica fresca como una lechuga. La liberación le vino bien. De inmediato retomó su candidatura a lo que fuera, como si los seis años de rehén hubiesen sido una reponedora siesta. Su entrenamiento político fue más poderoso que el trauma del secuestro, y apenas aparecieron las cámaras, la Betancourt se posicionó de su papel, calculando cada uno de sus gestos: la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. No faltó ni una sola coma del protocolo, desde el best seller hasta la visita al papa, en un rol protagónico que ya se quisiera cualquier político del continente.
En medio de la celebración mundial por su rescate, un paisito del fin del mundo quiso agarrar un pedazo de la torta. La presidenta chilena Michelle Bachelet propuso que Ingrid Betancourt recibiera el Nóbel de la Paz; y el canciller Alejandro Foxley destacó que Chile “se había adelantado a los demás países” al hacer esta propuesta. Curioso gesto, por decir lo menos. Ridículo, siendo un poquito menos moderada. Vejatorio, siendo definitivamente sincera.
¿Qué saben Bachelet, Foxley y Betancourt sobre la Paz?
Betancourt es una víctima, no una heroína; y por mucha compasión que nos pueda provocar, existe un abismo entre los héroes y las víctimas.
Bachelet y Foxley, por su parte, encabezan un gobierno que garantiza la estabilidad nacional, a través de la violación sistemática de los derechos humanos. Un gobierno que criminaliza a las personas que piensan distinto y que no escatima en recursos a la hora de amedrentar a los movimientos sociales.
“A 18 años del término del régimen militar, la violencia policial en Chile en contra de la población civil, con grave violación de sus derechos fundamentales, es una realidad palpable que provoca la indignación de la ciudadanía y pone en peligro las bases de la convivencia democrática”, denuncia un comunicado de Amnistía Internacional publicado el 7 de junio pasado. Los secundarios y los mapuches pueden dar testimonio de estos hechos.
Los escolares, jóvenes que aún no cumplen 18 años, han sido expulsados de sus colegios por participar en política. Durante las manifestaciones, han sido fotografiados por los policías para identificarlos y perseguirlos. Uno de los métodos policiales utilizados para amenazar a los estudiantes, consiste en secuestrar por algunas horas a los dirigentes, golpearlos y abandonarlos en sitios eriazos, lejos de sus hogares. Y los muchachos que asisten a las protestas, se arriesgan a ser golpeados sin razón por la represión desmesurada de carabineros; y a ser detenidos y juzgados con la Ley Penal Juvenil(1) sin la garantía de un debido proceso.
Los mapuches, sobretodo los que viven en la provincia de Arauco, son reprimidos en sus propias casas; los chorros del lanzaaguas y los gases lacrimógenos entran por sus ventanas. Los allanamientos y destrozos de sus bienes por parte de la policía, ocurren todos los meses. Los niños están traumatizados. Muchos han sido interrogados, golpeados e incluso baleados en los operativos policiales. Y sus padres son detenidos y encarcelados sin pruebas y con testigos falsos. El Estado chileno le ha declarado la guerra al pueblo mapuche.
En marzo pasado, dos documentalistas franceses que investigaban el conflicto entre las comunidades mapuches y las empresas forestales en la Provincia de Arauco; fueron detenidos por carabineros y procesados por cargos insignificantes. Estuvieron a punto de ser expulsados del país, pero su embajador logró evitarlo. Tras la frustrada expulsión, regresaron a Traiguén, y una turba de doce personas los acorraló, los golpeó y destruyó sus equipos. Entonces se fueron de Chile, por su propia voluntad. En abril, fue el turno de dos periodistas italianos. La misma historia. Fueron detenidos, procesados y expulsados del país por cargos menores. Y al mes siguiente, el 7 de mayo, fue detenida la documentalista chilena, Elena Varela, por la misma razón: registrar el conflicto mapuche. Solo que a Elena no podían expulsarla, entonces la acusaron de asalto con homicidio y la encarcelaron. La única prueba que tienen en su contra es un testigo anónimo, cuya declaración es reservada; y ni siquiera la defensa tiene acceso a esta información.
El 21 de ese mismo mes, mayo del 2008, Chile comenzó a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y hoy pide el Nóbel de la Paz para la ex candidata a la presidencia de Colombia.
En Chile, al día siguiente de la liberación de Betancourt, la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo en favor de Elena Varela. A Elena la torturaron, la humillaron frente a los alumnos de la Escuela de Panguipulli donde hacía clases de música, le negaron el acceso a la defensa, a un fiscal competente y a un juez imparcial; y le impusieron una medida cautelar desmesurada: seis meses de prisión preventiva. Pero los ministros de la Corte no escucharon estos argumentos, porque mientras los abogados de Elena alegaban, ellos dormían. Y ninguno de estos hechos noticiosos apareció en la prensa porque mientras Elena perdía su oportunidad de un juicio justo; los editores de los grandes medios de comunicación, decidían que la única noticia que se iba a publicar ese día y los siguientes, era la liberación de Ingrid Betancourt.
Varios meses antes de su detención, Elena Varela se encontró con Fernando Léniz en una cena del Club de Amigos de Panguipulli. Fernando Léniz, ex ministro de Economía durante la dictadura de Pinochet, ex presidente de El Mercurio, y ex presidente de la Corporación de la Madera, CORMA, fue el principal impulsor de la industria forestal en Chile. Esa noche, se acercó sigilosamente a la documentalista y le dijo: “Supe que está haciendo un documental sobre el conflicto mapuche. Pues sería conveniente, que usted contara la verdad”.
Elena le hizo caso. Contó la verdad. Y hoy arriesga varios años de cárcel por intentar mostrar una verdad que el Estado quiere esconder. Mientras tanto, la prensa y el gobierno se deleitan con las verdades a medias que hacen noticia fuera de nuestras fronteras. Lejos, muy lejos de nuestra realidad.
(1) Esta ley fue aprobada apresuradamente, un año después de la revolución de los pingüinos, con el fin de evitar nuevas sublevaciones.
sábado, 12 de julio de 2008
Ingrid salió de la selva amazónica fresca como una lechuga. La liberación le vino bien. De inmediato retomó su candidatura a lo que fuera, como si los seis años de rehén hubiesen sido una reponedora siesta. Su entrenamiento político fue más poderoso que el trauma del secuestro, y apenas aparecieron las cámaras, la Betancourt se posicionó de su papel, calculando cada uno de sus gestos: la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. No faltó ni una sola coma del protocolo, desde el best seller hasta la visita al papa, en un rol protagónico que ya se quisiera cualquier político del continente.
En medio de la celebración mundial por su rescate, un paisito del fin del mundo quiso agarrar un pedazo de la torta. La presidenta chilena Michelle Bachelet propuso que Ingrid Betancourt recibiera el Nóbel de la Paz; y el canciller Alejandro Foxley destacó que Chile “se había adelantado a los demás países” al hacer esta propuesta. Curioso gesto, por decir lo menos. Ridículo, siendo un poquito menos moderada. Vejatorio, siendo definitivamente sincera.
¿Qué saben Bachelet, Foxley y Betancourt sobre la Paz?
Betancourt es una víctima, no una heroína; y por mucha compasión que nos pueda provocar, existe un abismo entre los héroes y las víctimas.
Bachelet y Foxley, por su parte, encabezan un gobierno que garantiza la estabilidad nacional, a través de la violación sistemática de los derechos humanos. Un gobierno que criminaliza a las personas que piensan distinto y que no escatima en recursos a la hora de amedrentar a los movimientos sociales.
“A 18 años del término del régimen militar, la violencia policial en Chile en contra de la población civil, con grave violación de sus derechos fundamentales, es una realidad palpable que provoca la indignación de la ciudadanía y pone en peligro las bases de la convivencia democrática”, denuncia un comunicado de Amnistía Internacional publicado el 7 de junio pasado. Los secundarios y los mapuches pueden dar testimonio de estos hechos.
Los escolares, jóvenes que aún no cumplen 18 años, han sido expulsados de sus colegios por participar en política. Durante las manifestaciones, han sido fotografiados por los policías para identificarlos y perseguirlos. Uno de los métodos policiales utilizados para amenazar a los estudiantes, consiste en secuestrar por algunas horas a los dirigentes, golpearlos y abandonarlos en sitios eriazos, lejos de sus hogares. Y los muchachos que asisten a las protestas, se arriesgan a ser golpeados sin razón por la represión desmesurada de carabineros; y a ser detenidos y juzgados con la Ley Penal Juvenil(1) sin la garantía de un debido proceso.
Los mapuches, sobretodo los que viven en la provincia de Arauco, son reprimidos en sus propias casas; los chorros del lanzaaguas y los gases lacrimógenos entran por sus ventanas. Los allanamientos y destrozos de sus bienes por parte de la policía, ocurren todos los meses. Los niños están traumatizados. Muchos han sido interrogados, golpeados e incluso baleados en los operativos policiales. Y sus padres son detenidos y encarcelados sin pruebas y con testigos falsos. El Estado chileno le ha declarado la guerra al pueblo mapuche.
En marzo pasado, dos documentalistas franceses que investigaban el conflicto entre las comunidades mapuches y las empresas forestales en la Provincia de Arauco; fueron detenidos por carabineros y procesados por cargos insignificantes. Estuvieron a punto de ser expulsados del país, pero su embajador logró evitarlo. Tras la frustrada expulsión, regresaron a Traiguén, y una turba de doce personas los acorraló, los golpeó y destruyó sus equipos. Entonces se fueron de Chile, por su propia voluntad. En abril, fue el turno de dos periodistas italianos. La misma historia. Fueron detenidos, procesados y expulsados del país por cargos menores. Y al mes siguiente, el 7 de mayo, fue detenida la documentalista chilena, Elena Varela, por la misma razón: registrar el conflicto mapuche. Solo que a Elena no podían expulsarla, entonces la acusaron de asalto con homicidio y la encarcelaron. La única prueba que tienen en su contra es un testigo anónimo, cuya declaración es reservada; y ni siquiera la defensa tiene acceso a esta información.
El 21 de ese mismo mes, mayo del 2008, Chile comenzó a formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y hoy pide el Nóbel de la Paz para la ex candidata a la presidencia de Colombia.
En Chile, al día siguiente de la liberación de Betancourt, la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo en favor de Elena Varela. A Elena la torturaron, la humillaron frente a los alumnos de la Escuela de Panguipulli donde hacía clases de música, le negaron el acceso a la defensa, a un fiscal competente y a un juez imparcial; y le impusieron una medida cautelar desmesurada: seis meses de prisión preventiva. Pero los ministros de la Corte no escucharon estos argumentos, porque mientras los abogados de Elena alegaban, ellos dormían. Y ninguno de estos hechos noticiosos apareció en la prensa porque mientras Elena perdía su oportunidad de un juicio justo; los editores de los grandes medios de comunicación, decidían que la única noticia que se iba a publicar ese día y los siguientes, era la liberación de Ingrid Betancourt.
Varios meses antes de su detención, Elena Varela se encontró con Fernando Léniz en una cena del Club de Amigos de Panguipulli. Fernando Léniz, ex ministro de Economía durante la dictadura de Pinochet, ex presidente de El Mercurio, y ex presidente de la Corporación de la Madera, CORMA, fue el principal impulsor de la industria forestal en Chile. Esa noche, se acercó sigilosamente a la documentalista y le dijo: “Supe que está haciendo un documental sobre el conflicto mapuche. Pues sería conveniente, que usted contara la verdad”.
Elena le hizo caso. Contó la verdad. Y hoy arriesga varios años de cárcel por intentar mostrar una verdad que el Estado quiere esconder. Mientras tanto, la prensa y el gobierno se deleitan con las verdades a medias que hacen noticia fuera de nuestras fronteras. Lejos, muy lejos de nuestra realidad.
(1) Esta ley fue aprobada apresuradamente, un año después de la revolución de los pingüinos, con el fin de evitar nuevas sublevaciones.
junio 2008 Caso Elena Varela- RECURSO DE AMPARO
ILUSTRE CORTE DE APELACIONES DE RANCAGUA
Francisco Gedda Ortiz, Paola Castillo Villagrán, Ignacio Agüero Piwonka, Pablo Insunza Rodríguez, Peter Chaskel Benko, Orlando Lubbert Barra y Jaime Díaz Lavanchy, cineastas y documentalistas , de la Plataforma Audiovisual de Chile, domiciliados, para estos efectos, en calle Pedro Torres Nº 805, Ñuñoa, Santiago, a US. Ilustrísima, respetuosamente decimos:
Que venimos en interponer recurso de amparo, a favor de Elena Marisol Varela López, C.I. 10.159.284-7, actualmente en prisión preventiva, ordenada por el juzgado de garantía, de Rancagua, en causa Rit. 2819-2005.
Nuestra reclamación se basa en la fragilidad del Estado de Derecho. En la existencia de montajes y operaciones comunicacionales que nos recuerdan la época oscura de la Dina, la CNI, Dinacos y el Fiscal Torres.
En efecto, basta que se realice un allanamiento, en donde, la Policía de Investigaciones, expone fusiles de fantasía, frente a la prensa, junto a una bandera del MIR, usados en la filmación de un documental para que se justifiquen graves acusaciones y apremios ilegítimos en contra de una cineasta. Lo anterior, con evidente vulneración del artículo 92, del Código Procesal Penal.
Nos preocupa, además, la incautación del material audiovisual de los documentales “Newen mapu che “ y “ Sueños del Comandante”, de alto valor histórico, cuyo destino y uso es desconocido. Ello deja en total indefensión a los entrevistados en estos materiales, violándose así, el secreto profesional y la protección de fuentes, garantías esenciales para el ejercicio de la libertad de información y expresión asegurada en el artículo 19 Nº 12, de la Constitución.
Los argumentos, que fundamentan esta petición, dicen relación con graves arbitrariedades cometidas, por parte de la juez de garantía, de Rancagua, doña Andrea Paola Urbina Salazar; y por el fiscal, de la misma ciudad, Servando Joaquín Pérez Ojeda, en audiencia, del 08 de Mayo de 2008.
FALTA DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA AUDIENCIA
1.- El tribunal no reveló la identidad del juez que dictó las ordenes de detención en contra los imputados. Ello era relevante dado que no resulta presentable, por razones de imparcialidad, que el mismo juez, que decretó las aprehensiones, sea el que se pronuncie sobre la legalidad de las mismas.
Saber esta información era necesario. Primero para solicitar, en los términos del artículo 75, del Código Procesal Penal, la inhabilitación del juez de garantía implicado.
En segundo lugar, si se hubiera pretendido justificar la presencia de un juez inhabilitado, a pretexto de dar cumplimiento al artículo 70, del Código Procesal Penal, los afectados estaban facultados para solicitar la inaplicabilidad, de dicha norma, por razones de inconstitucionalidad. Es decir, por atentar en contra del derecho a un racional y justo procedimiento, que supone la existencia de un juez imparcial. Se podría haber recurrido, de oficio o a petición de parte, al Tribunal Constitucional, según dispone el artículo 93 de la Constitución.
2.- Impedimento al derecho de expresión a Elena Varela. En la audiencia, al momento de ratificar a su defensora, la juez impide, a Elena, dar cuenta de los vejámenes y torturas a las cuales fue sometida. Tampoco se le permitió, en la formalización, manifestar lo que estimare conveniente en conformidad al artículo 232 del Código Procesal Penal.
3.- La prisión preventiva fue solicitada por el fiscal, y otorgada por la juez, sobre la base de antecedentes que, por resolución administrativa, del ministerio público, son reservados. De esta manera se vulneraron los derechos a la publicidad y a la defensa, a favor de la imputada. De manera palmaria se violaron los artículos 83 de la Constitución; y 9 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de autorización judicial previa para las actuaciones, del fiscal, que puedan afectar los derechos de los imputados.
En consecuencia, no era aceptable que, en estas condiciones, se formalizara y se impusiera, además, la prisión preventiva. Era evidente, que las imputaciones sustentadas sobre la base de antecedentes, declarados en reserva, por la sola voluntad del acusador, producirían, por esa sola circunstancia, la total indefensión de los acusados. Digno de Kafka.
La juez, extrañamente, no tuvo en vista, en protección de los afectados, el mandato del artículo 10, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que, para estos casos, ordena suspender el procedimiento.
FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PRUEBAS
Elena Varela fue acusada públicamente de participar, indirectamente, en hechos graves como son dos asaltos y una asociación ilícita.
Para esos efectos, la Policía de Investigaciones, realizó un montaje, el 7 de mayo de 2008, en la IX Región, con armas de fantasía y una bandera del MIR, destinada a un documental. Lo anterior, reiteramos, con evidente publicidad y en abierta violación a lo expuesto en el artículo 92 del Código Procesal Penal.
Dejando de lado el siniestro espectáculo anterior, las únicas bases, que fundaban las acusaciones, en contra de Elena, se circunscribían a los dichos del fiscal que se apoyaban, a su vez, en supuestas declaraciones, de testigos anónimos, que hasta la fecha se mantienen en reserva.
En consecuencia, el fiscal no tenía los antecedentes necesarios, que de acuerdo al artículo 132, del Código Procesal Penal, se requieren para solicitar una cautelar cualquiera. Menos para pedir la prisión preventiva.
FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN LA MEDIDA CAUTELAR
A Jorge Alejandro Pineda Arriagada, formalizado en la misma audiencia, por robo a mano armada, se le deja en libertad, a petición del fiscal. En cambio a Elena Varela, a quien se le acusó, vagamente, y sobre la base de antecedentes desconocidos, de planificar y de prestar auxilio a los otros imputados, se le sacrifica con una abusiva prisión preventiva. Esta discriminación arbitraria se encuentra expresamente prohibida por el artículo 19 N° 2, inciso segundo, de la Constitución.
ACUSACIONES FUERA DE LA REALIDAD FÍSICA
“DIMENSIÓN DESCONOCIDA”
A Elena Varela se le inculpa de planificar un asalto, de ocultar a los asaltantes y de reclutar gente para delinquir.
En ninguna de estas imputaciones, formuladas por el fiscal, y reiteradas por la juez, se menciona lugar y fecha, como tampoco las circunstancias que las rodearon.
De esta manera se lesiona toda posibilidad de defensa.
En consecuencia, los hechos de la formalización, aceptados por la juez, y que fundamentaron, además, la prisión preventiva, son ajenos a este mundo. Están fuera del tiempo y del espacio. Se encuentran en una dimensión desconocida.
ACUSACIONES FUERA DE LA REALIDAD JURÍDICA
SE IMPUTARON HECHOS - NO DELITOS
El artículo 1, del Código Penal, señala que es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley.
Tanto el fiscal como la juez, que participaron en la audiencia, omitieron mencionar las normas jurídicas que tipifican, penalmente, los hechos que supuestamente se investigaban.
En consecuencia, y hasta el presente, nadie sabe qué ley penal aplicaron, tanto en la formalización, como en la solicitud y pronunciamiento de la prisión preventiva.
Es por ello que la cautelar dirigida a Elena Varela no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 140 y 143 del Código Procesal Penal.
Los artículos anteriores se refieren a delitos tipificados en la legislación penal chilena. En consecuencia, no son relevantes las vagas descripciones, de simples hechos, cuyas ilicitudes, al día de hoy, sólo se encuentran en la esfera mental del fiscal y la juez de garantía.
El principio de legalidad, en materia penal, es un derecho consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Éste se refiere, especialmente, a la exigencia que los hechos punibles sean descritos por normas legales. Sin ley no hay delito.
La omisión, del fiscal o del juez, de mencionar, las disposiciones penales aplicables, no sólo impide la defensa, de los imputados, quienes podrían alegar la derogación o inaplicabilidad de la norma, sino que, además, hace improcedente tanto la formalización como la utilización de cualquier medida cautelar, de tipo personal.
Estas últimas instituciones, para ser aplicadas, requieren que se haga referencia a delitos, es decir, a conductas penadas por la ley. En consecuencia, si no se mencionan preceptos legales, de naturaleza penal, que fundamenten tanto la formalización como las cautelares personales, se vulneran las exigencias que imponen los artículos 5, 140, 155 y 229, del Código Procesal Penal.
TRIBUNAL DE GARANTÍA QUE NO GARANTIZA
De acuerdo a los artículos 10, 93, 97, 136 y 195, del Código Procesal Penal, el juez de garantía tiene como función esencial fiscalizar que un inocente no sea tratado como culpable.
La jueza recurrida no sólo falló, en sus deberes propios, al resolver formalizaciones y cautelares sin mencionar disposición penal alguna. Tampoco garantizó los derechos de la Sra. Elena Varela López. En efecto,
1° No preguntó si se informó, a la detenida, por parte de sus aprehensores, de manera específica y clara, acerca de los hechos que se le imputaron, en conformidad al artículo 135 del Código Procesal Penal.
2° No verificó si la detenida fue asistida por un abogado desde los actos iníciales de la investigación.
3° Si se le respetó su derecho a guardar silencio.
4° Si fue sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
5° Si se le aplicaron métodos prohibidos como los señalados en el artículo 195 del Código Procesal Penal.
Si la jueza hubiera dado la palabra a Elena Varela López se hubiera enterado que fue objeto de torturas como la incomunicación total; el impedimento de comer o beber, durante 24 horas ; amenazas en contra de su integridad y la de su hija menor; su interrogatorio por funcionarios desconocidos ; la exposición a la prensa, esposada y acusada públicamente, por el fiscal y la policía, antes de concurrir a un tribunal; que fue obligada , bajo amenaza, a estampar sus huellas digitales en un registro de procedencia y destino desconocido; que se le prohibió llamar a sus familiares o a un abogado; y que se le tuvo de pie, por más de cuatro horas, en contra de una pared, a fin de conseguir su confesión.
Reiteramos, lo señalado al principio de este recurso. Si SS. Ilustrísimas, escuchan el audio, de la respectiva audiencia, constatarán, para vergüenza del Poder Judicial, que la jueza de garantía no sólo le niega, a Elena Varela, la oportunidad de expresarse , después de la formalización, como lo previene el artículo 232 del Código Procesal Penal, sino que, con posterioridad, se lo impide, groseramente, cuando, al pedirle la anuencia, para aceptar, a su defensora , Elena intenta denunciar los malos tratos a los que fue sometida.
Debemos recordar que, a la defensora de Elena Varela, se le permitió ingresar a la sala, después de transcurrida la mitad de la audiencia, con la condición que no discutiera la legalidad de la detención.
Por último, no deja de llamar la atención que un fiscal de Rancagua investigue y formalice por hechos ocurrido en Loncoche, el año 2004. Pareciera ser que en esta última ciudad no existe Ministerio Público o Tribunales de Garantía.
Por tanto, y en mérito del artículo 21 de la Constitución,
SÍRVASE SS. ILUSTRÍSIMA tener por interpuesto recurso de amparo a favor de Doña Elena Marisol Varela López, a fin se restablezca el imperio del Derecho y se otorgue la debida protección a la afectada.
OTROSÍ: Conferimos patrocinio y poder, en esta causa, a don Rubén Jerez Atenas, abogado habilitado, con domicilio en calle Sótero del Río N° 326, Oficina 605 , Santiago.
Sírvase SS. Ilustrísima tenerlo presente.
Francisco Gedda Ortiz, Paola Castillo Villagrán, Ignacio Agüero Piwonka, Pablo Insunza Rodríguez, Peter Chaskel Benko, Orlando Lubbert Barra y Jaime Díaz Lavanchy, cineastas y documentalistas , de la Plataforma Audiovisual de Chile, domiciliados, para estos efectos, en calle Pedro Torres Nº 805, Ñuñoa, Santiago, a US. Ilustrísima, respetuosamente decimos:
Que venimos en interponer recurso de amparo, a favor de Elena Marisol Varela López, C.I. 10.159.284-7, actualmente en prisión preventiva, ordenada por el juzgado de garantía, de Rancagua, en causa Rit. 2819-2005.
Nuestra reclamación se basa en la fragilidad del Estado de Derecho. En la existencia de montajes y operaciones comunicacionales que nos recuerdan la época oscura de la Dina, la CNI, Dinacos y el Fiscal Torres.
En efecto, basta que se realice un allanamiento, en donde, la Policía de Investigaciones, expone fusiles de fantasía, frente a la prensa, junto a una bandera del MIR, usados en la filmación de un documental para que se justifiquen graves acusaciones y apremios ilegítimos en contra de una cineasta. Lo anterior, con evidente vulneración del artículo 92, del Código Procesal Penal.
Nos preocupa, además, la incautación del material audiovisual de los documentales “Newen mapu che “ y “ Sueños del Comandante”, de alto valor histórico, cuyo destino y uso es desconocido. Ello deja en total indefensión a los entrevistados en estos materiales, violándose así, el secreto profesional y la protección de fuentes, garantías esenciales para el ejercicio de la libertad de información y expresión asegurada en el artículo 19 Nº 12, de la Constitución.
Los argumentos, que fundamentan esta petición, dicen relación con graves arbitrariedades cometidas, por parte de la juez de garantía, de Rancagua, doña Andrea Paola Urbina Salazar; y por el fiscal, de la misma ciudad, Servando Joaquín Pérez Ojeda, en audiencia, del 08 de Mayo de 2008.
FALTA DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA AUDIENCIA
1.- El tribunal no reveló la identidad del juez que dictó las ordenes de detención en contra los imputados. Ello era relevante dado que no resulta presentable, por razones de imparcialidad, que el mismo juez, que decretó las aprehensiones, sea el que se pronuncie sobre la legalidad de las mismas.
Saber esta información era necesario. Primero para solicitar, en los términos del artículo 75, del Código Procesal Penal, la inhabilitación del juez de garantía implicado.
En segundo lugar, si se hubiera pretendido justificar la presencia de un juez inhabilitado, a pretexto de dar cumplimiento al artículo 70, del Código Procesal Penal, los afectados estaban facultados para solicitar la inaplicabilidad, de dicha norma, por razones de inconstitucionalidad. Es decir, por atentar en contra del derecho a un racional y justo procedimiento, que supone la existencia de un juez imparcial. Se podría haber recurrido, de oficio o a petición de parte, al Tribunal Constitucional, según dispone el artículo 93 de la Constitución.
2.- Impedimento al derecho de expresión a Elena Varela. En la audiencia, al momento de ratificar a su defensora, la juez impide, a Elena, dar cuenta de los vejámenes y torturas a las cuales fue sometida. Tampoco se le permitió, en la formalización, manifestar lo que estimare conveniente en conformidad al artículo 232 del Código Procesal Penal.
3.- La prisión preventiva fue solicitada por el fiscal, y otorgada por la juez, sobre la base de antecedentes que, por resolución administrativa, del ministerio público, son reservados. De esta manera se vulneraron los derechos a la publicidad y a la defensa, a favor de la imputada. De manera palmaria se violaron los artículos 83 de la Constitución; y 9 del Código Procesal Penal, que establecen la necesidad de autorización judicial previa para las actuaciones, del fiscal, que puedan afectar los derechos de los imputados.
En consecuencia, no era aceptable que, en estas condiciones, se formalizara y se impusiera, además, la prisión preventiva. Era evidente, que las imputaciones sustentadas sobre la base de antecedentes, declarados en reserva, por la sola voluntad del acusador, producirían, por esa sola circunstancia, la total indefensión de los acusados. Digno de Kafka.
La juez, extrañamente, no tuvo en vista, en protección de los afectados, el mandato del artículo 10, inciso segundo, del Código Procesal Penal, que, para estos casos, ordena suspender el procedimiento.
FALTA DE PROPORCIONALIDAD DE LAS PRUEBAS
Elena Varela fue acusada públicamente de participar, indirectamente, en hechos graves como son dos asaltos y una asociación ilícita.
Para esos efectos, la Policía de Investigaciones, realizó un montaje, el 7 de mayo de 2008, en la IX Región, con armas de fantasía y una bandera del MIR, destinada a un documental. Lo anterior, reiteramos, con evidente publicidad y en abierta violación a lo expuesto en el artículo 92 del Código Procesal Penal.
Dejando de lado el siniestro espectáculo anterior, las únicas bases, que fundaban las acusaciones, en contra de Elena, se circunscribían a los dichos del fiscal que se apoyaban, a su vez, en supuestas declaraciones, de testigos anónimos, que hasta la fecha se mantienen en reserva.
En consecuencia, el fiscal no tenía los antecedentes necesarios, que de acuerdo al artículo 132, del Código Procesal Penal, se requieren para solicitar una cautelar cualquiera. Menos para pedir la prisión preventiva.
FALTA DE PROPORCIONALIDAD EN LA MEDIDA CAUTELAR
A Jorge Alejandro Pineda Arriagada, formalizado en la misma audiencia, por robo a mano armada, se le deja en libertad, a petición del fiscal. En cambio a Elena Varela, a quien se le acusó, vagamente, y sobre la base de antecedentes desconocidos, de planificar y de prestar auxilio a los otros imputados, se le sacrifica con una abusiva prisión preventiva. Esta discriminación arbitraria se encuentra expresamente prohibida por el artículo 19 N° 2, inciso segundo, de la Constitución.
ACUSACIONES FUERA DE LA REALIDAD FÍSICA
“DIMENSIÓN DESCONOCIDA”
A Elena Varela se le inculpa de planificar un asalto, de ocultar a los asaltantes y de reclutar gente para delinquir.
En ninguna de estas imputaciones, formuladas por el fiscal, y reiteradas por la juez, se menciona lugar y fecha, como tampoco las circunstancias que las rodearon.
De esta manera se lesiona toda posibilidad de defensa.
En consecuencia, los hechos de la formalización, aceptados por la juez, y que fundamentaron, además, la prisión preventiva, son ajenos a este mundo. Están fuera del tiempo y del espacio. Se encuentran en una dimensión desconocida.
ACUSACIONES FUERA DE LA REALIDAD JURÍDICA
SE IMPUTARON HECHOS - NO DELITOS
El artículo 1, del Código Penal, señala que es delito toda acción u omisión voluntaria penada por la ley.
Tanto el fiscal como la juez, que participaron en la audiencia, omitieron mencionar las normas jurídicas que tipifican, penalmente, los hechos que supuestamente se investigaban.
En consecuencia, y hasta el presente, nadie sabe qué ley penal aplicaron, tanto en la formalización, como en la solicitud y pronunciamiento de la prisión preventiva.
Es por ello que la cautelar dirigida a Elena Varela no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 140 y 143 del Código Procesal Penal.
Los artículos anteriores se refieren a delitos tipificados en la legislación penal chilena. En consecuencia, no son relevantes las vagas descripciones, de simples hechos, cuyas ilicitudes, al día de hoy, sólo se encuentran en la esfera mental del fiscal y la juez de garantía.
El principio de legalidad, en materia penal, es un derecho consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. Éste se refiere, especialmente, a la exigencia que los hechos punibles sean descritos por normas legales. Sin ley no hay delito.
La omisión, del fiscal o del juez, de mencionar, las disposiciones penales aplicables, no sólo impide la defensa, de los imputados, quienes podrían alegar la derogación o inaplicabilidad de la norma, sino que, además, hace improcedente tanto la formalización como la utilización de cualquier medida cautelar, de tipo personal.
Estas últimas instituciones, para ser aplicadas, requieren que se haga referencia a delitos, es decir, a conductas penadas por la ley. En consecuencia, si no se mencionan preceptos legales, de naturaleza penal, que fundamenten tanto la formalización como las cautelares personales, se vulneran las exigencias que imponen los artículos 5, 140, 155 y 229, del Código Procesal Penal.
TRIBUNAL DE GARANTÍA QUE NO GARANTIZA
De acuerdo a los artículos 10, 93, 97, 136 y 195, del Código Procesal Penal, el juez de garantía tiene como función esencial fiscalizar que un inocente no sea tratado como culpable.
La jueza recurrida no sólo falló, en sus deberes propios, al resolver formalizaciones y cautelares sin mencionar disposición penal alguna. Tampoco garantizó los derechos de la Sra. Elena Varela López. En efecto,
1° No preguntó si se informó, a la detenida, por parte de sus aprehensores, de manera específica y clara, acerca de los hechos que se le imputaron, en conformidad al artículo 135 del Código Procesal Penal.
2° No verificó si la detenida fue asistida por un abogado desde los actos iníciales de la investigación.
3° Si se le respetó su derecho a guardar silencio.
4° Si fue sometida a tortura, a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
5° Si se le aplicaron métodos prohibidos como los señalados en el artículo 195 del Código Procesal Penal.
Si la jueza hubiera dado la palabra a Elena Varela López se hubiera enterado que fue objeto de torturas como la incomunicación total; el impedimento de comer o beber, durante 24 horas ; amenazas en contra de su integridad y la de su hija menor; su interrogatorio por funcionarios desconocidos ; la exposición a la prensa, esposada y acusada públicamente, por el fiscal y la policía, antes de concurrir a un tribunal; que fue obligada , bajo amenaza, a estampar sus huellas digitales en un registro de procedencia y destino desconocido; que se le prohibió llamar a sus familiares o a un abogado; y que se le tuvo de pie, por más de cuatro horas, en contra de una pared, a fin de conseguir su confesión.
Reiteramos, lo señalado al principio de este recurso. Si SS. Ilustrísimas, escuchan el audio, de la respectiva audiencia, constatarán, para vergüenza del Poder Judicial, que la jueza de garantía no sólo le niega, a Elena Varela, la oportunidad de expresarse , después de la formalización, como lo previene el artículo 232 del Código Procesal Penal, sino que, con posterioridad, se lo impide, groseramente, cuando, al pedirle la anuencia, para aceptar, a su defensora , Elena intenta denunciar los malos tratos a los que fue sometida.
Debemos recordar que, a la defensora de Elena Varela, se le permitió ingresar a la sala, después de transcurrida la mitad de la audiencia, con la condición que no discutiera la legalidad de la detención.
Por último, no deja de llamar la atención que un fiscal de Rancagua investigue y formalice por hechos ocurrido en Loncoche, el año 2004. Pareciera ser que en esta última ciudad no existe Ministerio Público o Tribunales de Garantía.
Por tanto, y en mérito del artículo 21 de la Constitución,
SÍRVASE SS. ILUSTRÍSIMA tener por interpuesto recurso de amparo a favor de Doña Elena Marisol Varela López, a fin se restablezca el imperio del Derecho y se otorgue la debida protección a la afectada.
OTROSÍ: Conferimos patrocinio y poder, en esta causa, a don Rubén Jerez Atenas, abogado habilitado, con domicilio en calle Sótero del Río N° 326, Oficina 605 , Santiago.
Sírvase SS. Ilustrísima tenerlo presente.
Elena Varela y las graves violaciones al trabajo documental
Carta de Francisco Gedda, de la Asociación de documentalistas de Chile:
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de "asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia". Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen, - en los hechos -, una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén con una cámara para un trabajo documental que estaban haciendo. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el consul francés evitó que eso ocurriera. Dos días fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko.
Coincidentemente con los casos anteriores, el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental Newen Mapuche fueron incautados por la Policía de Investigaciones. No hay razón alguna para que el documental Newen Mapu Che sea vinculado a los "supuestos" delitos anteriores de Elena Varela. Denunciamos la incautación de sus registros como una grave violación del derecho de autor. Atropella también gravemente el deber ético del documentalista, y por ende de la institucionalidad del estado, de proteger contra usos indebidos los testimonios registrados durante el proceso documental.
Es esencial que todos los chilenos exijamos respeto al trabajo periodístico y documental en general y particularmente a aquel que intenta amplificar la voz de las comunidades mapuches hasta ahora silenciada por los medios y el estado.
Debemos exigir para Elena Varela un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad mientras dure el proceso. Exigir también la continuidad del documental Newen Mapu Che, su desvinculación de los supuestos delitos de que se la acusa y el respeto integral a su derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición de que sean manipulados, revisados y usados por terceros.
Debemos respaldar además la forma en que actualmente el Fondo Audiovisual asigna recursos a producciones audiovisuales. Se trata de un instrumento transparente que asigna los premios, bajo criterios técnicos y artísticos, dejando de lado consideraciónes políticas y policiales. Por lo tanto, debemos rechazar la pretensión manifestada por autoridades de Gobierno y Parlamentarios de oposición de solicitar antecedentes penales a los postulantes a fondos de cultura .
Debemos exigir un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno y del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización.
En los próximos días diferentes organizaciones lideradas por la Plataforma Audiovisual de Chile impulsaran acciones y movilizaciones incluyendo recursos de amparo para proteger a Elena Varela y su trabajo documental.
Llamo a todo nuestro equipo de investigación y realización, amigos y compañeros de ruta documentalistas, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para lograr este objetivo.
Francisco Gedda
Elena Varela, documentalista, fue detenida el 7 de mayo en Licanray y acusada de "asociación ilícita par delinquir y de dos delitos de robo con violencia". Elena Varela se encontraba realizando un documental llamado Newen Mapuche con fondos concursables otorgados por el Fondo Audiovisual, -su temática es el conflicto mapuche con las empresas forestales-. Este documental, iniciado con posterioridad a los delitos que se le imputan, ha cumplido los requisitos establecidos por el Fondo Audiovisual.
Es el tercer caso de detención en los últimos dos meses de documentalistas que registran el conflicto declarado entre las empresas forestales que producen, - en los hechos -, una terrible agresión ambiental en Arauco y Malleco y los mapuches que defienden su derecho a vivir dignamente en sus territorios ancestrales. Dos periodistas franceses, Christopher Cyril Harrison y Joffrey Paul Rossj, fueron detenidos el 17 de marzo pasado en Collipulli, mientras filmaban a un werkén con una cámara para un trabajo documental que estaban haciendo. La policía requisó los equipos de filmación, así como las cintas que contenían el trabajo realizado hasta ese momento. Aunque hubo un intento de expulsión, el consul francés evitó que eso ocurriera. Dos días fueron agredidos en la calle junto al werkén por un grupo de doce personas. Algo similar ocurrió el sábado 3 de mayo con Giuseppe Gabriele y Dario Ioseffi, dos documentalistas italianos, en momentos en que hacían un registro audiovisual de una movilización mapuche en un predio de Forestal Mininco, reivindicado hace casi dos décadas por la Comunidad Chupilko.
Coincidentemente con los casos anteriores, el material de cámara, los archivos y documentos pertenecientes a la producción del documental Newen Mapuche fueron incautados por la Policía de Investigaciones. No hay razón alguna para que el documental Newen Mapu Che sea vinculado a los "supuestos" delitos anteriores de Elena Varela. Denunciamos la incautación de sus registros como una grave violación del derecho de autor. Atropella también gravemente el deber ético del documentalista, y por ende de la institucionalidad del estado, de proteger contra usos indebidos los testimonios registrados durante el proceso documental.
Es esencial que todos los chilenos exijamos respeto al trabajo periodístico y documental en general y particularmente a aquel que intenta amplificar la voz de las comunidades mapuches hasta ahora silenciada por los medios y el estado.
Debemos exigir para Elena Varela un juicio justo, la presunción de inocencia y la libertad mientras dure el proceso. Exigir también la continuidad del documental Newen Mapu Che, su desvinculación de los supuestos delitos de que se la acusa y el respeto integral a su derecho de autor para todo el proceso de creación. Y por último la devolución de todo el registro documental, archivos y documentos incautados y la prohibición de que sean manipulados, revisados y usados por terceros.
Debemos respaldar además la forma en que actualmente el Fondo Audiovisual asigna recursos a producciones audiovisuales. Se trata de un instrumento transparente que asigna los premios, bajo criterios técnicos y artísticos, dejando de lado consideraciónes políticas y policiales. Por lo tanto, debemos rechazar la pretensión manifestada por autoridades de Gobierno y Parlamentarios de oposición de solicitar antecedentes penales a los postulantes a fondos de cultura .
Debemos exigir un pronunciamiento formal y público de parte del Gobierno y del Consejo de las Artes y la Industria Audiovisual que incluya la defensa integral del trabajo periodístico y documental, de los derechos de autor involucrados y de la privacidad de los materiales audiovisuales registrados durante su realización.
En los próximos días diferentes organizaciones lideradas por la Plataforma Audiovisual de Chile impulsaran acciones y movilizaciones incluyendo recursos de amparo para proteger a Elena Varela y su trabajo documental.
Llamo a todo nuestro equipo de investigación y realización, amigos y compañeros de ruta documentalistas, a realizar todas las acciones que estén a su alcance para lograr este objetivo.
Francisco Gedda
¿POR QUÉ HABRÍA QUE HOMENAJEAR A ELENA VARELA EN EL DÍA DE LAS ARTES
Wednesday, 25 de June de 2008
En estos días, las autoridades de artes visuales del Consejo Nacional de
la Cultura y de las Artes proponen un mecanismo de votación para elegir,
de una lista de cinco, al artista que debe ser homenajeado en el Día de
las Artes Visuales.
Sin quitar mérito a los cinco artistas propuestos, cabe la duda de si,
en las circunstancias actuales corresponde homenajear a un operador
visual o a un operador de gestión institucional, mientras no se aclare
la situación de la documentalista Elena Varela, en prisión preventiva
desde el 7 de mayo en la cárcel de Rancagua, acusada de ser financista y
autora intelectual de dos asaltos.
Muchos colegas de Elena Varela han percibido con hastío el
comportamiento de la prensa escrita y de los noticieros de televisión,
en los que Elena Varela ya ha sido condenada, sin que medie juicio o
sentencia alguna. Respecto de este caso, así como lo ya lo ha hecho
recalcar Pablo Azocar, no es forzado el paralelo con la novela del
Premio Nobel alemán Heinrich Böll, El honor perdido de Katharina Blum.
¿De qué se trata aquí? De restituir el honor perdido de Elena Varela.
Para eso, es preciso que quienes vayan a votar por el artista o gestor
homenajeado de este año, en el Día de las Artes Visuales, voten por
Elena Varela, siendo esta puesta en visibilidad de su nombre y de su
caso, un gesto de reclamo, de exigencia de justicia, recurriendo a dos
argumentos:
1.- Colaborar en la administración de justicia. Esto significa,
manifestar una preocupación determinada frente a signos que indican la
ausencia de un juicio justo.
2.- Restituir la dignidad a los productores de imagen. Esto parece una
cuestión leguleya: distinguir, por ejemplo, entre material de cámara y
material editado. La cuestión de la autoría se resuelve en la puesta en
la producción de circulación. Los materiales de cámara pertenecen al
privado de la documentalista. Los materiales de cámara de un film de
ficción, ¿a quién pertenecen? Probablemente, a los financistas, a los
promotores de la industria del cine, a los productores? De todos modos,
la ficción apunta a disponer de productos sobre temas que son declarados
"opinables". Mientras que el documentalismo porta consigo las
condiciones de su condena, como registro de situaciones que son
declaradas, o pueden ser declaradas, objetos audiovisuales por cuyas
imágenes es posible imputar no solo a su operador de registro, sino
simplemente, a su portador.
Esta situación plantea el problema de la fragilidad de las imágenes, que
no son reconocidas como insumos para la industria de la noticia y de la
delación compensada que la acompaña. La fragilidad de las imágenes tiene
que ver con la posición vulnerable de quienes son objeto de un registro
que pone en escena la representación que las minorías, al interior del
universo ya tramado de las clases subalternas, se hacen de sí mismas.
Las imágenes secuestradas por la policía corresponden a compactos
sintomáticos de una desesperación social que se hace visible mediante la
corporalización de la palabra. La Agencia Nacional de Inteligencia -como
organismo cultural- busca reducir las responsabilidades de la
ruinificación de la imagen-de-si de un pueblo.
¿En que consiste el crimen de Elena Varela? En acoger la palabra y la
imagen de los que no tienen acceso ni a la palabra ni a la imagen; más
bien, su única condición accesible es ser producidos como abceso en las
construcciones ya fetichizadas de completud sin fractura de la
imagen-país. Es decir, lo que ha hecho Elena Varela ha sido construir el
estatuto de un testimonio elaborado como relación social. No se puede
emplear un medio tecnológico como el cine y/o el video documental sin
saber cuál es el riesgo antropológico que se corre, conociendo la
historia de las reglas del género, el trabajo del tiempo en las palabras
encarnadas.
Hay que pensar en que esas imágenes requisadas son las que reproducen
retratos y hablas de una gente cuyo discurso no debe ser conocido; es
decir, una gente que podría ser susceptible de ser re-calificada en sus
condiciones ciudadanas, como descarte. Más que nada, son puestos en esta
situación para ser, precisamente, imputados mediante fisuras legales,
para las que se requiere de un tiempo de incriminación consecuente.
Elena Varela es una víctima relevante de la criminalización de las
movilizaciones del pueblo mapuche. Elegirla como artista homenajeada en
el Día de las Artes Visuales significa interpelar a la autoridad
política, acerca del alcance de sus responsabilidades en la sustracción
de derechos, no ya de imagen, sino de ciudadanía.
http://www.justopastormellado.cl
En estos días, las autoridades de artes visuales del Consejo Nacional de
la Cultura y de las Artes proponen un mecanismo de votación para elegir,
de una lista de cinco, al artista que debe ser homenajeado en el Día de
las Artes Visuales.
Sin quitar mérito a los cinco artistas propuestos, cabe la duda de si,
en las circunstancias actuales corresponde homenajear a un operador
visual o a un operador de gestión institucional, mientras no se aclare
la situación de la documentalista Elena Varela, en prisión preventiva
desde el 7 de mayo en la cárcel de Rancagua, acusada de ser financista y
autora intelectual de dos asaltos.
Muchos colegas de Elena Varela han percibido con hastío el
comportamiento de la prensa escrita y de los noticieros de televisión,
en los que Elena Varela ya ha sido condenada, sin que medie juicio o
sentencia alguna. Respecto de este caso, así como lo ya lo ha hecho
recalcar Pablo Azocar, no es forzado el paralelo con la novela del
Premio Nobel alemán Heinrich Böll, El honor perdido de Katharina Blum.
¿De qué se trata aquí? De restituir el honor perdido de Elena Varela.
Para eso, es preciso que quienes vayan a votar por el artista o gestor
homenajeado de este año, en el Día de las Artes Visuales, voten por
Elena Varela, siendo esta puesta en visibilidad de su nombre y de su
caso, un gesto de reclamo, de exigencia de justicia, recurriendo a dos
argumentos:
1.- Colaborar en la administración de justicia. Esto significa,
manifestar una preocupación determinada frente a signos que indican la
ausencia de un juicio justo.
2.- Restituir la dignidad a los productores de imagen. Esto parece una
cuestión leguleya: distinguir, por ejemplo, entre material de cámara y
material editado. La cuestión de la autoría se resuelve en la puesta en
la producción de circulación. Los materiales de cámara pertenecen al
privado de la documentalista. Los materiales de cámara de un film de
ficción, ¿a quién pertenecen? Probablemente, a los financistas, a los
promotores de la industria del cine, a los productores? De todos modos,
la ficción apunta a disponer de productos sobre temas que son declarados
"opinables". Mientras que el documentalismo porta consigo las
condiciones de su condena, como registro de situaciones que son
declaradas, o pueden ser declaradas, objetos audiovisuales por cuyas
imágenes es posible imputar no solo a su operador de registro, sino
simplemente, a su portador.
Esta situación plantea el problema de la fragilidad de las imágenes, que
no son reconocidas como insumos para la industria de la noticia y de la
delación compensada que la acompaña. La fragilidad de las imágenes tiene
que ver con la posición vulnerable de quienes son objeto de un registro
que pone en escena la representación que las minorías, al interior del
universo ya tramado de las clases subalternas, se hacen de sí mismas.
Las imágenes secuestradas por la policía corresponden a compactos
sintomáticos de una desesperación social que se hace visible mediante la
corporalización de la palabra. La Agencia Nacional de Inteligencia -como
organismo cultural- busca reducir las responsabilidades de la
ruinificación de la imagen-de-si de un pueblo.
¿En que consiste el crimen de Elena Varela? En acoger la palabra y la
imagen de los que no tienen acceso ni a la palabra ni a la imagen; más
bien, su única condición accesible es ser producidos como abceso en las
construcciones ya fetichizadas de completud sin fractura de la
imagen-país. Es decir, lo que ha hecho Elena Varela ha sido construir el
estatuto de un testimonio elaborado como relación social. No se puede
emplear un medio tecnológico como el cine y/o el video documental sin
saber cuál es el riesgo antropológico que se corre, conociendo la
historia de las reglas del género, el trabajo del tiempo en las palabras
encarnadas.
Hay que pensar en que esas imágenes requisadas son las que reproducen
retratos y hablas de una gente cuyo discurso no debe ser conocido; es
decir, una gente que podría ser susceptible de ser re-calificada en sus
condiciones ciudadanas, como descarte. Más que nada, son puestos en esta
situación para ser, precisamente, imputados mediante fisuras legales,
para las que se requiere de un tiempo de incriminación consecuente.
Elena Varela es una víctima relevante de la criminalización de las
movilizaciones del pueblo mapuche. Elegirla como artista homenajeada en
el Día de las Artes Visuales significa interpelar a la autoridad
política, acerca del alcance de sus responsabilidades en la sustracción
de derechos, no ya de imagen, sino de ciudadanía.
http://www.justopastormellado.cl
DOCUMENTAL Y DEMOCRACIA
Si un director de documentales resuelve hacer una película sobre el movimiento palestino Hamás y para hacerlo recibe subvenciones o recursos económicos de varias cadenas de televisión de Estados Unidos o Europa (dinero público o privado) está en pleno derecho de filmar el proyecto cinematográfico que ha concebido sin tener que dar explicaciones a nadie y menos ser acusado de malversación de fondos, agredido, humillado y encarcelado como le ha ocurrido a la cineasta chilena Elena Varela por filmar a los indios mapuches, que no poseen ni remotamente las armas y las ideas de Hamás
Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia, Líbano, Tibet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales es filmar la realidad cualquiera que ella sea.
El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuches desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles. La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las cosas continúen adelante haciendo oídos sordos.
Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia, mientras acompañaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela? ¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene presa e incomunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas?
Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un estado de derecho? Me indigna que esto ocurra en mi país; mi indigna como cualquier demócrata en cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas: libertad para Elena Varela y la devolución de su material.
Patricio GUZMAN
París, 30 de mayo 2008
Esta misma libertad de imagen vale para los documentalistas que están haciendo películas sobre Afganistán, Córcega, Georgia, Irak, Bolivia, Bélgica, Chechenia, Líbano, Tibet, Cachemira y muchos otros lugares donde existen movimientos de reivindicación nacionalista, ya que el papel del cineasta que hace documentales es filmar la realidad cualquiera que ella sea.
El Estado chileno aplica una ley antiterrorista heredada del régimen de Pinochet para meter en la cárcel a Elena Varela por hacer una película documental que denuncia el robo de tierras y los malos tratos de que han sido víctimas los mapuches desde la creación de la República de Chile y antes por los españoles. La operación es sostenida por un gobierno débil que no hace nada; deja que las cosas continúen adelante haciendo oídos sordos.
Hace dos años la policía mexicana golpeó, robó, vejó sexualmente, encarceló y después expulsó del país a otra documentalista chilena, Valentina Palma, por estar filmando la represión policial en una comarca cerca de la capital. En aquella época encontré personalmente a la ministra de cultura, Paulina Urrutia, mientras acompañaba a la presidenta en la ciudad de Madrid. Le entregué un sobre con todos los antecedentes del caso, pero no pasó nada. El gobierno de Chile no pudo reclamar nada al gobierno mexicano. ¿Ahora pasa lo mismo con Elena Varela? ¿Quién tiene las pruebas de que Elena Varela es asaltante de bancos o guerrillera como dicen las autoridades de la justicia? ¿Por qué se la mantiene presa e incomunicada? ¿Por qué la policía actúa como si detrás del documental de Elena Varela se escondiera un complot de alcance nacional? ¿Es que en los profundos bosques mapuches se oculta un ejército de liberación que está preparando el asalto a Santiago? ¿Cómo es posible que la policía use las imágenes de Elena Varela para acusar más tarde a los participantes del documental como delincuentes? ¿No tienen ellos derecho a expresar sus ideas?
Todo ello deja al desnudo una alarmante falta de libertad de expresión, revela unos procedimientos de la justicia y unas fuerzas del orden público que usan métodos propios de una dictadura y no las vías de un país democrático. ¿Cómo es posible que no seamos capaces de terminar con las conductas dictatoriales en un país que se considera moderno y dinámico, soberano y con un estado de derecho? Me indigna que esto ocurra en mi país; mi indigna como cualquier demócrata en cualquier parte del mundo. Me sumo a las exigencias de mis colegas cineastas: libertad para Elena Varela y la devolución de su material.
Patricio GUZMAN
París, 30 de mayo 2008
4/7/2008 Universidad de Chile realiza foro discusión sobre caso de documentalista Elena Varela
Universidad de Chile
El Instituto de la Comunicación e Imagen llevará a cabo esta actividad, de plena contingencia y cercanía con el quehacer profesional periodístico y documental, con el objetivo de informar y analizar desde diversas perspectivas el caso de la detención de Varela. El evento se realizará hoy viernes 4 de julio, a partir de las 18 horas.
Con el objetivo de informar en profundidad acerca del caso de la detención de la documentalista Elena Varela, y las consecuencias que su situación genera en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión y la protección de las fuentes, la carrera de Cine y Televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile ha convocado a especialistas y representantes de diversas vertientes, quienes expondrán sobre la gravedad del caso en este foro abierto a toda la comunidad.
La actividad, que pretende disminuir, en parte, el grave sesgo y censura informativa que ha rodeado el caso, se iniciará con la exposición de Mauricio Durán, quien fuera productor ejecutivo de Elena Varela. Él nos introducirá a una breve biografía de Elena y a las sinopsis de las obras en progreso de la documentalista: "Los sueños del comandante" y "Newen Mapu Che".
Posteriormente, expondrá Francisco Gedda, representante de ADOC-Chile para La Plataforma Audiovisual, grupo de organizaciones que han estado batallando por poner el tema en el debate público. Continuarán las exposiciones con los comentarios de Paulina Acevedo, en representación del "Observatorio de Derechos de los pueblos indígenas". También se ha invitado a un representante de la "Plataforma ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación", organización civil que ha realizado diversas acciones masivas en defensa de Elena Varela.
Las alocuciones concluirán con el análisis del profesor Gustavo González, coordinador del Programa de Libertad de Expresión del ICEI, unidad que ha insistido en el hecho de que la detención de Elena Varela constituye, al menos, una grave limitación al ejercicio de la libertad de expresión. Posterior a las exposiciones, se abrirá el diálogo al público presente.
Programa
18 horas: Presentación
-Presentación del caso, a cargo de Mauricio Durán, productor ejecutivo de “Ojo films”, empresa productora creada por Elena Varela, para el desarrollo de sus proyectos documentales.
-Visionado: Sinopsis de sus dos documentales en progreso: “Los sueños del comandante” y “Newen Mapu Che”.
18:20 horas: Exposiciones
-La perspectiva del mundo audiovisual, a cargo de Francisco Gedda, representante de la Plataforma Audiovisual.
-La perspectiva del mundo de los derechos indígenas, a cargo de Paulina Acevedo, representante de Observatorio de Derechos Indígenas.
-La perspectiva de la ciudadanía, a cargo de “Plataforma Ciudadana por la libertad de expresión y creación”.
-La perspectiva del periodismo a cargo de Gustavo González, coordinador del Programa de Libertad de Expresión, ICEI, U de Chile.
19 horas: Debate del público.
19:45: Cierre.
Edición: Universia / RR
El Instituto de la Comunicación e Imagen llevará a cabo esta actividad, de plena contingencia y cercanía con el quehacer profesional periodístico y documental, con el objetivo de informar y analizar desde diversas perspectivas el caso de la detención de Varela. El evento se realizará hoy viernes 4 de julio, a partir de las 18 horas.
Con el objetivo de informar en profundidad acerca del caso de la detención de la documentalista Elena Varela, y las consecuencias que su situación genera en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión y la protección de las fuentes, la carrera de Cine y Televisión del Instituto de la Comunicación e Imagen (ICEI) de la Universidad de Chile ha convocado a especialistas y representantes de diversas vertientes, quienes expondrán sobre la gravedad del caso en este foro abierto a toda la comunidad.
La actividad, que pretende disminuir, en parte, el grave sesgo y censura informativa que ha rodeado el caso, se iniciará con la exposición de Mauricio Durán, quien fuera productor ejecutivo de Elena Varela. Él nos introducirá a una breve biografía de Elena y a las sinopsis de las obras en progreso de la documentalista: "Los sueños del comandante" y "Newen Mapu Che".
Posteriormente, expondrá Francisco Gedda, representante de ADOC-Chile para La Plataforma Audiovisual, grupo de organizaciones que han estado batallando por poner el tema en el debate público. Continuarán las exposiciones con los comentarios de Paulina Acevedo, en representación del "Observatorio de Derechos de los pueblos indígenas". También se ha invitado a un representante de la "Plataforma ciudadana por la Libertad de Expresión y Creación", organización civil que ha realizado diversas acciones masivas en defensa de Elena Varela.
Las alocuciones concluirán con el análisis del profesor Gustavo González, coordinador del Programa de Libertad de Expresión del ICEI, unidad que ha insistido en el hecho de que la detención de Elena Varela constituye, al menos, una grave limitación al ejercicio de la libertad de expresión. Posterior a las exposiciones, se abrirá el diálogo al público presente.
Programa
18 horas: Presentación
-Presentación del caso, a cargo de Mauricio Durán, productor ejecutivo de “Ojo films”, empresa productora creada por Elena Varela, para el desarrollo de sus proyectos documentales.
-Visionado: Sinopsis de sus dos documentales en progreso: “Los sueños del comandante” y “Newen Mapu Che”.
18:20 horas: Exposiciones
-La perspectiva del mundo audiovisual, a cargo de Francisco Gedda, representante de la Plataforma Audiovisual.
-La perspectiva del mundo de los derechos indígenas, a cargo de Paulina Acevedo, representante de Observatorio de Derechos Indígenas.
-La perspectiva de la ciudadanía, a cargo de “Plataforma Ciudadana por la libertad de expresión y creación”.
-La perspectiva del periodismo a cargo de Gustavo González, coordinador del Programa de Libertad de Expresión, ICEI, U de Chile.
19 horas: Debate del público.
19:45: Cierre.
Edición: Universia / RR
Documentalista Elena Varela recurrirá a la CIDH
En conversación Con todo derecho, el cineasta y ex director de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad de Chile, Francisco Gedda, se refirió a la persecusión que ha sufrido la documentalista Elena Varela, y al apoyo que artistas y la Universidad Diego Portales dieron al pedir la intercesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Desde su aprehensión a comienzos de mayo, la causa por la libertad de Varela no ha parado de sumar apoyos. Primero fue la Asociación de Documentalistas de Chile, y luego Reporteros Sin Fronteras, los que pidieron al gobierno revisar "las causas profundas de la detención" y la devolución de todo el material requisado. Durante el homenaje que la Presidenta Bachelet rindió a Salvador Allende el jueves 26 de junio, un grupo de artistas y escritores entre los que se encontraban Pedro Lemebel, hicieron una muda protesta vistiendo simultáneamente una polera blanca con la consigna "¡Libertad para Elena Varela!".
Este miércoles el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales anunció que estudia una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estimar que se violaron los derechos fundamentales de la creadora audiovisual, al ser detenida por más de cuarenta policías, incomunicada en la cárcel de Rancagua, y violado su material de trabajo para el documental Newen Mapuche, sobre los conflcitos entre las comunidades indígenas y las empresas forestales.
La CIDH sólo posee una caracter consultivo y puede hacer recomendaciones al Estado chileno, pero una vez agotadas todas las instancias judiciales chilenas, la causa puede pasar a la Corte Intermericana, la cual sí podría fallar en forma condenatoria contra la actuación de la justicia nacional.
Los documentalistas se han quejado de que carecen de la debida protección de la fuente que poseen los periodistas, por lo que cuando sus grabaciones caen en manos de la policía pueden ser usadas como evidencia, afectando la libertad de expresión y violando las garantías constitucionales como lo aseguró Francisco Gedda.
Desde su aprehensión a comienzos de mayo, la causa por la libertad de Varela no ha parado de sumar apoyos. Primero fue la Asociación de Documentalistas de Chile, y luego Reporteros Sin Fronteras, los que pidieron al gobierno revisar "las causas profundas de la detención" y la devolución de todo el material requisado. Durante el homenaje que la Presidenta Bachelet rindió a Salvador Allende el jueves 26 de junio, un grupo de artistas y escritores entre los que se encontraban Pedro Lemebel, hicieron una muda protesta vistiendo simultáneamente una polera blanca con la consigna "¡Libertad para Elena Varela!".
Este miércoles el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales anunció que estudia una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estimar que se violaron los derechos fundamentales de la creadora audiovisual, al ser detenida por más de cuarenta policías, incomunicada en la cárcel de Rancagua, y violado su material de trabajo para el documental Newen Mapuche, sobre los conflcitos entre las comunidades indígenas y las empresas forestales.
La CIDH sólo posee una caracter consultivo y puede hacer recomendaciones al Estado chileno, pero una vez agotadas todas las instancias judiciales chilenas, la causa puede pasar a la Corte Intermericana, la cual sí podría fallar en forma condenatoria contra la actuación de la justicia nacional.
Los documentalistas se han quejado de que carecen de la debida protección de la fuente que poseen los periodistas, por lo que cuando sus grabaciones caen en manos de la policía pueden ser usadas como evidencia, afectando la libertad de expresión y violando las garantías constitucionales como lo aseguró Francisco Gedda.
lunes, 28 de julio de 2008
miércoles, 18 de junio de 2008
carta tipo respaldo a Elena Varela
Señora Presidenta, Señora Ministra de Cultura, Señor Ministro del Interior
Le escribo para expresar mi grave preocupación por el arresto de la documentalista Elena Varela López, en lo que parece ser un intento de intimidación tanto de ella así como de activistas Mapuche, comprometidos en la defensa de los Derechos de los pueblos indígenas.
Pido a las autoridades que garanticen la seguridad de Elena Varela, la integridad de su obra; se proteja a las personas mencionadas en los documentos confiscados por la policía en el arresto de Elena Varela; y que no se hostigue más a quienes defienden los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Les hago notar la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el uso de la legislación anti-terrorista contra integrantes de la comunidad Mapuche, y solicito que Chile, como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, respete y haga valer los Derechos Humanos de todas las personas.
Atentamente,
..........................................................
Le escribo para expresar mi grave preocupación por el arresto de la documentalista Elena Varela López, en lo que parece ser un intento de intimidación tanto de ella así como de activistas Mapuche, comprometidos en la defensa de los Derechos de los pueblos indígenas.
Pido a las autoridades que garanticen la seguridad de Elena Varela, la integridad de su obra; se proteja a las personas mencionadas en los documentos confiscados por la policía en el arresto de Elena Varela; y que no se hostigue más a quienes defienden los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Les hago notar la preocupación expresada por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el uso de la legislación anti-terrorista contra integrantes de la comunidad Mapuche, y solicito que Chile, como miembro electo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, respete y haga valer los Derechos Humanos de todas las personas.
Atentamente,
..........................................................
martes, 17 de junio de 2008
La Elena Varela que yo conozco, gran amiga, exelente artísta y exitosa gestora cultural.
Por Guiñez
Conocí a Elena, un día de otoño por el año ……..mmmm creo que 94 o 95.
Decidido a incrementar mis ingratos ingresos de joven músico profesional, me encamine a la única academia artística que existía en Maipú con el ánimo de proponerle a quien fuera que la dirigiera, la creación de una orquesta con los instrumentistas de la escuela. Unos días antes había sido invitado con mi por ese entonces joven grupo “Vejara” , a participar de una tocata en la academia, de inmediato, sentí que el lugar tenia algo especial del que yo quería ser parte.
La directora de la academia, acogió con entusiasmo mi proposición invitándome a integrarme de inmediato al trabajo en la ”Escuela de todas las Artes”. Mi formación como maestro de música comenzó ahí.
Fueron tantos los alumnos que tuve, que no puedo ni cerca recordarlos, muchos niños talentosos dando sus primeros pasos en la música, jóvenes animados de encontrar un lugar para poder aprender algún instrumento y quizás luego luchar por ser un artista profesional, adultos románticos, cumpliendo sus sueños de poder cantar al son de una guitarra.
Trabaje con Elena varios años e incluso llegue a dirigir la Escuela de Todas Las Artes tratando de darle algunos años mas a ese invaluable proyecto, cuando Elena ya estaba decidida a radicarse en el sur y comenzar su trabajo audiovisual sobre el pueblo mapuche.
Elena junto con dar trabajo a varios profesores de instrumentos musicales, también lograría tener en su academia alumnos de Teatro, Artes Plásticas y Danza, logrando concretar un proyecto de artes integradas del cual también forme parte. Elena sin la ayuda de nadie, siempre justa en su trato, con un gran amor por el arte y una energía que siempre sobrepasaba a sus pretendientes, logro por largos años acercar el arte como trabajo y como aprendizaje a un millar de personas.
Mi amistad con Elena me llevo a colaborar con ella en sus primeros proyectos audiovisuales, sonorizando y musicalizando sus primeros trabajo. Nuestra sociedad artística continua hasta hoy. Me encuentro musicalizando su documental Newen Mapu Che, proyecto que Elena lleva adelante desde unos tres a cuatro años. He visto como se ha desarrollado el proyecto, la creación y adaptación del guión, la participación en los fondos estatales para el desarrollo de este documental y el profesionalismo conque este se ha desarrollado, Elena es una líder artística y una exitosa gestora cultural, es una mujer fuerte que no soporta la injusticia la lamngen que a querido denunciar a través de este documental, la cruda realidad del pueblo mapuche y la indiferencia de el estado chileno para con los pueblos originarios.
A un mes y dias del injusto encarcelamiento de Elena y de la requisición de todo su material
documental, con la misma convicción que no lleva a jamás claudicar en nuestra lucha por la cultura y la libertad, los artistas, maestros de instrumentos y productores con sentido y razón, exigimos su inmediata libertad y la recuperación de todo su material.
Nuestro trabajo debe ser terminado¡¡¡
Cuando la causa es justa
El Estado se asusta?
Conocí a Elena, un día de otoño por el año ……..mmmm creo que 94 o 95.
Decidido a incrementar mis ingratos ingresos de joven músico profesional, me encamine a la única academia artística que existía en Maipú con el ánimo de proponerle a quien fuera que la dirigiera, la creación de una orquesta con los instrumentistas de la escuela. Unos días antes había sido invitado con mi por ese entonces joven grupo “Vejara” , a participar de una tocata en la academia, de inmediato, sentí que el lugar tenia algo especial del que yo quería ser parte.
La directora de la academia, acogió con entusiasmo mi proposición invitándome a integrarme de inmediato al trabajo en la ”Escuela de todas las Artes”. Mi formación como maestro de música comenzó ahí.
Fueron tantos los alumnos que tuve, que no puedo ni cerca recordarlos, muchos niños talentosos dando sus primeros pasos en la música, jóvenes animados de encontrar un lugar para poder aprender algún instrumento y quizás luego luchar por ser un artista profesional, adultos románticos, cumpliendo sus sueños de poder cantar al son de una guitarra.
Trabaje con Elena varios años e incluso llegue a dirigir la Escuela de Todas Las Artes tratando de darle algunos años mas a ese invaluable proyecto, cuando Elena ya estaba decidida a radicarse en el sur y comenzar su trabajo audiovisual sobre el pueblo mapuche.
Elena junto con dar trabajo a varios profesores de instrumentos musicales, también lograría tener en su academia alumnos de Teatro, Artes Plásticas y Danza, logrando concretar un proyecto de artes integradas del cual también forme parte. Elena sin la ayuda de nadie, siempre justa en su trato, con un gran amor por el arte y una energía que siempre sobrepasaba a sus pretendientes, logro por largos años acercar el arte como trabajo y como aprendizaje a un millar de personas.
Mi amistad con Elena me llevo a colaborar con ella en sus primeros proyectos audiovisuales, sonorizando y musicalizando sus primeros trabajo. Nuestra sociedad artística continua hasta hoy. Me encuentro musicalizando su documental Newen Mapu Che, proyecto que Elena lleva adelante desde unos tres a cuatro años. He visto como se ha desarrollado el proyecto, la creación y adaptación del guión, la participación en los fondos estatales para el desarrollo de este documental y el profesionalismo conque este se ha desarrollado, Elena es una líder artística y una exitosa gestora cultural, es una mujer fuerte que no soporta la injusticia la lamngen que a querido denunciar a través de este documental, la cruda realidad del pueblo mapuche y la indiferencia de el estado chileno para con los pueblos originarios.
A un mes y dias del injusto encarcelamiento de Elena y de la requisición de todo su material
documental, con la misma convicción que no lleva a jamás claudicar en nuestra lucha por la cultura y la libertad, los artistas, maestros de instrumentos y productores con sentido y razón, exigimos su inmediata libertad y la recuperación de todo su material.
Nuestro trabajo debe ser terminado¡¡¡
Cuando la causa es justa
El Estado se asusta?
Manejos oscuros de los servicios de inteligencia chilenos
Ernesto Carmona
Mapocho Express
La cinematografista Elena Marisol Varela López, 42 años, ignoraba que la “inteligencia” chilena seguía sus pasos y la fotografiaba cada vez que entrevistaba personajes para su documental Newen Mapuche ("Energía del universo mapuche" en lengua mapudungu), en particular cuando conversaba con un joven dirigente indígena prófugo de la Justicia. Cree que fue sindicada como cabecilla de una “organización terrorista” bastante compleja y rebuscada, según la descripción de sus acusadores, simplemente por su capacidad intelectual y su simpatía por la reivindicación de tierras de la etnia mapuche. Permanece en prisión preventiva, sin derecho a libertad bajo fianza mientras sigue “la investigación”, más o menos como los cautivos de Guantánamo. Los acusadores deberían comprobar los cargos en 6 meses, pero la Justicia suele prorrogar a discreción estos plazos. La incriminación de Varela López en dos asesinatos, el asalto a una agencia del Banco del Estado y a una sucursal del Instituto de Normalización Previsional (INP), tiene toda la apariencia de un montaje de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fabricado durante tres años en una llamada “Operación Paciencia”, probablemente en connivencia con la Fiscalía de la zona indígena, en la Octava Región de la Araucanía. La prisión “preventiva” dictada por la jueza Andrea Urbina –“para que la Fiscalía investigue”– ocurre bajo el “estado de derecho” de un país con un gobierno “socialista”, donde están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario de gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritaría una autorización del Congreso Nacional.
¿“Gobierno ciudadano” o “gobierno represivo”? “No participé en ningún crimen, soy inocente de los cargos; no he asaltado bancos ni matado gente; sólo soy una mujer de izquierda con cierta capacidad intelectual para hacer documentales de memoria histórica y de derechos humanos”, declaró la realizadora Varela López, cuando la directiva del Colegio de Periodistas de Chile la visitó el sábado 7 de mayo 2008 en el Complejo Penitenciario de Rancagua, la nueva cárcel privatizada. “No tienen nada que me vincule… Ha sido terrible, pero estoy bien; no he tenido participación en ninguna cosa; es insensato”, dijo. “Las otras dos mujeres tampoco: es un montaje al estilo de antes, de los tiempos de dictadura, con medidas ilícitas para la democracia y vigilancia de inteligencia para justificar una supuesta red de insurgencia”, añadió la autora de documentales. Un periodista no tiene por qué creerle de buenas a primeras a una inculpada, aunque ésta sea documentalista, en cierto modo una profesión afín. Su tarea es informar, en lo posible desde todos los ángulos; no juzgar –como ya lo hizo con Varela la mayoría de la prensa chilena– y tampoco servir de caja de resonancia de terceros, incluyendo a la policía, los servicios secretos del Estado y el controvertido ministerio Público de la zona mapuche ocupada hace varios años por fuerzas militarizadas de Carabineros de Chile sin que se haya producido ningún debate público sobre la deuda histórica de tierras indígenas y esta virtual situación de guerra sucia interna, demasiado parecida a la ocupación de Palestina. Pero después de una larga conversación con esta mujer izquierdista, su versión resulta plausible y mucho más convincente que la acusación tan ligeramente santificada como verdad absoluta por la prensa y la televisión chilenas. Los medios locales suelen juzgar por su cuenta mucho antes que la Justicia dicte sentencias definitivas, pero cuando éstas aparecen los casos yacen sepultados en el olvido más recóndito. Las víctimas de este “terrorismo mediático” muchas veces se calan años de cárcel sin que se repare su honorabilidad gratuitamente destruida por los medios y ciertos periodistas. La gran prensa jamás pide disculpas. Tampoco le gusta que la critiquen.
¿Qué es la ANI? La ANI en una entidad secreta de “inteligencia” creada recientemente a imagen y semejanza del FBI/CIA para la lucha interna contra “el terrorismo”, en estos tiempos “democráticos”, que no impiden al Estado Chile librar su guerra semisecreta contra la etnia mapuche bajo el disfraz mediático de la lucha “antiterrorista”. La legislación que ampara los procedimientos arbitrarios contra los “delitos mapuche” es la Ley Antiterrorista Nº 18.314, dictada el 17 de mayo de 1984 por el “poder legislativo” de la dictadura de Augusto Pinochet, a fin de determinar –y combatir– “las conductas terroristas” de sus adversarios. Puede ser una coincidencia fortuita que esos “adversarios” de ayer sean hoy son más o menos las mismas personas que gobiernan al país. Dictada en una pequeña habitación de La Moneda por dos o tres “legisladores” designados a dedo por el dictador, la normativa “antiterrorista” ha sido modificada –y por consiguiente, legitimada “en democracia”, al igual que la Constitución de Pinochet de 1980. Ha sido una ley prácticamente “premonitoria” porque se parece demasiado a la “Patriot Act” y demás normas autoritarias establecidas por George Bush II después de los atentados del 11 de septiembre 2001.
El grupo “terrorista” Elena Varela enfrenta acusaciones bastante pesadas. La primera, ampliamente difundida por la prensa, es que lidera una célula terrorista mirista, o sea, del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. El fiscal de Rancagua, Servando Joaquín Pérez Ojeda, la acusó formalmente el 8 de mayo –fue arrestada el día anterior– de conformar, con otros imputados [en ésta y en las sucesivas citas se incluyen las incoherencias de lenguaje, faltas de ortografía y sintaxis del texto original] “una organización cuyo objetivo es cometer robos con intimidación en lugar en que se encuentren grandes sumas de dineros en efectivo como Bancos, Agencias de INP o camiones de valores, dinero que es destinado al beneficio propio y a la mantención de lo que ellos llaman un trabajo político como la colocación de bombas y la ayuda a chilenos detenidos en el extranjero como el señor Hernández Norambuena”. Se trata de “asociación ilícita para delinquir”, según la Ley Antiterrorista. Hay ciertas incoherencias. Por ejemplo, “el señor [Mauricio] Hernández Norambuena”, 50 años, pertenece –o pertenecía– al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, distinto al MIR y más cercano al Partido Comunista. Se escapó espectacularmente en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad de Santiago el 30 de diciembre de 1996, junto a otros tres presos, y actualmente cumple en Brasil una condena a 30 años por el secuestro del empresario Washington Olivetto. El segundo delito imputado a Varela fue un intento de robo con homicidio, donde hubo cuatro muertos, dos asaltantes y dos guardias, sin que el hurto llegara a consumarse: "Los cuatro imputados nombrados [Kenny Sánchez, Elena Varela, Sergio Reyes y Leticia Cárdenas], más entre otros el prófugo Juan Moreno Venegas y los fallecidos Alfredo Hermosilla y Carlos Aedo, se concertaron para atacar una plaza de pagos del INP, ubicado en la Comuna de Machalí, el 10 de junio del año 2005 se desarrollaba en dicho lugar un pago de pensionados, afiliados a la Institución Provisional mencionada en un Recinto Municipal". La formalización del Fiscal añade: “Custodiaba el lugar un guardia de Prosegur Jaime Labraña Horta y también se encontraba en el lugar un particular Evaristo Moreno Carrasco, irrumpió en dicho recinto un grupo armado con la finalidad de apropiarse de los $80.000.000 [160.000 dólares], en efectivo que ahí se encontraban, dispararon al guardia y también a Moreno Carrasco que intentó auxiliar al primero y ambos estas víctimas fallecieron a consecuencia de los disparos. El guardia, esto es Labraña, alcanzó a repeler el ataque y disparar a los asaltantes, falleciendo en el lugar el delincuente Alfredo Hermosilla Candia y siendo encontrado fallecido en Peñaflor, Carlos Aedo Videla, otro asaltante abandonado en la vía pública por sus compañeros”. Machalí se encuentre a 100 km al norte de Santiago, cerca de Rancagua. Pero Varela bien pudo soportar la incomodidad de un viaje de 900 km con tal de delinquir, porque tiene domicilio en Los Laureles N° 31, Lican Ray, Villarrica, 800 km al sur de Santiago. Trabajaba como encargada de cultura en Pucón, a 25 km de su residencia, o sea, era empleada pública, funcionaria del ministerio de Cultura. Un tercer delito fue el asalto a una oficina del BancoEstado, donde ayudó a llevarse 20 millones, unos 40.000 dólares. “El día 20 de diciembre de 2004 –reza la formalización de cargos–, a eso de las 09:00 horas, las personas ya indicadas [Kenny Sánchez, Elena Varela, Sergio Reyes y Jorge Pineda] junto a otros individuos entre ellos Cristian San Martín Morales y Carlos Aedo, llegaron hasta la localidad de Loncoche en la Región de la Araucanía, irrumpieron en el Banco del Estado de esa localidad e intimidaron a los empleados y al público que se encontraba en el lugar, los intimidaron con armas de fuego y a un guardia le dispararon e hirieron, causándole heridas menos graves y de esta forma consiguieron apropiarse de $20.000.000, que era parte del dinero que mantenía la Institución Bancaria, Pineda ingresó armado al lugar, Sánchez y Reyes se mantuvieron en las inmediaciones, en los vehículos para la huida. La cuarta imputada mencionada por este delito la Sra. Varela participó en la planificación del delito y en el ocultamiento de los autores materiales”. El Fiscal Pérez Ojeda, quien aspira a la jefatura de la Fiscalía en la VI Región de O’Higgins –Rancagua–, dejó constancia de otro delito que afecta a Flor Domínguez, ex encargada de Cultura en Ercilla, 600 km al sur de Santiago, en plena zona mapuche. Domínguez es la única persona entre los inculpados a quien Varela dice haber conocido en seminarios y reuniones regionales del sector Cultura y de la burocracia del Estado en la zona. “El Fiscal –añade la acusación– hace presente que existe un cuarto delito por el cual ya se ha comunicado la investigación respecto del Señor Kenny Sánchez y la Sra. Flor Domínguez, se investiga también su participación en el delito de Tenencia de armas de fuego, dos armas cortas que fueron las precisamente ubicadas el día de ayer 07 de mayo de 2008, en el domicilio que ellos comparten en Ercilla y lo que justifica la existencia de este cuarto delito es precisamente el haber hallado estas armas en el domicilio que tienen a su cargo”.
¿Quién es Elena Varela? Los antecedentes de Elena Varela se relacionan más con el arte y la cultura que con “terrorismo”, “mirismo” o “frentismo”. Se describe como una mujer de ideas de izquierda y como muchos otros ciudadanos de este país observa con preocupación la inexistencia de una política seria del Estado Chile –y de la gran prensa– frente a las demandas de la etnia mapuche, a pesar de los continuos reclamos de organizaciones locales y extranjeras de derechos humanos, entre ellos el Consejo de DDHH de Naciones Unidas. Según el censo de 2002, el 4,6% de los habitantes de Chile pertenece a etnias y el 87,4% de esa población indígena es mapuche. El 33% vive en la Novena Región de la Araucanía, en tanto el 30,3 reside en Santiago. Es decir, se trata de unas 200.000 personas que viven en la Araucanía, donde 10 años antes residía el 52% de los mapuches, según lel censo de 1992. La estrategia de todos los gobiernos pareciera consistir en ganar tiempo hasta que los mapuches se extingan por completo para seguir aprovechando sus tierras hasta la eternidad. Varela Escribe, produce y dirige documentales, es compositora y gestora cultural, encabeza la Productora Ojo Films, fue fundadora de la Escuela de Todas las Artes y de la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli, en la llamada Araucanía. Después del asesinato del mapuche Alex Lemus, de 17 años, herido de muerte por Carabineros en la represión de una manifestación por tierras el 7 de noviembre de 2002, la realizadora comenzó investigar los orígenes del conflicto del pueblo mapuche con el Estado, como lo han hecho otros cinematografistas, intelectuales e historiadores. Así concibió la idea del documental Newen Mapuche, 90 minutos, terminado en 2007, con apoyo financiero parcial otorgado en 2005 por el Fondo Audiovisual de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Varela trabajó con un equipo integrado por Joel Zúñiga, asistente de dirección; Flor Rubina, productora ejecutiva; Eduardo Ramírez, productor; Mauricio Durán, asistente de producción y producción periodística; Inti Briones, director de fotografía; Boris Herrera, sonido; Javier Guiñes Gaona, música original; y Paula Talloni, montaje. Varias de estas personas fueron detenidas, como asimismo algunos entrevistados por la documentalista. Newen Mapuche también fue uno de los diez proyectos seleccionados para el festival DocSantiago 2007, un evento del Santiago III Festival Internacional de Cine, SANFIC3, por estimarse que indaga en las causas y efectos del actual conflicto entre las comunidades indígenas y las empresas forestales. DocSantiago 2007 fue un encuentro de productores y realizadores interesados en obtener financiamiento de la televisión para sus proyectos.
Despojo policíaco En sus indagaciones, Varela entrevistó varias veces a un dirigente clandestino que le dio claves e información para comprender el conflicto, en particular el crecimiento del sector forestal que durante los últimos 30 años ha ganado decenas de miles de millones de dólares exportando celulosa extraída del bosque del territorio indígena. El entrevistado explicó las razones que consideró su organización, presuntamente la Coordinadora Arauco-Malleco, para adoptar una política radical en su lucha por las tierras, en sintonía con la cosmovisión mapuche. También influyó la desilusión ante el fracaso de la Ley 19.253 de “apoyo indígena en Chile”, un paño de agua tibia promulgado en 1993 por el gobierno de Patricio Aylwin. El documental la hizo viajar por la zona en conflicto, visitó comunidades mapuche, registró relatos de atropellos y conoció de cerca la reivindicación de las tierras ancestrales arrebatadas a los indígenas en un proceso de 500 años que todavía continúa. Junto con arrestarla, la policía le incautó sus pertenencias, objetos de arte y muchísimo material de trabajo, por ejemplo las cintas de "Sueños del Comandante”, otro proyecto documental cuya investigación y guión fue financiada con un Fondo CORFO 2006. Estas cintas contienen testimonios de familiares de las víctimas y sobrevivientes de las matanzas de la dictadura en Liquiñe, Panguipulli, en 1973, e imágenes de la represión posterior al episodio de la “guerrilla de Neltume”, de la década de 1980. Varela dijo que “relata la historia del Complejo Maderero Panguipulli, el Movimiento Obrero Campesino, la Caravana de la Muerte y la guerrilla del MIR en los ‘80”, episodio conocido como la guerrilla de Neltume, en el sur de Chile. “Todo esto, todo este trabajo, todas las cintas con entrevistados, ha sufrido la misma experiencia, han sido requisados por la Policía de Investigaciones”, dijo. “Ha sido requisado todo tipo de material audiovisual, grabaciones, entrevistas, material de artes, como, banderas de épocas, lienzos, afiches y otros”, explicó Varela. “Así también material escrito, guión, diarios y libros, entrevistas a ex militantes, mapuches y otros como presos y dirigentes”. En una dramática carta que dirigió al Consejo de la Cultura y las Artes y al Fondo Audivisual, Varela clamó porque le devuelvan sus cosas: “Junto con esto, el resguardo de material fílmico, la devolución de todas las cintas, celuloides, equipos de filmación y sonido requisado, los materiales de artes que han sido mal utilizados para desprestigiar este hermoso proyecto y mi labor como documentalista, como armas de juguetes, disfraces, banderas, lienzos, platería mapuche, megáfonos, celulares, cámaras fotográficas, fotos, escritos, guiones e investigación escrita, información de currículum, facturas de la empresa, comprobantes de compra de nuestros materiales y otros gastos, los que han sido requisados y que involucran este proyecto”. Elena piensa que la ANI comenzó a seguirle los pasos con la “Operación Paciencia” cuando supo que había entrevistado al joven mapuche clandestino, porque al interrogarla y maltratarla le mostraron “pruebas” o fotografías donde aparece con personas con quienes efectivamente conversó, pero también le exhibieron fotos trucadas, o “photoshopeadas”, en que su rostro figura entre los miembros de la plana mayor de la Coordinadora. Varela se encuentra encerrada en una celda aislada, sin calefacción, bajo temperaturas inferiores al grado cero, sin luz, sin comunicación con el exterior, sin derecho a leer o ver las noticias. En la recepción del penal existe una instrucción para el personal de Gendarmería que logramos leer cuando ingresamos: “No dar absolutamente ninguna información sobre los siguientes presos”, rezaba más o menos el texto. Entre los nombres figuraba el de Varela. –¿Por qué piensas que te acusaron precisamente a tí?–, le pregunté. Se quedó pensando un instante. Después de muchas dificultades, porque la autorización primero no había llegado y después apareció una para el día siguiente, logramos conversar con ella en una salita, tras pasar rejas, censores electrónicos, cacheo y otros controles, todo esto sin maletines, celulares, grabadores ni cámaras. La visitamos Luis Conejeros, presidente nacional del Colegio de Periodistas; Tebni Enrique Pino, secretario general, y el autor de esta nota, consejero nacional. Afuera había un sol radiante, pero adentro hacía frío y se sentía la humedad típica de una edificación relativamente nueva. Elena estaba abrigada con un suéter de lana. –Creo que me eligieron porque piensan que soy la única persona que tiene capacidad intelectual y organizativa como para liderar un grupo, dado mis antecedentes de documentalista y fundadora de entidades culturales–, respondió.
Secreto profesional Varela relató que hay “gente que está dentro de la película que ya está presa”. El secreto profesional o a la confidencialidad de las fuentes protege a los periodistas pero no a los documentalistas. Luis Conejeros, presidente del Colegio de Periodistas, explicó que los periodistas están protegidos por el secreto profesional, por ejemplo al entrevistar a un prófugo de la justicia, pero en el caso de los documentalistas existe un vacío legal debido a la antigüedad de la ley y a que el género documental es relativamente nuevo”. Los periodistas también temen que los archivos de Varela sean utilizados maliciosamente por Investigaciones y por la ANI. Un comunicado del Colegio manifestó “temor de que los organismos policiales utilicen los archivos de la cinematografista para involucrar a otras personas en delitos reales o imaginarios, principalmente porque Elena Varela ha realizado numerosos documentales y entrevistas durante la vigencia de la democracia en Chile”. Conejeros añadió que “cualquier persona que haya dado una entrevista corre el riesgo de ser involucrado por el sólo hecho de haber depositado su confianza en el entrevistador”. Juan Carlos Gedda, Presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Audiovisual y Cine de la Araucanía, dijo que “se violó el derecho a la confidencialidad de las fuentes, tema que en el caso del trabajo periodístico se encuentra debidamente resguardado y que pone en riesgo, en este caso particular, a las personas que han entregado confiadas su testimonio y que dan cuenta de la oposición a un modelo económico y forestal que atenta contra la continuidad y sustentabilidad de su ecosistema y de su cultura, junto a los espacios vitales que ellos ocupan”. Añadió que “el trabajo que por descripción hacen de él sus realizadores, denuncia la violencia que se ejerce contra las comunidades mapuche que luchan por esta causa”.
En medio de tanta aberrante violación de derechos resulta curioso que el 21 de mayo 176 países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas eligieran a Chile como … miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH), junto con Brasil y Argentina, por tres años, a partir del 20 de junio.
Mapocho Express
La cinematografista Elena Marisol Varela López, 42 años, ignoraba que la “inteligencia” chilena seguía sus pasos y la fotografiaba cada vez que entrevistaba personajes para su documental Newen Mapuche ("Energía del universo mapuche" en lengua mapudungu), en particular cuando conversaba con un joven dirigente indígena prófugo de la Justicia. Cree que fue sindicada como cabecilla de una “organización terrorista” bastante compleja y rebuscada, según la descripción de sus acusadores, simplemente por su capacidad intelectual y su simpatía por la reivindicación de tierras de la etnia mapuche. Permanece en prisión preventiva, sin derecho a libertad bajo fianza mientras sigue “la investigación”, más o menos como los cautivos de Guantánamo. Los acusadores deberían comprobar los cargos en 6 meses, pero la Justicia suele prorrogar a discreción estos plazos. La incriminación de Varela López en dos asesinatos, el asalto a una agencia del Banco del Estado y a una sucursal del Instituto de Normalización Previsional (INP), tiene toda la apariencia de un montaje de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) fabricado durante tres años en una llamada “Operación Paciencia”, probablemente en connivencia con la Fiscalía de la zona indígena, en la Octava Región de la Araucanía. La prisión “preventiva” dictada por la jueza Andrea Urbina –“para que la Fiscalía investigue”– ocurre bajo el “estado de derecho” de un país con un gobierno “socialista”, donde están ocurriendo cosas tan extrañas como una fallida operación secreta de la CIA para secuestrar en Iquique a un ciudadano libanés supuestamente vinculado a Hezbollah. Esta historia, revelada por el diario de gobierno La Nación, no tuvo ninguna repercusión. Nadie preguntó quién autorizó esas operaciones extranjeras que suponen el ingreso de armas, equipos de espionaje y efectivos que en cualquier país ameritaría una autorización del Congreso Nacional.
¿“Gobierno ciudadano” o “gobierno represivo”? “No participé en ningún crimen, soy inocente de los cargos; no he asaltado bancos ni matado gente; sólo soy una mujer de izquierda con cierta capacidad intelectual para hacer documentales de memoria histórica y de derechos humanos”, declaró la realizadora Varela López, cuando la directiva del Colegio de Periodistas de Chile la visitó el sábado 7 de mayo 2008 en el Complejo Penitenciario de Rancagua, la nueva cárcel privatizada. “No tienen nada que me vincule… Ha sido terrible, pero estoy bien; no he tenido participación en ninguna cosa; es insensato”, dijo. “Las otras dos mujeres tampoco: es un montaje al estilo de antes, de los tiempos de dictadura, con medidas ilícitas para la democracia y vigilancia de inteligencia para justificar una supuesta red de insurgencia”, añadió la autora de documentales. Un periodista no tiene por qué creerle de buenas a primeras a una inculpada, aunque ésta sea documentalista, en cierto modo una profesión afín. Su tarea es informar, en lo posible desde todos los ángulos; no juzgar –como ya lo hizo con Varela la mayoría de la prensa chilena– y tampoco servir de caja de resonancia de terceros, incluyendo a la policía, los servicios secretos del Estado y el controvertido ministerio Público de la zona mapuche ocupada hace varios años por fuerzas militarizadas de Carabineros de Chile sin que se haya producido ningún debate público sobre la deuda histórica de tierras indígenas y esta virtual situación de guerra sucia interna, demasiado parecida a la ocupación de Palestina. Pero después de una larga conversación con esta mujer izquierdista, su versión resulta plausible y mucho más convincente que la acusación tan ligeramente santificada como verdad absoluta por la prensa y la televisión chilenas. Los medios locales suelen juzgar por su cuenta mucho antes que la Justicia dicte sentencias definitivas, pero cuando éstas aparecen los casos yacen sepultados en el olvido más recóndito. Las víctimas de este “terrorismo mediático” muchas veces se calan años de cárcel sin que se repare su honorabilidad gratuitamente destruida por los medios y ciertos periodistas. La gran prensa jamás pide disculpas. Tampoco le gusta que la critiquen.
¿Qué es la ANI? La ANI en una entidad secreta de “inteligencia” creada recientemente a imagen y semejanza del FBI/CIA para la lucha interna contra “el terrorismo”, en estos tiempos “democráticos”, que no impiden al Estado Chile librar su guerra semisecreta contra la etnia mapuche bajo el disfraz mediático de la lucha “antiterrorista”. La legislación que ampara los procedimientos arbitrarios contra los “delitos mapuche” es la Ley Antiterrorista Nº 18.314, dictada el 17 de mayo de 1984 por el “poder legislativo” de la dictadura de Augusto Pinochet, a fin de determinar –y combatir– “las conductas terroristas” de sus adversarios. Puede ser una coincidencia fortuita que esos “adversarios” de ayer sean hoy son más o menos las mismas personas que gobiernan al país. Dictada en una pequeña habitación de La Moneda por dos o tres “legisladores” designados a dedo por el dictador, la normativa “antiterrorista” ha sido modificada –y por consiguiente, legitimada “en democracia”, al igual que la Constitución de Pinochet de 1980. Ha sido una ley prácticamente “premonitoria” porque se parece demasiado a la “Patriot Act” y demás normas autoritarias establecidas por George Bush II después de los atentados del 11 de septiembre 2001.
El grupo “terrorista” Elena Varela enfrenta acusaciones bastante pesadas. La primera, ampliamente difundida por la prensa, es que lidera una célula terrorista mirista, o sea, del extinto Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR. El fiscal de Rancagua, Servando Joaquín Pérez Ojeda, la acusó formalmente el 8 de mayo –fue arrestada el día anterior– de conformar, con otros imputados [en ésta y en las sucesivas citas se incluyen las incoherencias de lenguaje, faltas de ortografía y sintaxis del texto original] “una organización cuyo objetivo es cometer robos con intimidación en lugar en que se encuentren grandes sumas de dineros en efectivo como Bancos, Agencias de INP o camiones de valores, dinero que es destinado al beneficio propio y a la mantención de lo que ellos llaman un trabajo político como la colocación de bombas y la ayuda a chilenos detenidos en el extranjero como el señor Hernández Norambuena”. Se trata de “asociación ilícita para delinquir”, según la Ley Antiterrorista. Hay ciertas incoherencias. Por ejemplo, “el señor [Mauricio] Hernández Norambuena”, 50 años, pertenece –o pertenecía– al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, distinto al MIR y más cercano al Partido Comunista. Se escapó espectacularmente en helicóptero desde la cárcel de alta seguridad de Santiago el 30 de diciembre de 1996, junto a otros tres presos, y actualmente cumple en Brasil una condena a 30 años por el secuestro del empresario Washington Olivetto. El segundo delito imputado a Varela fue un intento de robo con homicidio, donde hubo cuatro muertos, dos asaltantes y dos guardias, sin que el hurto llegara a consumarse: "Los cuatro imputados nombrados [Kenny Sánchez, Elena Varela, Sergio Reyes y Leticia Cárdenas], más entre otros el prófugo Juan Moreno Venegas y los fallecidos Alfredo Hermosilla y Carlos Aedo, se concertaron para atacar una plaza de pagos del INP, ubicado en la Comuna de Machalí, el 10 de junio del año 2005 se desarrollaba en dicho lugar un pago de pensionados, afiliados a la Institución Provisional mencionada en un Recinto Municipal". La formalización del Fiscal añade: “Custodiaba el lugar un guardia de Prosegur Jaime Labraña Horta y también se encontraba en el lugar un particular Evaristo Moreno Carrasco, irrumpió en dicho recinto un grupo armado con la finalidad de apropiarse de los $80.000.000 [160.000 dólares], en efectivo que ahí se encontraban, dispararon al guardia y también a Moreno Carrasco que intentó auxiliar al primero y ambos estas víctimas fallecieron a consecuencia de los disparos. El guardia, esto es Labraña, alcanzó a repeler el ataque y disparar a los asaltantes, falleciendo en el lugar el delincuente Alfredo Hermosilla Candia y siendo encontrado fallecido en Peñaflor, Carlos Aedo Videla, otro asaltante abandonado en la vía pública por sus compañeros”. Machalí se encuentre a 100 km al norte de Santiago, cerca de Rancagua. Pero Varela bien pudo soportar la incomodidad de un viaje de 900 km con tal de delinquir, porque tiene domicilio en Los Laureles N° 31, Lican Ray, Villarrica, 800 km al sur de Santiago. Trabajaba como encargada de cultura en Pucón, a 25 km de su residencia, o sea, era empleada pública, funcionaria del ministerio de Cultura. Un tercer delito fue el asalto a una oficina del BancoEstado, donde ayudó a llevarse 20 millones, unos 40.000 dólares. “El día 20 de diciembre de 2004 –reza la formalización de cargos–, a eso de las 09:00 horas, las personas ya indicadas [Kenny Sánchez, Elena Varela, Sergio Reyes y Jorge Pineda] junto a otros individuos entre ellos Cristian San Martín Morales y Carlos Aedo, llegaron hasta la localidad de Loncoche en la Región de la Araucanía, irrumpieron en el Banco del Estado de esa localidad e intimidaron a los empleados y al público que se encontraba en el lugar, los intimidaron con armas de fuego y a un guardia le dispararon e hirieron, causándole heridas menos graves y de esta forma consiguieron apropiarse de $20.000.000, que era parte del dinero que mantenía la Institución Bancaria, Pineda ingresó armado al lugar, Sánchez y Reyes se mantuvieron en las inmediaciones, en los vehículos para la huida. La cuarta imputada mencionada por este delito la Sra. Varela participó en la planificación del delito y en el ocultamiento de los autores materiales”. El Fiscal Pérez Ojeda, quien aspira a la jefatura de la Fiscalía en la VI Región de O’Higgins –Rancagua–, dejó constancia de otro delito que afecta a Flor Domínguez, ex encargada de Cultura en Ercilla, 600 km al sur de Santiago, en plena zona mapuche. Domínguez es la única persona entre los inculpados a quien Varela dice haber conocido en seminarios y reuniones regionales del sector Cultura y de la burocracia del Estado en la zona. “El Fiscal –añade la acusación– hace presente que existe un cuarto delito por el cual ya se ha comunicado la investigación respecto del Señor Kenny Sánchez y la Sra. Flor Domínguez, se investiga también su participación en el delito de Tenencia de armas de fuego, dos armas cortas que fueron las precisamente ubicadas el día de ayer 07 de mayo de 2008, en el domicilio que ellos comparten en Ercilla y lo que justifica la existencia de este cuarto delito es precisamente el haber hallado estas armas en el domicilio que tienen a su cargo”.
¿Quién es Elena Varela? Los antecedentes de Elena Varela se relacionan más con el arte y la cultura que con “terrorismo”, “mirismo” o “frentismo”. Se describe como una mujer de ideas de izquierda y como muchos otros ciudadanos de este país observa con preocupación la inexistencia de una política seria del Estado Chile –y de la gran prensa– frente a las demandas de la etnia mapuche, a pesar de los continuos reclamos de organizaciones locales y extranjeras de derechos humanos, entre ellos el Consejo de DDHH de Naciones Unidas. Según el censo de 2002, el 4,6% de los habitantes de Chile pertenece a etnias y el 87,4% de esa población indígena es mapuche. El 33% vive en la Novena Región de la Araucanía, en tanto el 30,3 reside en Santiago. Es decir, se trata de unas 200.000 personas que viven en la Araucanía, donde 10 años antes residía el 52% de los mapuches, según lel censo de 1992. La estrategia de todos los gobiernos pareciera consistir en ganar tiempo hasta que los mapuches se extingan por completo para seguir aprovechando sus tierras hasta la eternidad. Varela Escribe, produce y dirige documentales, es compositora y gestora cultural, encabeza la Productora Ojo Films, fue fundadora de la Escuela de Todas las Artes y de la Orquesta Sinfónica de Niños de Panguipulli, en la llamada Araucanía. Después del asesinato del mapuche Alex Lemus, de 17 años, herido de muerte por Carabineros en la represión de una manifestación por tierras el 7 de noviembre de 2002, la realizadora comenzó investigar los orígenes del conflicto del pueblo mapuche con el Estado, como lo han hecho otros cinematografistas, intelectuales e historiadores. Así concibió la idea del documental Newen Mapuche, 90 minutos, terminado en 2007, con apoyo financiero parcial otorgado en 2005 por el Fondo Audiovisual de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Varela trabajó con un equipo integrado por Joel Zúñiga, asistente de dirección; Flor Rubina, productora ejecutiva; Eduardo Ramírez, productor; Mauricio Durán, asistente de producción y producción periodística; Inti Briones, director de fotografía; Boris Herrera, sonido; Javier Guiñes Gaona, música original; y Paula Talloni, montaje. Varias de estas personas fueron detenidas, como asimismo algunos entrevistados por la documentalista. Newen Mapuche también fue uno de los diez proyectos seleccionados para el festival DocSantiago 2007, un evento del Santiago III Festival Internacional de Cine, SANFIC3, por estimarse que indaga en las causas y efectos del actual conflicto entre las comunidades indígenas y las empresas forestales. DocSantiago 2007 fue un encuentro de productores y realizadores interesados en obtener financiamiento de la televisión para sus proyectos.
Despojo policíaco En sus indagaciones, Varela entrevistó varias veces a un dirigente clandestino que le dio claves e información para comprender el conflicto, en particular el crecimiento del sector forestal que durante los últimos 30 años ha ganado decenas de miles de millones de dólares exportando celulosa extraída del bosque del territorio indígena. El entrevistado explicó las razones que consideró su organización, presuntamente la Coordinadora Arauco-Malleco, para adoptar una política radical en su lucha por las tierras, en sintonía con la cosmovisión mapuche. También influyó la desilusión ante el fracaso de la Ley 19.253 de “apoyo indígena en Chile”, un paño de agua tibia promulgado en 1993 por el gobierno de Patricio Aylwin. El documental la hizo viajar por la zona en conflicto, visitó comunidades mapuche, registró relatos de atropellos y conoció de cerca la reivindicación de las tierras ancestrales arrebatadas a los indígenas en un proceso de 500 años que todavía continúa. Junto con arrestarla, la policía le incautó sus pertenencias, objetos de arte y muchísimo material de trabajo, por ejemplo las cintas de "Sueños del Comandante”, otro proyecto documental cuya investigación y guión fue financiada con un Fondo CORFO 2006. Estas cintas contienen testimonios de familiares de las víctimas y sobrevivientes de las matanzas de la dictadura en Liquiñe, Panguipulli, en 1973, e imágenes de la represión posterior al episodio de la “guerrilla de Neltume”, de la década de 1980. Varela dijo que “relata la historia del Complejo Maderero Panguipulli, el Movimiento Obrero Campesino, la Caravana de la Muerte y la guerrilla del MIR en los ‘80”, episodio conocido como la guerrilla de Neltume, en el sur de Chile. “Todo esto, todo este trabajo, todas las cintas con entrevistados, ha sufrido la misma experiencia, han sido requisados por la Policía de Investigaciones”, dijo. “Ha sido requisado todo tipo de material audiovisual, grabaciones, entrevistas, material de artes, como, banderas de épocas, lienzos, afiches y otros”, explicó Varela. “Así también material escrito, guión, diarios y libros, entrevistas a ex militantes, mapuches y otros como presos y dirigentes”. En una dramática carta que dirigió al Consejo de la Cultura y las Artes y al Fondo Audivisual, Varela clamó porque le devuelvan sus cosas: “Junto con esto, el resguardo de material fílmico, la devolución de todas las cintas, celuloides, equipos de filmación y sonido requisado, los materiales de artes que han sido mal utilizados para desprestigiar este hermoso proyecto y mi labor como documentalista, como armas de juguetes, disfraces, banderas, lienzos, platería mapuche, megáfonos, celulares, cámaras fotográficas, fotos, escritos, guiones e investigación escrita, información de currículum, facturas de la empresa, comprobantes de compra de nuestros materiales y otros gastos, los que han sido requisados y que involucran este proyecto”. Elena piensa que la ANI comenzó a seguirle los pasos con la “Operación Paciencia” cuando supo que había entrevistado al joven mapuche clandestino, porque al interrogarla y maltratarla le mostraron “pruebas” o fotografías donde aparece con personas con quienes efectivamente conversó, pero también le exhibieron fotos trucadas, o “photoshopeadas”, en que su rostro figura entre los miembros de la plana mayor de la Coordinadora. Varela se encuentra encerrada en una celda aislada, sin calefacción, bajo temperaturas inferiores al grado cero, sin luz, sin comunicación con el exterior, sin derecho a leer o ver las noticias. En la recepción del penal existe una instrucción para el personal de Gendarmería que logramos leer cuando ingresamos: “No dar absolutamente ninguna información sobre los siguientes presos”, rezaba más o menos el texto. Entre los nombres figuraba el de Varela. –¿Por qué piensas que te acusaron precisamente a tí?–, le pregunté. Se quedó pensando un instante. Después de muchas dificultades, porque la autorización primero no había llegado y después apareció una para el día siguiente, logramos conversar con ella en una salita, tras pasar rejas, censores electrónicos, cacheo y otros controles, todo esto sin maletines, celulares, grabadores ni cámaras. La visitamos Luis Conejeros, presidente nacional del Colegio de Periodistas; Tebni Enrique Pino, secretario general, y el autor de esta nota, consejero nacional. Afuera había un sol radiante, pero adentro hacía frío y se sentía la humedad típica de una edificación relativamente nueva. Elena estaba abrigada con un suéter de lana. –Creo que me eligieron porque piensan que soy la única persona que tiene capacidad intelectual y organizativa como para liderar un grupo, dado mis antecedentes de documentalista y fundadora de entidades culturales–, respondió.
Secreto profesional Varela relató que hay “gente que está dentro de la película que ya está presa”. El secreto profesional o a la confidencialidad de las fuentes protege a los periodistas pero no a los documentalistas. Luis Conejeros, presidente del Colegio de Periodistas, explicó que los periodistas están protegidos por el secreto profesional, por ejemplo al entrevistar a un prófugo de la justicia, pero en el caso de los documentalistas existe un vacío legal debido a la antigüedad de la ley y a que el género documental es relativamente nuevo”. Los periodistas también temen que los archivos de Varela sean utilizados maliciosamente por Investigaciones y por la ANI. Un comunicado del Colegio manifestó “temor de que los organismos policiales utilicen los archivos de la cinematografista para involucrar a otras personas en delitos reales o imaginarios, principalmente porque Elena Varela ha realizado numerosos documentales y entrevistas durante la vigencia de la democracia en Chile”. Conejeros añadió que “cualquier persona que haya dado una entrevista corre el riesgo de ser involucrado por el sólo hecho de haber depositado su confianza en el entrevistador”. Juan Carlos Gedda, Presidente de la Asociación Gremial de Trabajadores del Audiovisual y Cine de la Araucanía, dijo que “se violó el derecho a la confidencialidad de las fuentes, tema que en el caso del trabajo periodístico se encuentra debidamente resguardado y que pone en riesgo, en este caso particular, a las personas que han entregado confiadas su testimonio y que dan cuenta de la oposición a un modelo económico y forestal que atenta contra la continuidad y sustentabilidad de su ecosistema y de su cultura, junto a los espacios vitales que ellos ocupan”. Añadió que “el trabajo que por descripción hacen de él sus realizadores, denuncia la violencia que se ejerce contra las comunidades mapuche que luchan por esta causa”.
En medio de tanta aberrante violación de derechos resulta curioso que el 21 de mayo 176 países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas eligieran a Chile como … miembro del Consejo de Derechos Humanos (CDH), junto con Brasil y Argentina, por tres años, a partir del 20 de junio.
viernes, 23 de mayo de 2008
Chile: encarcelan a cineasta que realizaba documental de pueblo Mapuche.
México DF, 20 mayo 08 (CIMAC).- La detención en Chile de la documentalista Elena Varela López, así como la incautación del material que registró en los últimos tres años, obedece a un montaje político judicial de quienes no quieren que salga a la luz publica “la lucha histórica del Pueblo Mapuche contra toda opresión”, la cual se refleja en las grandes áreas forestales, protegidas por el gobierno a través de los organismos policiales y la militarización de las zonas en conflicto.
Así lo señala la Asociación de Documentalistas de Chile (Adoc), que a través de un comunicado manifiesta su preocupación por la detención de la directora del documental “Newen Mapuche, La Fuerza de la Gente de la Tierra”. Preocupa, dice tanto el trato que tengan hacia Elena, como por la incertidumbre que existe con respecto al material audiovisual que ella ha registrado a lo largo de tres años.
La documentalista fue acusada de ser la autora intelectual de un asalto a una oficina del Instituto de Normalizacion Previsional (INP), de Machalí, en el año 2005 y de financiar acciones terroristas con fondos del gobierno, siendo detenida el 7 de mayo y quedando en prisión preventiva por seis meses, tiempo para que la Fiscalía realice su investigación, tras la audiencia de formalización.
“Nos preocupa la suerte y el estado de Elena, debido a que tanto el Gobierno como varios medios de comunicación han condenado a priori a la realizadora. Es importante resguardar que los cargos que se le imputan deben ser investigados y juzgados con seriedad y sin juicios previos”, señala el comunicado.
De la misma manera, apuntan que les inquieta el destino que tenga el material que Elena ha grabado hasta ahora, ya que corresponde a una obra audiovisual en proceso y debe ser respetado como tal. “Su contenido forma parte del patrimonio de todo Chile y da cuenta de las opiniones y creencias de representantes del pueblo mapuche que no tiene voz en los medios de comunicación de nuestro país”.
Elena Varela es fundadora en Chile de la Escuela de Todas Las Artes, el Colectivo de Cine Ojo Film, la Orquesta Sinfónica de niños de Panguipulli y la Productora de cine Ojo Film y ha trabajado en favor de los derechos humanos.
Desde hace cuatro años investiga el conflicto del pueblo Mapuche con las empresas forestales y el Estado, participa activamente en la defensa de los derechos humanos de las y los Mapuches a través de su trabajo, ha sido encarcelada, perseguida y ha recibido amenazas dirigidas a ella y contra su familia.
LA DETENCION
El miércoles 7 de mayo, Varela fue detenida en su casa de Licanray y ese mismo día habrían aprehendido a 5 personas más, 2 mujeres y 3 hombres, a quienes los medios de comunicación y el gobierno chileno han calificado como “ex miristas” (Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR).
Ese día también fueron detenidas Flor Domínguez Rosas, integrante del Consejo Regional de Arte y directora comunal de Cultura de la Municipalidad de Ercilla (territorio mapuche), y Leticia Cárdenas Figueroa, así como Sergio Reyes Matus, Kenny Sánchez Contreras y Jorge Pineda Arriagada, acusados de cometer un violento asalto en las oficinas del INP el 10 de junio de 2005 en Machalí.
Según agencias internacionales, la comunicadora se encuentra encarcelada en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua. Cinco más quedaron en prisión por delitos de robo con homicidio, robo con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación ilícita para delinquir, como autores de los asaltos al INP de Machalí, y Banco Estado, de Loncoche.
PELÍCULA DEL PUEBLO MAPUCHE
Varios medios de comunicación chilenos han señalado que durante la detención se encontró vestimenta de guerrilla y material de telecomunicaciones pertenecientes a Varela López. Además que la realizadora recibió 18 millones de pesos como primer pago de un total de 60 millones de un proyecto el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondart) que se adjudicó en la Región de la Araucanía durante 2007.
Varela López, señaló durante su detención que, efectivamente, la vestimenta y demás materiales eran de ella ya que los usa para la realización de su documental Newen Mapuche, mismo por el cual el Fondart le entregó los 18 millones.
Por su parte organizaciones feministas han difundido una carta que la documentalista redactó en la cárcel y la cual está dirigida a las autoridades del ámbito cultural y del fomento de la industria audiovisual en Chile. En ella, la mujer denuncia estar incomunicada, sin poder leer, ni ver noticias, entre otras violaciones a sus derechos humanos.
Además pide el resguardo de su material fílmico, ya que ha sido incautado por la policía. Éste contiene historias de vida, testimonios y relatos del pueblo Mapuche, que constituían el guión cinematográfico que se encontraba realizando para la película Newen Mapuche.
Desde la cárcel, la cineasta señala que hace cuatro años investigó el conflicto del pueblo Mapuche con las Forestales y con el Estado, situación que ha sido muy difícil, “ya que he tenido que exponerme y entregarme a sus pensamientos y a sus creencias para contar con su mirada, su punto de vista y su razón”.
Creo, dice, haber comprendido esto y la inmensa represión que se ha sometido a sus actores sociales. En medio de esto he logrado recopilar material histórico y realizar un relatado guión cinematográfico construyendo la película cuestionada.
El proyecto ha pasado por distintas etapas en su creación: primero la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) lo apoyó en el 2005 y concursó en el Fondart, con el apoyo de destacados profesionales. Ganó el fondo Audiovisual, del cual ya recibió18 millones.
Sin embargo, continúa la cineasta, hoy mis registros audiovisuales han sido requisados por la Policía de Investigaciones, “Misma que ha montado un relato mediático, ofendiendo mi trabajo y a las y los trabajadores audiovisuales que han colaborado conmigo, inculpándome de terrorista, asaltante, exmirista y otros cargos”.
Verla López duda del uso que harán de sus materiales, ya que hasta el momento están siendo utilizados y por ello solicita a las autoridades del ámbito cultural y del fomento de la industria audiovisual en Chile su intervención para resguardar el material fílmico y además intercedan por sus derechos como cineasta y creadora, por su libertad y por seguir adelante en su película.
“Solicito un recurso de amparo para quienes participan en este proyecto incluyéndome a mí y a mi hija América con la que he sido amenazada reiteradas veces”, añade.
Junto con esto, solicita el resguardo de material fílmico, la devolución de todas las cintas, celuloides, equipos de filmación y sonido requisado, “los materiales de artes que han sido mal utilizados para desprestigiar este proyecto y mi labor como documentalista”, como armas de juguetes, disfraces, banderas, lienzos, platería mapuche, megáfonos, celulares, cámaras fotográficas, fotos, escritos, guiones e investigación escrita, información de currículum, facturas de la empresa, comprobantes de compra de nuestros materiales y otros gastos, los que han sido requisados y que involucran este proyecto.
De igual forma denuncia que su detención “ha sido siniestra, como en los años de la dictadura, me han interrogado, me han amenazado con mi familia, han dado un montaje mediático denigrando mi labor como cineasta y documentalista”.
Mi equipo técnico, detalla, fue detenido de la manera más oscura, nuestra casa productora fue allanada, por lo tanto destrozaron y se llevaron muchas cosas. “He sido hasta ahora incomunicada sin derecho a leer, ver noticias y muchos otros derechos. En nombre de la dignidad de las personas y todo lo conseguido por los artistas que han luchado por una sociedad más justa, solicito mi libertad y justicia a lo que hemos sufrido”, finaliza Elena Varela López.
http://www.cimacnoticias.com/site/08052009-BREVES-DE-CIMAC-20.33231.0.html
Así lo señala la Asociación de Documentalistas de Chile (Adoc), que a través de un comunicado manifiesta su preocupación por la detención de la directora del documental “Newen Mapuche, La Fuerza de la Gente de la Tierra”. Preocupa, dice tanto el trato que tengan hacia Elena, como por la incertidumbre que existe con respecto al material audiovisual que ella ha registrado a lo largo de tres años.
La documentalista fue acusada de ser la autora intelectual de un asalto a una oficina del Instituto de Normalizacion Previsional (INP), de Machalí, en el año 2005 y de financiar acciones terroristas con fondos del gobierno, siendo detenida el 7 de mayo y quedando en prisión preventiva por seis meses, tiempo para que la Fiscalía realice su investigación, tras la audiencia de formalización.
“Nos preocupa la suerte y el estado de Elena, debido a que tanto el Gobierno como varios medios de comunicación han condenado a priori a la realizadora. Es importante resguardar que los cargos que se le imputan deben ser investigados y juzgados con seriedad y sin juicios previos”, señala el comunicado.
De la misma manera, apuntan que les inquieta el destino que tenga el material que Elena ha grabado hasta ahora, ya que corresponde a una obra audiovisual en proceso y debe ser respetado como tal. “Su contenido forma parte del patrimonio de todo Chile y da cuenta de las opiniones y creencias de representantes del pueblo mapuche que no tiene voz en los medios de comunicación de nuestro país”.
Elena Varela es fundadora en Chile de la Escuela de Todas Las Artes, el Colectivo de Cine Ojo Film, la Orquesta Sinfónica de niños de Panguipulli y la Productora de cine Ojo Film y ha trabajado en favor de los derechos humanos.
Desde hace cuatro años investiga el conflicto del pueblo Mapuche con las empresas forestales y el Estado, participa activamente en la defensa de los derechos humanos de las y los Mapuches a través de su trabajo, ha sido encarcelada, perseguida y ha recibido amenazas dirigidas a ella y contra su familia.
LA DETENCION
El miércoles 7 de mayo, Varela fue detenida en su casa de Licanray y ese mismo día habrían aprehendido a 5 personas más, 2 mujeres y 3 hombres, a quienes los medios de comunicación y el gobierno chileno han calificado como “ex miristas” (Movimiento de Izquierda Revolucionario, MIR).
Ese día también fueron detenidas Flor Domínguez Rosas, integrante del Consejo Regional de Arte y directora comunal de Cultura de la Municipalidad de Ercilla (territorio mapuche), y Leticia Cárdenas Figueroa, así como Sergio Reyes Matus, Kenny Sánchez Contreras y Jorge Pineda Arriagada, acusados de cometer un violento asalto en las oficinas del INP el 10 de junio de 2005 en Machalí.
Según agencias internacionales, la comunicadora se encuentra encarcelada en el módulo de Alta Seguridad de la Cárcel de Rancagua. Cinco más quedaron en prisión por delitos de robo con homicidio, robo con intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y asociación ilícita para delinquir, como autores de los asaltos al INP de Machalí, y Banco Estado, de Loncoche.
PELÍCULA DEL PUEBLO MAPUCHE
Varios medios de comunicación chilenos han señalado que durante la detención se encontró vestimenta de guerrilla y material de telecomunicaciones pertenecientes a Varela López. Además que la realizadora recibió 18 millones de pesos como primer pago de un total de 60 millones de un proyecto el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondart) que se adjudicó en la Región de la Araucanía durante 2007.
Varela López, señaló durante su detención que, efectivamente, la vestimenta y demás materiales eran de ella ya que los usa para la realización de su documental Newen Mapuche, mismo por el cual el Fondart le entregó los 18 millones.
Por su parte organizaciones feministas han difundido una carta que la documentalista redactó en la cárcel y la cual está dirigida a las autoridades del ámbito cultural y del fomento de la industria audiovisual en Chile. En ella, la mujer denuncia estar incomunicada, sin poder leer, ni ver noticias, entre otras violaciones a sus derechos humanos.
Además pide el resguardo de su material fílmico, ya que ha sido incautado por la policía. Éste contiene historias de vida, testimonios y relatos del pueblo Mapuche, que constituían el guión cinematográfico que se encontraba realizando para la película Newen Mapuche.
Desde la cárcel, la cineasta señala que hace cuatro años investigó el conflicto del pueblo Mapuche con las Forestales y con el Estado, situación que ha sido muy difícil, “ya que he tenido que exponerme y entregarme a sus pensamientos y a sus creencias para contar con su mirada, su punto de vista y su razón”.
Creo, dice, haber comprendido esto y la inmensa represión que se ha sometido a sus actores sociales. En medio de esto he logrado recopilar material histórico y realizar un relatado guión cinematográfico construyendo la película cuestionada.
El proyecto ha pasado por distintas etapas en su creación: primero la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) lo apoyó en el 2005 y concursó en el Fondart, con el apoyo de destacados profesionales. Ganó el fondo Audiovisual, del cual ya recibió18 millones.
Sin embargo, continúa la cineasta, hoy mis registros audiovisuales han sido requisados por la Policía de Investigaciones, “Misma que ha montado un relato mediático, ofendiendo mi trabajo y a las y los trabajadores audiovisuales que han colaborado conmigo, inculpándome de terrorista, asaltante, exmirista y otros cargos”.
Verla López duda del uso que harán de sus materiales, ya que hasta el momento están siendo utilizados y por ello solicita a las autoridades del ámbito cultural y del fomento de la industria audiovisual en Chile su intervención para resguardar el material fílmico y además intercedan por sus derechos como cineasta y creadora, por su libertad y por seguir adelante en su película.
“Solicito un recurso de amparo para quienes participan en este proyecto incluyéndome a mí y a mi hija América con la que he sido amenazada reiteradas veces”, añade.
Junto con esto, solicita el resguardo de material fílmico, la devolución de todas las cintas, celuloides, equipos de filmación y sonido requisado, “los materiales de artes que han sido mal utilizados para desprestigiar este proyecto y mi labor como documentalista”, como armas de juguetes, disfraces, banderas, lienzos, platería mapuche, megáfonos, celulares, cámaras fotográficas, fotos, escritos, guiones e investigación escrita, información de currículum, facturas de la empresa, comprobantes de compra de nuestros materiales y otros gastos, los que han sido requisados y que involucran este proyecto.
De igual forma denuncia que su detención “ha sido siniestra, como en los años de la dictadura, me han interrogado, me han amenazado con mi familia, han dado un montaje mediático denigrando mi labor como cineasta y documentalista”.
Mi equipo técnico, detalla, fue detenido de la manera más oscura, nuestra casa productora fue allanada, por lo tanto destrozaron y se llevaron muchas cosas. “He sido hasta ahora incomunicada sin derecho a leer, ver noticias y muchos otros derechos. En nombre de la dignidad de las personas y todo lo conseguido por los artistas que han luchado por una sociedad más justa, solicito mi libertad y justicia a lo que hemos sufrido”, finaliza Elena Varela López.
http://www.cimacnoticias.com/site/08052009-BREVES-DE-CIMAC-20.33231.0.html
Culpable hasta que se demuestre lo contrario
Culpable hasta que se demuestre lo contrario
escrito por Isis Díaz López
viernes, 16 de mayo de 2008
Elena Varela López fue detenida hace una semana en su casa en Licanray, acusada, entre otras cosas, de ser la autora intelectual de un asalto a una oficina del INP en Machalí, el año 2005. Tras la audiencia de formalización quedó en prisión preventiva por seis meses, tiempo que la Jueza Andrea Urbina determinó para que la Fiscalía realice su investigación.
Ello, sumado a que la imputada fue beneficiada con fondos estatales entregados por la CORFO y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para realizar el documental “Newen Mapuche” sobre las demandas y el conflicto de las comunidades mapuches en la región de la Araucanía, son los únicos hechos concretos que, hasta el momento, se han dado a conocer públicamente sobre este caso.
Sin embargo, para algunas de las autoridades ejecutivas y legislativas de este país, la realizadora audiovisual es una delincuente vinculada a grupos terroristas, afirmación que no sólo confunde a la opinión pública y degrada la labor cultural que ha desarrollado esta mujer a lo largo de su carrera, sino que además evidencia el grado de irresponsabilidad e impunidad con que los honorables de nuestro país califican a ciudadanos sobre los que ni siquiera el Poder Judicial se ha manifestado.
¿Dónde queda el proceso justo del que tanto se habló durante la implementación de la Reforma Procesal Penal? ¿Qué pasa con la presunción de inocencia en esta nueva justicia? Son preguntas no menores tomando en cuenta que los primeros dardos públicos lanzados en contra de Elena Varela López salieron de la boca del vocero de Gobierno, Francisco Vidal, quien cuestionó la asignación de los fondos estatales obtenidos para la realización de “Newen Mapuche” por no haberse indagado en los antecedentes de la documentalista.
“No sé si se hace, pero si no se hace debería hacerse, que cada postulante al Fondart tenga su papel de antecedentes”, señalo Vidal a los medios de comunicación. Y agregó: “Si eso ocurrió con una gente que está con orden de captura, si se ganó un concurso con plata de todos los chilenos, es malo y hay que buscar que eso no vuelta a ocurrir”.
Con estas declaraciones, el Ministro Secretario General de Gobierno no sólo dio a entender que Elena Varela López jamás debió recibir ese dinero por tratarse de una “delincuente”, acusándola públicamente de delitos sobre los que la jueza a cargo no se ha manifestado, sino que tres días después tuvo la desfachatez de recriminar a Iván Moreira, diputado de la UDI, por tomarse atribuciones que no le corresponden.
Y es que el pasado domingo 11 de mayo, el parlamentario UDI declaró que “resulta indignante que los recursos de la cultura terminen en el financiamiento de vínculos con el terrorismo. Esto no puede dejarlo pasar el Gobierno. Y si es necesario pedir papel de antecedentes, se tendrá que hacer, porque no se puede estar financiando vínculos terroristas, ni menos estar jugando con la plata de todos los chilenos”, y solicitó la renuncia de la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia, por las responsabilidades que tendría en la asignación de estos fondos.
Frente a esta petición pública, el vocero de Gobierno le recordó al parlamentario que la única que puede tomar esa decisión es la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Pero al parecer –y es lo que resulta más grave en todos estos dimes y diretes-, es que nadie les ha recordado a ambos que en nuestro país existen tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que en casos de esta naturaleza, sólo este último tiene el deber y el derecho de condenar o absolver a los imputados. ¿O es que acaso, si es que la documentalista resulta absuelta de los cargos que se le imputan, saldrán a dar disculpas públicas sobre lo que se ha dicho? ¿O serán los propios medios de comunicación los que publicarán ahora brevísimas líneas en que den cuenta del error en que se incurrió?
Con estos antecedentes, no resulta extraño que en el comunicado que preparó la Asociación de Documentalistas de Chile en conjunto con la organización de Trabajadores del Audiovisual y el Cine de la Araucanía (publicado el 15 de mayo en diversos sitios de internet) manifiesten su preocupación por “la suerte y el estado de Elena, debido a que el gobierno como varios medios de comunicación han condenado a priori a la realizadora”, cuestión que como ellos mismos señalan, “es la razón que nos mueve a informar y manifestar que la persona en cuestión sea tratada dignamente, con un proceso justo y transparente así como se asegure también un trato apropiado al material trabajo –en proceso– de lo que se está realizando”.
Y esto último tampoco es menor. Elena Varela López, fundadora de la Escuela de Todas las Artes, del Colectivo de Cine Ojo Film, de la Orquesta Sinfónica de niños de Panguipulli y de la Productora de cine Ojo Film, entre otros, –cuestión que, como es de esperar, no ha sido mencionada prácticamente en ningún medio de comunicación masivo– llevaba cuatro años investigando sobre el conflicto del pueblo mapuche con las Forestales y con el Estado, para dar forma al guión de “Newen Mapuche”.
Parte de este trabajo, que como ya se ha dicho trata sobre las demandas del pueblo mapuche en la región de la Araucanía y cuyo tráiler puede verse en el sitio web de la CORFO, había sido presentado en DocSantiago 2007 frente a un jurado compuesto por ejecutivos de canales de televisión y representantes del mundo documental de Europa. “En el guión presentado a todas las instancias nombradas anteriormente se puede comprobar que el rodaje contempla la realización de recreaciones de tomas de terreno, de manifestaciones y movilizaciones, que contemplaban en su ejecución armamento y vestuario de fantasía”, explicita el comunicado preparado por la Asociación de Documentalistas de Chile y la organización de Trabajadores del Audiovisual y el Cine de la Araucanía.
Pero la suerte que pueda estar corriendo este material no sólo preocupa a estas dos entidades. En una carta escrita por Elena Varela López, recientemente publicada en algunos sitios de Internet, la documentalista señala que “hoy día mis registros audiovisuales, que reúnen la acumulación de historias, testimonios y relatos realizados durante todos estos años han sido requisados por la Policía de Investigaciones, perdiendo mis materiales audiovisuales y exponiendo a muchos entrevistados que han relatado su experiencia, puntos de vista, testimonio e historias en estos documentales”, agregando más adelante en la misma misiva -dirigida a “Señores: Consejo de la Cultura (CNCA) y Fondo Audiovisual (CORFO)”-, que “apelo a su intervención en función de resguardar el material fílmico, la memoria de estos trabajos, el resguardo de sus actores sociales y mi libertad, porque me encuentro privada de todo derecho y expresión”.
escrito por Isis Díaz López
viernes, 16 de mayo de 2008
Elena Varela López fue detenida hace una semana en su casa en Licanray, acusada, entre otras cosas, de ser la autora intelectual de un asalto a una oficina del INP en Machalí, el año 2005. Tras la audiencia de formalización quedó en prisión preventiva por seis meses, tiempo que la Jueza Andrea Urbina determinó para que la Fiscalía realice su investigación.
Ello, sumado a que la imputada fue beneficiada con fondos estatales entregados por la CORFO y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para realizar el documental “Newen Mapuche” sobre las demandas y el conflicto de las comunidades mapuches en la región de la Araucanía, son los únicos hechos concretos que, hasta el momento, se han dado a conocer públicamente sobre este caso.
Sin embargo, para algunas de las autoridades ejecutivas y legislativas de este país, la realizadora audiovisual es una delincuente vinculada a grupos terroristas, afirmación que no sólo confunde a la opinión pública y degrada la labor cultural que ha desarrollado esta mujer a lo largo de su carrera, sino que además evidencia el grado de irresponsabilidad e impunidad con que los honorables de nuestro país califican a ciudadanos sobre los que ni siquiera el Poder Judicial se ha manifestado.
¿Dónde queda el proceso justo del que tanto se habló durante la implementación de la Reforma Procesal Penal? ¿Qué pasa con la presunción de inocencia en esta nueva justicia? Son preguntas no menores tomando en cuenta que los primeros dardos públicos lanzados en contra de Elena Varela López salieron de la boca del vocero de Gobierno, Francisco Vidal, quien cuestionó la asignación de los fondos estatales obtenidos para la realización de “Newen Mapuche” por no haberse indagado en los antecedentes de la documentalista.
“No sé si se hace, pero si no se hace debería hacerse, que cada postulante al Fondart tenga su papel de antecedentes”, señalo Vidal a los medios de comunicación. Y agregó: “Si eso ocurrió con una gente que está con orden de captura, si se ganó un concurso con plata de todos los chilenos, es malo y hay que buscar que eso no vuelta a ocurrir”.
Con estas declaraciones, el Ministro Secretario General de Gobierno no sólo dio a entender que Elena Varela López jamás debió recibir ese dinero por tratarse de una “delincuente”, acusándola públicamente de delitos sobre los que la jueza a cargo no se ha manifestado, sino que tres días después tuvo la desfachatez de recriminar a Iván Moreira, diputado de la UDI, por tomarse atribuciones que no le corresponden.
Y es que el pasado domingo 11 de mayo, el parlamentario UDI declaró que “resulta indignante que los recursos de la cultura terminen en el financiamiento de vínculos con el terrorismo. Esto no puede dejarlo pasar el Gobierno. Y si es necesario pedir papel de antecedentes, se tendrá que hacer, porque no se puede estar financiando vínculos terroristas, ni menos estar jugando con la plata de todos los chilenos”, y solicitó la renuncia de la Ministra de Cultura, Paulina Urrutia, por las responsabilidades que tendría en la asignación de estos fondos.
Frente a esta petición pública, el vocero de Gobierno le recordó al parlamentario que la única que puede tomar esa decisión es la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Pero al parecer –y es lo que resulta más grave en todos estos dimes y diretes-, es que nadie les ha recordado a ambos que en nuestro país existen tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que en casos de esta naturaleza, sólo este último tiene el deber y el derecho de condenar o absolver a los imputados. ¿O es que acaso, si es que la documentalista resulta absuelta de los cargos que se le imputan, saldrán a dar disculpas públicas sobre lo que se ha dicho? ¿O serán los propios medios de comunicación los que publicarán ahora brevísimas líneas en que den cuenta del error en que se incurrió?
Con estos antecedentes, no resulta extraño que en el comunicado que preparó la Asociación de Documentalistas de Chile en conjunto con la organización de Trabajadores del Audiovisual y el Cine de la Araucanía (publicado el 15 de mayo en diversos sitios de internet) manifiesten su preocupación por “la suerte y el estado de Elena, debido a que el gobierno como varios medios de comunicación han condenado a priori a la realizadora”, cuestión que como ellos mismos señalan, “es la razón que nos mueve a informar y manifestar que la persona en cuestión sea tratada dignamente, con un proceso justo y transparente así como se asegure también un trato apropiado al material trabajo –en proceso– de lo que se está realizando”.
Y esto último tampoco es menor. Elena Varela López, fundadora de la Escuela de Todas las Artes, del Colectivo de Cine Ojo Film, de la Orquesta Sinfónica de niños de Panguipulli y de la Productora de cine Ojo Film, entre otros, –cuestión que, como es de esperar, no ha sido mencionada prácticamente en ningún medio de comunicación masivo– llevaba cuatro años investigando sobre el conflicto del pueblo mapuche con las Forestales y con el Estado, para dar forma al guión de “Newen Mapuche”.
Parte de este trabajo, que como ya se ha dicho trata sobre las demandas del pueblo mapuche en la región de la Araucanía y cuyo tráiler puede verse en el sitio web de la CORFO, había sido presentado en DocSantiago 2007 frente a un jurado compuesto por ejecutivos de canales de televisión y representantes del mundo documental de Europa. “En el guión presentado a todas las instancias nombradas anteriormente se puede comprobar que el rodaje contempla la realización de recreaciones de tomas de terreno, de manifestaciones y movilizaciones, que contemplaban en su ejecución armamento y vestuario de fantasía”, explicita el comunicado preparado por la Asociación de Documentalistas de Chile y la organización de Trabajadores del Audiovisual y el Cine de la Araucanía.
Pero la suerte que pueda estar corriendo este material no sólo preocupa a estas dos entidades. En una carta escrita por Elena Varela López, recientemente publicada en algunos sitios de Internet, la documentalista señala que “hoy día mis registros audiovisuales, que reúnen la acumulación de historias, testimonios y relatos realizados durante todos estos años han sido requisados por la Policía de Investigaciones, perdiendo mis materiales audiovisuales y exponiendo a muchos entrevistados que han relatado su experiencia, puntos de vista, testimonio e historias en estos documentales”, agregando más adelante en la misma misiva -dirigida a “Señores: Consejo de la Cultura (CNCA) y Fondo Audiovisual (CORFO)”-, que “apelo a su intervención en función de resguardar el material fílmico, la memoria de estos trabajos, el resguardo de sus actores sociales y mi libertad, porque me encuentro privada de todo derecho y expresión”.
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